El Gobierno encaja su primera gran derrota menos de dos meses después de la moción

Pedro Sánchez logró trabar en tiempo récord una mayoría de censura. Pero no disponía, ni dispone, de una mayoría de gobierno. En menos de dos meses sus aliados, salvo el PNV, le enviaron un primer aviso. Sin consecuencias prácticas insalvables, pero sí de enorme carácter simbólico. Le tumbaron, de manera "incomprensible" e "ilógica", a juicio del Ejecutivo, una senda de déficit más expansiva. Sin conmiseración, dejando al descubierto su extrema debilidad parlamentaria. Sus 84 escaños. Pero ninguno ahogó porque ninguno anticipó que no vaya a respaldar los Presupuestos. Esa será la siguiente batalla, la importante.

El Gobierno se daba este viernes un gélido baño de realidad a los 55 días de que Sánchez tomara posesión como presidente. Comprobó que cada sesión en las Cortes será un viacrucis y tendrá que sudar por cada apoyo. Pero, lejos de acusar la "debilidad", buscó rearmarse. Salió en tromba contra PP y Ciudadanos, por un lado, y contra Unidos Podemos y los independentistas, haciéndoles responsables de que comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social no dispongan de los 6.000 millones más de margen que Bruselas autorizó para 2019. Buscó un potente despliegue de acción ejecutiva —restitución de la sanidad universal, plan director contra la explotación laboral, la mayor oferta de empleo público en una década— para demostrar "fortaleza". Para contrarrestar la imagen de la derrota en el Congreso. Los 173 votos en contra de su marco de estabilidad y las 86 abstenciones, frente a los solitarios 88 apoyos (los de PSOE y PNV).

Números demoledores que presagian una dura negociación de los Presupuestos del año próximo, la votación que, en buena medida, podrá marcar un antes y un después en la estabilidad de la legislatura y del joven Gobierno socialista, y la que puede reanimar la especulación de la convocatoria anticipada de elecciones que Sánchez no quiere pero cuyo relato los socialistas han empezado a tejer. El mensaje es evidente: el Ejecutivo es "firme", son otros los que no han entendido la pulsión de "cambio" en la calle y los que deberán "explicar" por qué la impiden, por qué cortan las alas al presidente.

El Ejecutivo despliega la ofensiva contra los grupos por torpedear el margen de los 6.000 millones y le emplazan a que "expliquen" por qué lo rechazan

El aviso se repitió por tierra, mar y aire. Que salgan y lo cuenten. Que digan por qué, que expliquen por qué necesitan "mantener" la "incomodidad y el sufrimiento de los españoles en comunidades que necesitan una pequeña escuela, un dispensario de salud, una ayuda contra la pobreza energética, una carretera". El Ejecutivo quería traducir esa suavización de la senda de corrección del déficit permitida por Bruselas a lo pequeño, el impacto en la "vida cotidiana de millones de ciudadanos", en palabras de su portavoz, Isabel Celaá. El Gobierno quería subrayar el "excesivo dogmatismo" y el "cálculo electoralista" de las fuerzas políticas, la "pura inflexibilidad ideológica de unos y otros" que, a la postre, ha privado de unos 2.400 millones de euros a las CCAA, de otros 2.400 a las arcas de la Seguridad Social y de otros 1.200 al Estado.

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"Golpear el bienestar de los ciudadanos"

"La irresponsabilidad de algunos partidos les ha llevado hoy a decir no a la reconstrucción del Estado del bienestar —escribía Sánchez en Twitter—. El Gobierno seguirá trabajando. Ellos tendrán que explicarlo". Más tarde, el presidente, tras una cumbre sobre interconexiones energéticas en Lisboa, remarcaba la misma línea argumental. "Entiendo que la oposición tiene que buscar elementos para desgastar al Gobierno. Entra dentro del juego político y parlamentario. Pero es un error buscar elementos de desgaste a costa de golpear el bienestar de los ciudadanos, y bloquear el crecimiento de las inversiones en educación, sanidad, dependencia... No se me ocurre ningún argumento que pueda convencer a la ciudadanía", lamentó.

