COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno abre la puerta a volver a vender bombas a Arabia tras la revuelta andaluza

El Ejecutivo advierte de que el anuncio de Defensa de paralizar la venta de armas de precisión a Riad fue una "declaración de intenciones" que aún no ha sido formalizada

Foto: La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este 7 de septiembre en la Moncloa. (EFE)
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este 7 de septiembre en la Moncloa. (EFE)

Al final, puede que no haya paralización de la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. El Gobierno abrió la puerta este viernes, de forma clarísima, a que la decisión que anunció el Ministerio de Defensa de que iniciaría los trámites para cancelar el contrato suscrito con el país del Golfo, por un importe de 9,2 millones de euros, sea revertida. Puerta abierta por tanto a la rectificación que llega tras la revuelta de los trabajadores de los astilleros de Navantia de la bahía de Cádiz, que temían que pudiera romperse otro contrato, y mucho más relevante (1.813 millones de euros), de construcción de cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí.

La cuestión de la polémica venta de armas a Riad colonizó buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros de este viernes. Máxime cuando la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, puso el grito en el cielo este viernes y advirtió de que los contratos de Navantia deben "garantizarse y mantenerse". Un aviso muy relevante ahora, porque su pacto de investidura con Ciudadanos ya se ha roto y Andalucía está a las puertas de unas autonómicas en las que Díaz se juega su continuidad en el Gobierno en un feudo básico para el PSOE.

Durante la comparecencia, la ministra portavoz, Isabel Celaá, insistió en que el Ejecutivo trabaja con el propósito de "mantener las buenas relaciones" con Arabia, defender los contratos de Navantia en la bahía de Cádiz y dar tranquilidad a sus trabajadores. Es decir, que se busca que los astilleros preserven su "carga de trabajo" actual.

"No creo que exista una crisis diplomática, puede haber un intercambio de opinión y alguna discrepancia que se resolverá", afirma Celaá


Ello dio pie a la pregunta de si el Gobierno rectificaría en su propósito de paralizar la venta a Arabia de 400 bombas de precisión láser pertenecientes al Ejército español (pero de fabricación estadounidense) para atacar Yemen. La decisión fue adelantada por la SER y dada posteriormente por buena por el Ministerio de Defensa. Celaá abrió la puerta a ese paso atrás y se aferró a las conclusiones y acuerdos a los que llegue la Junta Interministerial reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), que integran varios departamentos del Ejecutivo (Defensa, Industria, Exteriores, Interior...).

El Gobierno abre la puerta a volver a vender bombas a Arabia tras la revuelta andaluza

Hay que esperar

Fuentes del Gobierno aseguraron tras la comparecencia que lo expresado por el ministerio que conduce Margarita Robles de cancelar ese contrato de 9,2 millones suscrito por su antecesor, Pedro Morenés, era una "declaración de intenciones", pero que aún no estaba formalizada, pues es la JIMDDU la que adopta las decisiones. En suma, que está por ver que se llegue finalmente a la paralización de la adjudicación.

Fotografía facilitada por el comité de empresa de Navantia. (EFE)
Fotografía facilitada por el comité de empresa de Navantia. (EFE)

Celaá fue preguntada en varias ocasiones si España había recibido amenazas o advertencias por parte de Arabia Saudí. Lo cierto es que los trabajadores de Navantia habían vivido esta última semana acongojados por la posibilidad de que se rompiese el contrato de las cinco corbetas. La ministra subrayó que no cree que exista una "crisis diplomática" con Riad, aunque sí un "intercambio de opiniones y algunas discrepancias" que se "resolverán".

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Celaá en todo momento se remitió al compromiso del Gobierno por mantener buenas relaciones con Arabia, garantizar los contratos y lanzar un "mensaje de tranquilidad" para los 6.000 puestos de trabajo en juego en la bahía y a la Junta. "Se trabaja para llegar a una resolución satisfactoria para todas las partes". Los empleados de Navantia, remachó, han de saber que tienen al Gobierno "con ellos".

