El BOE publica el decreto ley para llevar a cabo la exhumación de Franco

El Gobierno se quiere apretar bien los machos con la exhumación de Francisco Franco. Se ha comprobado en estos dos meses no de dudas sobre la decisión, sino de búsqueda de todo tipo de garantías jurídicas. También en la argumentación de los últimos días y la proporcionada ayer viernes por la vicepresidenta, Carmen Calvo, cuando explicó la aprobación, por el Consejo de Ministras y Ministros, del histórico real decreto ley que posibilitará la salida del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos. Y se percibe en la literalidad de ese real decreto ley, el 10/2018, que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor mañana domingo. El Ejecutivo aporta numerosas razones, políticas y jurídicas —sostenidas por sentencias del Tribunal Constitucional—, para argumentar la "extraordinaria y urgente necesidad" del desenterramiento del general 43 años después de su muerte. Una urgencia que no comparte la oposición conservadora del Parlamento.

El real decreto ley, sancionado (como todos) por el Rey, modifica dos preceptos de la ley 52/2007, de Memoria Histórica. Primero, añade un apartado 3 al artículo 16, para establecer que en el Valle de los Caídos "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". Esa es la justificación para que Franco salga del mausoleo: él murió el 20 de noviembre de 1975 en la cama, y no fue un caído de la contienda, como sí lo fue José Antonio Primo de Rivera, que más adelante será trasladado a un lugar no preeminente de la basílica.

"La presencia de los restos de Franco" en el Valle "dificulta" cumplir el mandato de no exaltación del franquismo y de rendir tributo "a todas las víctimas"

"La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal [de la ley de 2007, la impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero] de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda", explica el Gobierno en la larga exposición de motivos. Asimismo, se "consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas".

El decreto, que será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes, también modifica la disposición adicional sexta de la norma de 2007 para especificar el procedimiento administrativo que habrá de seguirse para desenterrarse a Franco. Un proceso que arrancará la próxima semana, con la incoación del expediente administrativo, momento a partir del cual la familia tendrá 15 días para alegar. En caso de que los descendientes del dictador no faciliten nada las cosas, será el Gobierno quien decida dónde se inhuman los restos, si bien este mismo sábado el nieto varón mayor, Francis Franco, anunciaba en 'La Razón' que la familia sí asumirá el cadáver, que no sería enterrado en el panteón de El Pardo porque allí no hay "seguridad". El Ejecutivo calcula, según dijo ayer Calvo, que la salida de Franco del Valle de los Caídos puede llegar antes de final de año.

El mandato parlamentario de 2017

El texto del real decreto ley se detiene bastante en la explicación de por qué ahora es necesario sacar al dictador de la basílica. El Gobierno señala, primero, que los poderes públicos han de atender "el sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de derecho consolidado".

La prueba de ese consenso, sigue, está en la proposición no de ley aprobada por el Congreso el 11 de mayo de 2017 por 198 votos a favor, 140 abstenciones y solo un voto en contra (y por error), moción socialista en la que se instaba a "afrontar, de forma decidida y urgente", las recomendaciones expresadas por la comisión de expertos reclutada por el ministro Ramón Jáuregui en 2011, y en particular, dar cumplimiento "preferente" a la exhumación de Franco. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, pues, resulta "manifiesto" que el mandato de la Cámara Baja "debe cumplirse a la mayor brevedad".

El Ejecutivo se apoya en la moción del año pasado, los informes de la ONU y las facultades que el Constitucional reconoce al Gobierno

Además, esa "extraordinaria y urgente necesidad de la reforma legal" viene "apoyada y avalada" por la "perentoria exigencia de dar cumplimiento a los reiterados requerimientos de Naciones Unidas que, en los últimos años, ha venido requiriendo al Estado español para que dé cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática".

El Ejecutivo cita el informe emitido en julio de 2014 por el grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas, en el que lamentaba que no se hubieran implementado las medidas de los expertos respecto a la retirada de los restos de Franco del mausoleo fascista. El decreto ley cita también un informe del mismo julio de 2014 de Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, en el que ligaba la presencia del dictador en el Valle con la "exaltación del franquismo y con las dificultades de consagrarlo como lugar en favor de la paz y la reconciliación".

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Todos estos motivos, dice el texto, habilitan al Gobierno para aprobar el decreto ley "dentro del margen de apreciación" que este tiene, como "órgano de dirección política del Estado", para estimar si concurre la urgencia que la Constitución exige a la hora de alumbrar este tipo de disposiciones. Y para ello cita varias sentencias del Constitucional de los últimos años. Además, que el Gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, no hubiera dado cumplimiento al mandato parlamentario o que durante 43 años se haya tolerado que los restos del dictador descansen en el Valle "no es óbice" para que el Ejecutivo proceda a impulsar la exhumación por la vía de la legislación de urgencia. De nuevo, más citas a resoluciones recientes del TC. El Gobierno adelanta así los fundamentos jurídicos de su decreto ley ante la previsión anunciada por el PP de que lo impugnará.

La familia sí se hará cargo de los restos del dictador. La Iglesia avanza que acatará la ley aunque no haya acuerdo del Gobierno y los nietos

El real decreto ley describe el procedimiento seguido a partir de ahora a fin de que la exhumación de Franco revista las "condiciones adecuadas de dignidad y respeto". El primer paso llegará el viernes próximo, 31 de agosto, cuando el Consejo de Ministras y Ministros acuerde la incoación del procedimiento administrativo, que será tutelada por el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado. Entonces se dará un plazo de 15 días a la familia para que se personen en el proceso y presenen sus alegaciones. "En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura".

Una vez transcurrido este último plazo, un nuevo Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. Justicia remitirá al ayuntamiento el proyecto para llevar a cabo la exhubación y para su tramitación con arreglo a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Asimismo, se solicitará informe no vinculante al órgano de la comunidad autónoma afectada competente en sanidad morturaria, que deberá ser emitido en un mes máximo. Cumplidos estos pasos, se dará traslado a los familiares para que, "en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno". Y transcurrido ese plazo, el Consejo de Ministros resolverá finalmente sobre la exhumación y el traslado, con indicación de dónde se sepultan de nuevo los restos. El plazo de caducidad del procedimiento será de 12 meses a contar desde el momento de la apertura del expediente.

[Consulte aquí en PDF el procedimiento de exhumación de Franco]

Dos incógnitas se han despejado en las últimas horas. Una, que los descendientes, aunque se oponen a la salida del dictador del Valle, sí se harán cargo de sus restos porque no quiere dejarlos "en manos del Gobierno", y que no ordenarán su reinhumación en el panteón familiar de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo. Allí yace la esposa del general, Carmen Polo. Francis Franco llama a no hacer "apuestas" sobre el nuevo lugar de enterramiento. "Donde ella [Carmen Polo] está enterrada no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla", afirma en 'La Razón'.

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Segunda duda resuelta: la Iglesia no pondrá obstáculos a la exhumación. En un comunicado lanzado ayer viernes por la Archidiócesis de Madrid, los obispos vuelven a invocar "la oportunidad de un acuerdo entre el Gobierno, las distintas opciones políticas y la familia del finado". Pero añade, y esto es lo importante: "Sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo". El Gabinete de Sánchez estaba muy tranquilo respecto al comportamiento de la Iglesia, porque ya la había sondeado en las últimas semanas y tenía su beneplácito. Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, como el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, sintonizan con la nueva doctrina pactista del papa Francisco. Y el Vaticano no iba a dar problemas, y no los dará.