La votación visualiza la fragilidad y el abandono de los socios de la moción. Los grupos dicen que no se ha negociado y que el techo es insuficiente

La ofensiva del Ejecutivo pretendía mitigar el dolor por la inapelable derrota parlamentaria. Un pulso que no estaba perdido de antemano. En la noche del jueves, como informó este diario, el Gobierno había encarrilado las conversaciones con el Govern de la Generalitat. ERC y PDeCAT se habían anclado en la abstención, que por sí misma no era suficiente, si bien fuentes neoconvergentes del Congreso confesaban que el voto a favor sí estuvo encima de la mesa, que las conversaciones habían ido bien. "Pero todos nos mirábamos de reojo", decía un diputado, aludiendo a que las fuerzas secesionistas observaban los movimientos de Unidos Podemos-Compromís, y a la inversa. La vicepresidenta, Carmen Calvo, había ofrecido la aprobación de un real decreto ley para revertir el previsible bloqueo del Senado, Cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta.

El propio Gobierno advertía horas antes de la votación que las negociaciones se habían atascado en los morados, quienes consideraban que el techo de gasto propuesto por Hacienda —125.064 millones de euros para 2019, un 4,4% más que el ejercicio anterior—, pese a que no se votaba por el pleno, era insuficiente y no servía para paliar los recortes. Unidos Podemos se descolgó a primera hora de la mañana del viernes, y después ERC y PDeCAT se vieron arrastradas y solemnizaron su abstención. El plan diseñado por el Ejecutivo descarrilaba. "Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permitan eliminar los recortes", replicaba desde la tribuna la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de intentar poner a los grupos frente a su espejo a lo largo de tres duras intervenciones.

La constatación de la fragilidad parlamentaria del PSOE reabrió el fantasma del adelanto electoral. La propia Celaá advertía el martes de que "nadie" en el Ejecutivo se plantea "resistir más allá de lo razonable", porque "sería absurdo". No mentía. Otros miembros del Ejecutivo admiten que Sánchez no aguantará a cualquier precio, y que las elecciones pueden llegar "en cualquier momento". Tal vez en otoño, si Hacienda no saca adelante unos Presupuestos que con seguridad llevará a la Cámara, o tal vez en la primavera de 2019, o tal vez con el 'superdomingo' del 26 de mayo, con las autonómicas, municipales y europeas. O tal vez en el otoño de 2019. Pese a que todos los escenarios están abiertos, el Ejecutivo ha intentado desde el martes cerrar esa fuga.

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"No va a haber adelanto electoral y sí Presupuestos", intentaba zanjar Calvo el miércoles. Un día más tarde, Sánchez insistía, tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en que generales habrá "en tiempo y forma", cuando tocan, en 2020, porque esa es la "voluntad" del Ejecutivo. "Vamos a persistir. Vamos a continuar", subrayó Celaá ayer, corrigiéndose a sí misma. "No reconocemos ninguna situación de debilidad, sinceramente —añadía—. El Gobierno mantiene su curso, tiene voluntad y vocación de agotar la legislatura".

Sánchez promete que habrá proyecto de PGE: "Lo vamos a hacer. Este Gobierno quiere cambiar las cosas, quiere transformar la realidad en España"

Ese mismo relato se escuchaba en privado en el Gabinete y en el PSOE. Algunos dirigentes reconocían que la imagen proyectada por el Congreso no era positiva. Pero le quitaban hierro. Por varios motivos. Primero, porque poco antes el Gobierno había logrado salvar la votación de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, logrando poner fin a la etapa negra de "manipulación y censura" denunciada por la plantilla y por todos los grupos, salvo el PP. En segundo lugar, porque el Consejo de Ministras y Ministros aprobó un paquete de reformas muy ambicioso (sanidad universal, plan contra la precariedad laboral, 30.844 plazas de empleo público en todo 2018).

