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El PP critica la fórmula de urgencia pero avisa: "No defendemos el Valle ni a Franco"
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En 2017 nadie votó contra la exhumación

El PP critica la fórmula de urgencia pero avisa: "No defendemos el Valle ni a Franco"

El Gobierno da por hecho que tendrá apoyos para convalidar en el Congreso el decreto ley. IU bendice el uso de decrteo ley y ERC reclama anular la condena a Companys

Foto: Flores en la tumba de FRanco en el Valle de los Caídos. RUETERS
Flores en la tumba de FRanco en el Valle de los Caídos. RUETERS

El plan del Gobierno de aprobar un decreto ley para exhumar a Franco -confirmado ayer por el ministro de Cultura, José Guirao- exigirá que los grupos políticos se posicionen en un mes en el Congreso. Será entonces cuando decidan convalidarlo o derogarlo, aunque mientras tanto entrará en vigor y el Ejecutivo podrá comenzar con los trámites. El Gobierno de Sánchez confía en aprobarlo sin problemas -en 2017 ya hubo una votación y nadie se opuso-, pero algún partido ya reclamó contrapartidas: ERC pidió en contraprestación a su voto que se anule la condena a Lluís Companys y el PP avisó de que aunque no quiere defender a Franco ni Cuelgamuros revisará si se cumple la Constitución.

María Jesús Bonilla, portavoz adjunta del PP en el Congreso, afirmó que su partido va a esperar a conocer el detalle del texto del decreto ley para opinar sobre el fondo, especialmente a ver cómo el Gobierno justifica la especial urgencia y necesidad que exige la Constitución para aplicar ese tipo de norma. "No vamos a defender ni el sitio [el Valle de los Caídos] ni la persona que está dentro [Franco] pero veremos si respeta la Constitución, esa es la prioridad. Hasta que no lo veamos no nos podemos pronunciar pero exigimos que se cumpla la Constitución", añadió Bonilla en declaraciones a este diario. Bonilla tiró del mantra de que los españoles están preocupados por las subidas fiscales pero no por Franco y acusó al PSOE de mirar atrás y reabrir heridas.

El Gobierno no espera pegas para convalidar el decreto: en 2017 el PP se abstuvo en una votación

Para los populares este es un debate incómodo: por un lado critican el uso del decreto-ley (pese a que Rajoy llegó a aprobar hasta 76 decretos leyes en su primera legislatura que supusieron un tercio de las leyes y eso que tenía mayoría absoluta) por otro no quieren defender a Franco. En 2017, cuando el Congreso ya votó sacar al dictador del Valle de los Caídos, el PP finalmente se abstuvo y la votación salió adelante con 198 votos a favor y ninguno en contra. El incumplimiento de ese acuerdo parlametario es uno de los argumentos que uso el Ejecutivo de Sánchez para usar la vía de urgencia (aunque así también limita las opciones de la familia Franco para recurrir y evita un nuevo caso Sanjurjo). Es cierto que el PP ha cambiado de presidente y que Pablo Casado muestra un perfil más duro que Rajoy, pero aun así de momento se centra en el lema de mirar al futuro y no reabrir heridas del pasado más que de defender a Franco.

El decreto ley solo será analizado por el Constitucional su un grupo de 50 diputados o senadores, el defensor del pueblo o una comunidad autónoma lo recurren o si un juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que no es sencillo que llegue a pasar un filtro jurídico, al contrario de lo que ocurriría con un real decreto. Si finalmente el PP lo recurre al Constitucional -algo improbable según fuentes políticas-, el PSOE se frotaría las manos y el decreto habría cubierto un doble objetivo: el golpe de sacar a Franco del Cuelgamuros después de 40 años y retratar al PP como el partido que defiende al dictador.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, fue algo más allá en una entrevista a Europa Press. Allí advirtió de que el PP revisará la legalidad del decreto ley para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, porque "vulnerar" la ley "no es asumible por ninguna sociedad democrática o un Estado de derecho".

IU celebra que el uso del decreto evita "zancadillas" judiciales como la de Sanjurjo en Pamplona

A la izquierda del PSOE sí hay apoyos a este decreto ley. Un portavoz de IU señaló que en el caso de Franco la formación apoya el uso de la fórmula de urgencia: "Con esa vía se impiden zancadillas como los recursos, que harían que un juez tenga que paralizarlo". Además, añade que "en la convalidación del decreto ley en el parlamento los grupos votarán, y eso le da legitimidad democrática" y por último, "si el PP quiere recurrir el decreto ley al Tribunal Constitucional, que lo haga, así se retrata una vez más".

Y añade: "Exhumar a Franco es fundamental pero esperemos que no se quede solo en este gesto. Habría que comenzar cuanto antes el debate de nuestra proposición de ley de Memoria Democrática para que se investiguen los crímenes del franquismo y se repare a las víctimas". De hecho, una posibilidad es que el PSOE ofrezca a los demás grupos tramitarlo como ley para incluir ahí medidas de memoria histórica en línea con la proposición de ley que presentó el grupo socialista en diciembre pasado. Ese texto pretendía "amplíar derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", pero tiene problemas técnicos según fuentes parlamentarias por lo que al tramitar el decreto como una ley permitiría pulir los defectos y serviría para ganar apoyos entre sus socios para otros asuntos.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, sí adelantó que su voto no será gratis, aunque algunas de estas amenazas parlamentarias a veces resultan huecas. ERC apoyará la convalidación del real decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos "siempre y cuando" el Gobierno se comprometa a anular antes del fin de la legislatura las sentencias de muerte de los tribunales franquistas. En un comunicado, los republicanos señalaron que esas sentencias están simbolizadas por la del presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940. "El Gobierno conoce y el PSOE sabe desde hace mucho tiempo cuál es nuestra posición", señala el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà.

El plan del Gobierno de aprobar un decreto ley para exhumar a Franco -confirmado ayer por el ministro de Cultura, José Guirao- exigirá que los grupos políticos se posicionen en un mes en el Congreso. Será entonces cuando decidan convalidarlo o derogarlo, aunque mientras tanto entrará en vigor y el Ejecutivo podrá comenzar con los trámites. El Gobierno de Sánchez confía en aprobarlo sin problemas -en 2017 ya hubo una votación y nadie se opuso-, pero algún partido ya reclamó contrapartidas: ERC pidió en contraprestación a su voto que se anule la condena a Lluís Companys y el PP avisó de que aunque no quiere defender a Franco ni Cuelgamuros revisará si se cumple la Constitución.

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