El Gobierno 'ignora' a Torra y anuncia nuevas reuniones con el Govern

El Gobierno no se va a separar de su hoja de ruta por muchos discursos inflamados que pueda protagonizar Quim Torra y que supongan no quebrantar la legalidad. Continuará con su política de distensión, desplegando una "agenda de normalidad" con la Generalitat, "diseñada desde el marco constitucional". Y la prueba de que el diálogo sigue es que mañana, 6 de septiembre, la mano derecha del 'president', Elsa Artadi, viajará a Madrid para reunirse con el secretario de Estado de Política Territorial, Nacho Sánchez Amor, para poner en marcha las reuniones técnicas que el Ejecutivo y el Govern consensuaron reactivar el pasado 1 de agosto.

Fue el anuncio que solemnizó este miércoles la ministra Meritxell Batet en el Congreso, al que acudió para explicar la génesis y el desarrollo de esa cita, la de la comisión bilateral Generalitat-Estado de hace un mes. La dirigente catalana reconoció durante su comparecencia que "no fue fácil" confeccionar el orden del día —el Govern exigió hablar de presos y de autodeterminación—, que hubo "muchos desencuentros" y aspectos "mejorables", pero al menos el Ejecutivo de Torra asumió "ir más allá de sus reivindicaciones soberanistas" y entrar a discutir dentro del marco constitucional. Y eso, subrayó ante sus señorías, es un "cambio relevante tras años de exclusiva contestación de ese marco". En la relación con la Generalitat, apuntó, se ha iniciado pues una "agenda de normalidad", respetuosa con la Carta Magna, "una agenda abierta a reformas" y "atenta a los ciudadanos de Cataluña".

[Consulte aquí en PDF la intervención inicial de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, este miércoles en el Congreso]

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya tras la comisión bilateral Generalitat-Estado del pasado 1 de agosto, se quedó con ese mensaje: que pese a las proclamas de los independentistas, el Govern no se había levantado de la mesa ni ha manifestado aún que lo hará. Tampoco lo hizo ayer martes Torra. Por eso el Gobierno sigue manteniendo viva la llama del diálogo como única vía posible para "desenquistar" el conflicto en Cataluña. Y por eso celebra que ahora, tras la vuelta de las vacaciones de verano, se retomen las reuniones con la Generalitat para abordar cuestiones como los traspasos de competencias pendientes, el estado de las infraestructuras, la situación financiera de la comunidad o la reducción de la conflictividad ante el Tribunal Constitucional. Pasos ya programados.

Este jueves se reunirán en Madrid Elsa Artadi y el número dos de Batet para "poner al día la agenda" y dar paso a nuevos encuentros técnicos bilaterales

"Mañana mismo se celebra una primera reunión de trabajo entre el secretario de Estado de Política Territorial y la consejera de Presidencia de la Generalitat para poner al día la agenda y dar paso a las reuniones técnicas de examen de estos asuntos", anunció Batet en el transcurso de su comparecencia. Además, el viernes despacharán sus respectivos equipos, también en Madrid, para seguir avanzando en la preparación de los órganos mixtos. También en la primera quincena de septiembre se reunirán las comisiones de asuntos económicos y fiscales y la de infraestructuras. Uno de los asuntos a analizar es el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad, como el de prestación sanitaria universal en Cataluña, que el Gobierno entiende que ya no tiene sentido puesto que precisamente mañana jueves el pleno del Congreso convalidará, previsiblemente, el decreto ley de restitución de la sanidad universal.

Y es que en eso se tradujo la comisión bilateral: en la activación de "todos los canales de diálogo entre ambas partes", todas las comisiones y subcomisiones previstas en el Estatut. "Desde el Gobierno esperamos que este proceso, que sin duda planteará dificultades técnicas y políticas, pueda concluir en múltiples acuerdos que mejoren el funcionamiento del sistema autonómico, para Cataluña y para el resto de comunidades autónomas. Llegar a esos acuerdos requerirá un esfuerzo de lealtad y de flexibilidad por ambas partes".