Y tres, porque el Ejecutivo sigue "firme" en su propósito de elaborar unos Presupuestos que marquen la diferencia con las políticas del PP, que supongan la "reconstrucción del Estado del bienestar" y la consolidación del crecimiento económico. "Con esta senda o la anterior [la del Ejecutivo del PP], lo vamos a hacer, porque este Gobierno quiere cambiar las cosas, quiere transformar la realidad en España y quiere consolidar lo mucho bueno que tiene España en términos de crecimiento y creación de empleo", verbalizó Sánchez desde Lisboa.

Hacienda, de hecho, según anunció Montero, comenzará a trabajar desde ya en la redacción de las cuentas de 2019, y en un mes volverá a llevar a las Cortes la misma senda de déficit para el periodo 2019-2021, los 6.000 millones extra para el próximo año. La ministra confía en que los grupos "recapaciten" y la aprueben a la segunda. Puede que el marco se estrelle otra vez, pero el Ejecutivo tiene a su favor que, como ya estará elaborando los PGE, puede negociar con las fuerzas políticas sobre partidas e inversiones reales —ahora no había margen, eran los objetivos pactados con Bruselas—. También cabría la opción de variar el reparto de esas cinco décimas de oxígeno, siendo más generoso con las CCAA, aunque esta opción es más "improbable".

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La "presión atmosférica" en Cataluña

El problema que puede encontrarse Sánchez es que para cuando lleve las cuentas al Congreso lo previsible es que la inflamación independentista haya crecido, y el juicio del 'procés' o en marcha o muy próximo en el tiempo. Esa "presión atmosférica" en Cataluña puede hacer imposible todo acercamiento al PDeCAT y ERC, reconocían fuentes neoconvergentes. Ellos no quieren nuevas generales. Tampoco Unidos Podemos. Pero el aviso está ahí: los socios de la moción de censura se lamentaban de la falta de "negociación" del equipo de Sánchez, de la ausencia de "modestia", de no tener cintura. En ellos también pesaba que apoyar al Gobierno les suponía un desgaste por abdicar de sus principios sin que tuviera réditos, dado el veto seguro del Senado por la voluntad del PP de Pablo Casado.

"Si nos apoyan, venderemos gestión. Si nos torpedean, venderemos lo que haríamos. Cuando haya que votar todo eso contará", dice un dirigente

"La imagen de debilidad es lo de menos —señalaba un importante mando de la dirección socialista—. Lo importante es que los españoles están comprobando cómo hay un partido que quiere gobernar en beneficio de la mayoría social. Y que otros se dedican a buscar el sitio perdido. Aunque no lo crean eso les llevará a recibir el rechazo de la sociedad. Lo contrario de lo que pretenden".

La misma fuente añade esta clave: "La llegada al Gobierno es un movimiento que cubre todos los flancos. Si nos apoyan, venderemos gestión. Si nos torpedean, venderemos lo que haríamos si no se dedicasen a impedirlo. Cuando haya que votar todo eso contará. No tiene coste para nosotros no sacar los PGE si es porque otros no los apoyan. Perderemos muchas votaciones en el Congreso. Pero eso a los ciudadanos no les importa tanto. Les importa que hay un Gobierno decente que intenta hacer cosas por la ciudadanía y unos obstaculizadores de esa labor por partidismo barato. Lo pagarán caro". Esa misma idea, esa apelación al cuerpo electoral, la expresaba de forma más sutil Celaá: "Hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político como para poder saber si efectivamente un acuerdo presupuestario mejorará la condición de los ciudadanos".