[Estadística de la exportación de material de defensa en 2017]

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, que este viernes dio cuentas en el Congreso del informe de venta de armas en 2017 (con el Gobierno del PP, por tanto), señaló que hasta donde ella sabía, "el contrato [de las corbetas] sigue vigente y la fabricación sigue adelante". "Somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1.813 millones de euros y que genera cerca de 6.000 empleos", destacó Méndez, que explicó que ayer jueves se puso en contacto con responsables de Navantia, y estos le dijeron que la adjudicación seguía en pie, informa EFE. La secretaria de Estado de Comercio es la que, al menos hasta ahora, presidía la JIMDDU.

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A falta de la Ley de Estabilidad

Celaá, que compareció este viernes acompañada de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, también se refirió a la entrevista que ayer mantuvieron en la Moncloa el presidente, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias. Valoración "positiva" del encuentro, pero sin concreción aún de las medidas fiscales que se pactarán. La titular de Educación insistió en que el compromiso del Gobierno de no cargar más a las clases medias y trabajadoras se mantiene y que lo que se persigue con los nuevos Presupuestos es una "sociedad justa", un reparto más igualitario de los impuestos.

El Ejecutivo valora de manera "muy negativa" el bloqueo de PP y Cs a su reforma de la ley, y busca alternativas para sacarla adelante con urgencia

El primer escollo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís ya registraron la proposición de ley la semana pasada para desproveer al Senado de la capacidad de vetar la senda de déficit. Querían que se tramitara de forma urgente y por lectura única, para acortar los plazos de tramitación al máximo.

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Pero PP y Ciudadanos lo impidieron en la reunión de la Mesa del Congreso del martes pasado, gracias a su mayoría en el órgano. El Ejecutivo valora de manera "muy negativa" ese bloqueo, máxime cuando los letrados sí dieron el visto bueno a esa tramitación exprés. Podemos insiste en que se buscarán todas las vías posibles para cambiar la Ley de Estabilidad. Celaá dijo que el Congreso será el que busque las fórmulas alternativas una vez la proposición de ley sea tomada en consideración por el pleno, y eso ocurrirá en la semana del 17 de septiembre.

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Una ley para garantizar a los niños crecer "de manera plena y sin violencia"

El Ejecutivo estudió el informe del anteproyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, presentado por la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Este documento persigue "la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno".

La responsable de Sanidad aseguró que a partir de ahora comienza un proceso de diálogo con otros departamentos del Gobierno, con las comunidades autónomas, profesionales, la Fiscalía de Menores, asociaciones y entidades. Se tendrá en cuenta lo recogido en la Convención de los Derechos del Niño y también se tendrá en cuenta la opinión de los menores. 

La previsión es que el proyecto de ley se envíe al Congreso "en el segundo trimestre de 2019". La nueva norma incluirá el abuso sexual y las nuevas formas de acoso ejercida en redes sociales. El texto acogerá la definición de violencia y desplegará medidas específicas para los menores más vulnerables, las niñas, los menores extranjeros no acompañados (MENA), los discapacitados o los LGTBI. 

Habrá asimismo un "registro unificado" de menores víctimas para "concienciar sobre la magnitud del problema y conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos". El objetivo es "actuar de forma más eficaz y contundente" desde todos los niveles y en todos los ámbitos para asegurar una infancia "plena y feliz" a los chavales y garantizar "el libre desarrollo de su personalidad". 

Se trata, por tanto, de que España cuente con una ley integral para proteger a los niños, asegurar su "derecho fundamental a crecer de manera plena y feliz y sin violencia". El trámite de consulta pública en la web se prolongará hasta el 17 de septiembre, pero antes, el día 12, se reunirá el pleno del Observatorio de la Infancia en el que se van a materializar esas ideas. 

El Consejo de Ministras y Ministros también aprobó la creación de un comité de expertos para analizar el cambio de hora en España. Un grupo que integrarán 14 personas y su informe será remitido a la vicepresidenta, Carmen Calvo. La comisión, como ya anunció Pedro Sánchez, se encargará de evaluar los costes de la medida (en particular, los que incidan en la eficiencia energética y económica) y los beneficios (impacto sobre la salud y sobre la igualdad de mujeres y hombres). España, aunque se halla en el área geográfica de Europa Occidental (UTC), adoptó el huso horario de Europa central (UTC+1) en pleno franquismo, por orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de marzo de 1940.

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