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Sánchez y su equipo, y así lo recordó Batet, creen que el Gobierno de España ha estado ausente en Cataluña, cuando no es un Ejecutivo "ajeno o de visita en Cataluña", sino que "está en Cataluña y es de Cataluña". "Queremos recuperar un espacio y una presencia que el Estado, por unas u otras causas, ha ido perdiendo en el imaginario de una ciudadanía que en ocasiones se ha sentido abandonada por sus instituciones centrales", valoró.

Esfuerzo "recíproco"

El Gobierno proclama que está "dispuesto a seguir trabajando y abiendo puertas y tendiendo puentes", pero ese esfuerzo "debe ser recíproco", por parte del Govern pero también de todas las fuerzas parlamentarias, advirtió Batet. Porque la crisis catalana "sigue existiendo y no tiene una solución milagrosa", sí una salida de "trabajo constante y reiterado desde de la defensa política del modelo constitucional".

"Recuperar el diálogo significa escuchar aquello que preferiríamos no oír o que no existiera", dice la ministra, que repite las líneas rojas del Ejecutivo

La ministra subrayó que "dialogar es escuchar", también aquello que se "rechaza" o que no gusta. "Las palabras pueden ser hirientes en ocasiones. Y escuchar determinados argumentos puede ser hasta doloroso. Para mí personalmente lo es en muchas ocasiones", aseguró, aludiendo a muchas expresiones inflamadas de los independentistas, del propio 'president'. "Pero recuperar el diálogo significa escuchar aquello que preferiríamos no oír o que no existiera". Ello no implica, continuó, aceptar cuestiones que el Gobierno jamás asumirá, como la liberación de los presos del 'procés' o el derecho de autodeterminación. Batet cargó contra los separatistas por insistir en su agenda casi monográfica, pero también contra el PP por conferir "mayor resonancia y atención" a los planteamientos de los independentistas.

El debate, que discurrió en buen tono —solo al final el ambiente se calentó por las críticas al PP del portavoz socialista, Patxi López, replicadas de forma airada por la responsable de los conservadores en la comisión de Política Territorial, Alicia Sánchez-Camacho—, marchó sobre los derroteros previsibles. Los dirigentes de PDeCAT y ERC, Carles Campuzano y Joan Tardà, hicieron referencia a los "presos políticos y exiliados" y al referéndum.

Tardà: "Sería ingenuo o estúpido" que se impusiera la independencia al 50% que no la quiere: ERC rechaza así volver a la vía unilateral

Batet, en línea con lo reiterado incluso por Sánchez, insistió en que no cabe desde el Gobierno orientar la labor de la Fiscalía. El Ejecutivo, insistió, no tiene "incidencia ni capacidad de actuación en otro poder del Estado". "Tenemos criterio propio en lo que tenemos competencia", enfatizó, al tiempo que recordó que solo se puede hablar de procesados por el Supremo por haberse "saltado las leyes" en el otoño pasado y de "huidos" de la Justicia, porque España es reconocida internacionalmente como una 'full democracy', una democracia plena.

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Tardà, no obstante, expuso con sinceridad que ya no tiene sentido la vía unilateral: "Sería ingenuo o estúpido si algún independentista cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% que no es independentista, es evidente que está absolutamente equivocado".

Competencia de PP y Cs

La polémica de los lazos amarillos también afloró durante el debate, que se prolongó tres horas y media, hasta las dos de la tarde. Por partida doble. Tardà admitió que era una "anomalía fruto de otra anomalía", que era el encausamiento de los dirigentes independentistas, y Camacho, alertó del grave problema de convivencia que subyace. Batet ya había manifestado en su intervención inicial que en agosto había demandado a la Generalitat, en la comisión bilateral, la "neutralidad" de las instituciones y los espacios públicos —también que es necesario que el Parlament trabaje, porque no puede estar "cerrado" tres meses a cal y canto—, y aseguró que la dicotomía es clara: no es lo mismo usar los espacios de todos para expresar la libre opinión que "ocuparlos".