El PSOE, pues, explotará la oposición de "las dos derechas" y el interés de "las izquierdas dogmáticas" por erosionar al Ejecutivo, insisten fuentes de la Moncloa. "El Gobierno tiene el número de diputados que tiene desde que llegó —recordaba Montero en los pasillos de la Cámara tras fracasar en la votación—. Lo que da fortaleza a un Gobierno es ser capaces cada día de luchar, de batallar, por la recuperación, por la defensa del bienestar y la justicia social". Sánchez no quiere elecciones ahora, aunque tenga esa carta siempre a su disposición, pero no desea que se olvide que son otros, no los suyos, los que no le permiten gobernar y devolver lo arrebatado por la crisis a los españoles. El Ejecutivo se rearma tras el varapalo y la ducha fría de la primera gran derrota parlamentaria.

En el círculo del presidente estudian y trabajan por semanas. La que acaba no ha sido positiva. Pero el cielo se puede abrir en la siguiente. O eso confían. Al menos ya no habrá plenos hasta, teóricamente, dentro de un mes.

El triple paquete del Consejo de Ministros: sanidad universal, empleo público y plan por el trabajo digno

El Consejo de Ministras y Ministros de este viernes aprobó finalmente el real decreto ley por el que se restituye la sanidad universal, derecho arrebatado por el Gobierno del PP en 2012. La normativa "reconoce el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España", y también garantiza el derecho a todos colectivos excluidos por el PP en 2012, entre ellos, los inmigrantes irregulares. El real decreto liga la atención al concepto de ciudadanía y no al de asegurado. 

"Una sociedad justa no deja a nadie atrás", remarcó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, quien ha cumplido su compromiso de restituir la sanidad universal antes de las vacaciones de verano. El decreto "viene a armonizar y a dar cohesión al Sistema Nacional de Salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y que da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales y a las administraciones públicas".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se encargó de explicar la otra gran medida estrella de este viernes: la convocatoria de 30.844 plazas en la Administración General del Estado en todo 2018, lo que supondrá la mayor oferta de empleo público de toda una década y la que implica la creación de mayor empleo neto desde 2009: 1.909 puestos de trabajo nuevos (un 58% más que en 2017). 

En abril, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya convocó 7.688 plazas, y ahora el nuevo Gabinete socialista oferta un total de 23.156. De ellas, 17.299 son de empleo ordinario (11.095 de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna). 323 corresponden a una oferta de empleo extraordinario, para la atención de asilados y refugiados. 

⚪El Gobierno aprueba la mayor Oferta de Empleo Público. Más de 30.800 plazas para 2018: 7.688 convocadas en abril y otras 23.156 que se han aprobado hoy en el #CMin. #OEP2018 pic.twitter.com/oB7aXoCRrR

 

Las tasas de reposición son del 115% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del 100% en los sectores prioritarios y del 75% en el resto, y se ha añadido un 5% en ciertos sectores de la Administración, informa EFE. 

La tercera pata de este Consejo es la aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, por el que el Gobierno dotará con 30 millones más a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta 2020 (15 en 2019 y 15 en 2020) para luchar contra el fraude laboral y fiscal. También reforzará su plantilla con 833 nuevos inspectores y subinspectores.

Lo anunció la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien resaltó el aumento de un 10% de la dotación para la inspección de trabajo. Se incrementará la plantilla total un 23%, hasta los 2.709 funcionarios. 

⚪El #CMin aprueba un Plan Director para luchar contra la precariedad, mejorar la calidad del #empleo y recuperar derechos laborales. 30 millones más de presupuesto y un refuerzo del 23% de la plantilla para perseguir el fraude. #TrabajoDigno pic.twitter.com/2xuAt19InV

 

Por otro lado, el Ejecutivo da por finiquitado el caso de las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del Rey emérito, por mucho que la causa se haya abierto en los tribunales. El Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, el pasado miércoles en el Congreso. "Esto ha concluido". Y sobre la petición de Unidos Podemos de abrir una comisión de investigación sobre las actividades del rey Juan Carlos, señaló que "ahora corresponde al resto de grupos dentro del ámbito parlamentario tomar sus decisiones al respecto".