PP y Cs critican el "decretazo" de Franco pero su abstención permitirá la exhumación

Los 32 diputados de Ciudadanos se abstendrán en la convalidación del decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará finalmente este viernes en el primer Consejo de Ministros del mes de agosto sacar al dictador del Valle de los Caídos. Y lo hará a través de esta fórmula jurídica, reservada a situaciones de "extrema urgencia y necesidad", provocando críticas en algunos de los principales partidos de la oposición como PP y la formación de Rivera. Ambas consideran que "unos huesos no son la prioridad para los españoles", aunque todos sus parlamentarios se abstendrán en la votación en la Cámara que se poducirá en las próximas semanas, permitiendo que salga adelante.

El líder naranja, que no quiso confirmar el sentido del voto de su grupo en una entrevista concedida a Onda Cero, aseguró que su partido "no apoyará la convalidación", dado que "después de 40 años de democracia" no se puede tildar este asunto de "urgente", poniendo en duda que se pueda justificar un decreto de esta naturaleza a tal efecto. Sin embargo, fuentes de la formación confirman a este diario que los diputados naranjas optarán por la abstención y no votarán en contra. En todo caso, el partido naranja sí insiste en que "esperará" a conocer el contenido del decreto ley, asegurando que "si hubiera sido un proyecto para El Valle de los Caídos como monumento a la reconciliación, incluida la exhumación de Franco que es lo que defiende Cs" votarían a favor.

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En esa misma línea se mueve el PP de Pablo Casado, que asegura esperará a conocer el texto a fondo para fijar una posición, aunque todo indica a que se abstendrán. En todo caso, el diputado y secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ya ha anunciado que se plantean recurrir este decreto ley y "todos" los que el Ejecutivo apruebe para gobernar y no estén justificados en términos de urgencia. Estas críticas coinciden, tal y como publica hoy este diario, con que el arranque del Gobierno de Sánchez supera ya en decretazos a Rajoy y Zapatero, y se igualará este viernes al de Aznar precisamente con el relativo a la exhumación de Franco.

El Gobierno se garantiza la convalidación

Como ya publicó este diario, el Ejecutivo en cambio siempre consideró que esta fórmula era la más adecuada porque conllevará el aval del Congreso de los Diputados—lo que le dará más empaque a la decisión— y, al mismo tiempo, la blindará frente a eventuales recursos de la familia del dictador, dado que no podrán impugnar la ley. En todo caso, los restos mortales de Franco no saldrán del Valle de los Caídos, como mínimo, hasta octubre porque el proceso que se iniciará este viernes es solo el primer trámite.

Lo que el Ejecutivo de Sánchez sí tenía claro desde el principio es que no sufriría para la convalidación (que debe hacerse en un plazo de 30 días) porque la mayor parte de grupos que apoyaron la moción de censura —PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, Nueva Canarias y Bildu— votarán a favor seguro, y daban por hecho que Ciudadanos se mantendría en lo que dijo hace un año. Los socialistas considera que si la formación de Rivera cambia su voto o el PP pasa directamente al no, tendrían la ocasión perfecta para ubicar a ambas formaciones en la derecha más extrema. En realidad y pese a las declaraciones de Rivera de esta mañana, el partido centrista nunca ha defendido una postura contraria a sacar los restos de Franco, aunque siempre han insistido en que no era un asunto urgente.

En previsión de que a la izquierda de la Cámara le parezca insuficiente un decreto consagrado únicamente a la exhumación de Franco —ERC se abstendrá, por ejemplo, porque ya avisó al Gobierno de que solo la apoyaría si anulaba también las sentencias del franquismo— el Ejecutivo ya adelantó que está "abierto a escuchar" y a reformar la Ley de Memoria de 2007. De hecho, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ya avanzó que su intención era una revisión integral de la norma que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, pero esa modificación se haría posteriormente. Es decir, que lo primero que quiere acometer es la salida del dictador del Valle de los Caídos y, más tarde, cambiar la ley para resignificar Cuelgamuros y hacer de él un monumento a la reconciliación de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, promover la apertura de las fosas comunes, crear una Comisión de la Verdad, recolocar a José Antonio o ilegalizar aquellas entidades que hagan apología de la dictadura.

Precisamente, las asociaciones por la memoria histórica insisten en esta misma cuestión y consideran "insuficiente" la iniciativa del Gobierno. Como publica este diario, la prioridad sigue siendo que el Gobierno cree un organismo específico que se encargue de buscar a los desaparecidos que aún hoy yacen en cunetas y fosas.

Más allá de la declaración de intenciones que la ministra de Justicia hizo el pasado julio cuando aseguró que el Gobierno asumiría la búsqueda de los desaparecidos del franquismo, comprometiéndose además a crear un censo oficial de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura e incluso a estudiar la ilegalización de asociaciones que hacen apología del franquismo, las principales entidades que defienden la memoria no han vuelto a tener noticias. En estos momentos, la búsqueda de desaparecidos sigue en manos de las familias y voluntarios, pero el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad al respecto.