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PP y Ciudadanos compitieron en dureza y denunciaron la presunta "cesión" y "chantaje" de los independentistas al Ejecutivo como pago a su apoyo a la moción de censura. El portavoz naranja, José Manuel Villegas, urgió al Gobierno a que aplique el artículo 155 de la Constitución y, si se ve débil para hacerlo, que convoque elecciones. Camacho no llegó tan lejos, pero sí recalcó que el diálogo con el Govern es "imposible" y una "farsa", por "mucho voluntarismo" que Sánchez le ponga, ya que el nacionalismo no se saciará: solo le satisface, dijo, "la imposición". A ambos partidos Batet les respondió que ella comparte la "anormalidad" y "excepcionalidad" de la situación, pero les insistió en que constatarlo no es una salida. "¿Qué más? ¿Hacer cumplir la ley? Lo estamos haciendo [...]. Mantenerse en la confrontación no aporta una solución política [...]. El diálogo y la política es el único camino posible, con los límites que conocemos y que el Gobierno tiene muy claros, respeto a la legalidad y al Estado democrático y de derecho".

"Dialogar no es ceder", perseveró la ministra. Pero fue su compañero Patxi López quien pudo lanzarse más a la yugular tanto de los separatistas como de PP y Cs. A los primeros les dijo el exlendakari que "romper la neutralidad" no es "libertad", como tampoco lo es "homogeneizar" a los ciudadanos o "despreciar las leyes", porque todo eso es "más cercano a la tiranía que a la democracia". Y a los dos partidos de centroderecha López les insistió en que el PSOE tiene principios firmes, y por eso dialoga sin complejos. Si tan "a favor" está el PP del diálogo y de las bilaterales, ¿por qué no lo "practicó" Mariano Rajoy en su etapa en el poder?, ¿por qué cuando pactan los conservadores con los nacionalistas "se fortalece España" y si lo hace el PSOE es un "rompepatrias"?, interrogó a sus oponentes. López afeó a los populares que hagan "oposición" con las cuestiones "más sensibles", como Cataluña, la inmigración o los presos de ETA. "No todo vale en política", les reprochó, reclamándoles "lealtad".

Habrá recurso contra la apertura de 'embajadas' catalanas

El Gobierno anunció el pasado 23 de agosto la presentación de un recurso contencioso-administrativo (no ante el Tribunal Constitucional) contra la reapertura de las 'embajadas' de la Generalitat en un total de siete países (Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia) por no reunirse las condiciones que estable la ley vigente para la creación de delegaciones de las comunidades en el exterior. Ese recurso sigue adelante, pese a las quejas de las formaciones independentistas. 

Fue el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Josep Borrell, el que hizo el anuncio de la impugnación contra el decreto 126/2018 de la Generalitat, de 26 de junio, por el que restablecieron varias delegaciones del Govern en el extranjero.

El Gobierno asegura que no hay problema con el fondo del decreto, pero sí con las formas empleadas por la Generalitat, y es que el artículo 12 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción del Servicio Exterior del Estado impone que antes de crear delegaciones autonómicas fuera de España, el Ejecutivo regional concernido ha de comunicarlo al Gobierno de España, trámite que la Generalitat no había cumplido con suficiente antelación. Lo hizo 24 horas antes de la adopción del decreto, sin tiempo para que Exteriores emitiera sus informes. La Generalitat alegó que se trataba de una reapertura de las 'embajadas' cerradas al amparo del artículo 155 de la Constitución. 

En la comisión de este miércoles, Joan Tardà (ERC) pidió la retirada del contencioso porque supone "poner arena en los cojinetes", cuando lo que conviene es "poner grasas" para desenquistar el conflicto catalán. Sin embargo, el Gobierno no cederá. 

El Ejecutivo sí retirará, como estaba previsto, el recurso ante el TC contra la ley catalana que universaliza la sanidad. Entiende que ahora tiene más sentido que nunca, puesto que La Moncloa emite en la misma longitud de onda y, de hecho, mañana en el Congreso se procederá a la convalidación del real decreto ley que restituye la sanidad universal en toda España. El PDeCAT advirtió a la ministra Meritxell Batet de que no lo apoyará si no hay un compromiso "claro" del Gobierno de retirada de ese recurso contra la norma catalana.