CON EL DE FRANCO IGUALA a AZNAR en 1996

El arranque del Gobierno de Sánchez supera ya en decretazos a los de Rajoy y Zapatero

Moncloa fuerza fórmulas para justificar la urgencia para exhumar a Franco por decreto ley. Los socialistas abusan del decreto por su debilidad en el Congreso tras afeárselo a Rajoy

Foto: Pedro Sánchez. (EC/EFE)
Pedro Sánchez. (EC/EFE)

El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de igualar al de José María Aznar como el que comenzó su andadura con más decretos leyes, una fórmula que en teoría está reservada a situaciones de "extrema urgencia y necesidad". En sus nueve primeros consejos de ministros, los socialistas han aprobado seis de estos decretazos. Y a eso se sumará el viernes el que tiene que exhumar a Franco. En la oposición, los socialistas criticaban a Rajoy por socavar el debate parlamentario con esta técnica legislativa de la que abusó y que le fue reprochado hasta por el Constitucional pero ahora hay quien admite que esta es la única manera de gobernar con 84 diputados: "La realidad parlamentaria es la que es". Para reducir la mala imagen de un presidente a base de decretazos, una vez en el Congreso la reforma de Franco podría tramitarse como ley por el procedimiento de urgencia.

Al poco de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez anunció a los periodistas que los restos de Franco estarían fuera del Valle de los Caídos antes de final de julio. Pero la oposición de la familia y el miedo a que ocurriera como con el general golpista Sanjurjo -un tribunal de Pamplona ordenó devolver sus restos a la cripta en la que estaba enterrado- retrasó la decisión. Sánchez había topado de bruces con los límites del Ejecutivo, como le ocurrió con la publicación de la amnistía fiscal o con la retirada de las medallas a Billy el Niño.

"Si hemos esperado 40 años, no importará esperar unos días más", declaró el presidente en su rueda de prensa antes de las vacaciones. Moncloa ha decidido que la fórmula será un real decreto ley. Se garantiza así que la ley entre inmediatamente en vigor sin largas negociaciones y, además, evitar el control de la justicia ordinaria. Solo el Constitucional puede entrar a decidir sobre si la ley es constitucional o no, pero un ciudadano no puede acudir a él. Tiene que llevarlo un grupo de diputados, el defensor del pueblo, una comunidad autónoma o un juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad. El Congreso tiene 30 días para ratificarlo o tumbarlo, pero es de mucha comodidad para el Gobierno porque para la oposición suponen lentejas: o lo acepta o lo veta, no lo puede enmendar.

"Así se tienen que retratar los grupos y luego a ver quién es el guapo que lo recurre al Constitucional", resume un socialista. Con 84 diputados, cada ley puede ser una tortura para el partido del Gobierno. Porque en una democracia parlamentaria las leyes pueden ser un engorro. Y más en minoría. Los plazos de enmiendas se alargan, hay que negociar con la oposición, surgen órganos consultivos que ponen reparos, lobbies que presionan para obtener cambios... Lo pueden ser incluso si, como en el caso de Franco, es previsible un consenso a favor de la exhumar al dictador. En 2017 ningún grupo del Congreso votó en contra de exhumar a Franco -hubo 198 votos a favor y ninguno en contra- pero en una ley orinaria los grupos pueden exigir contrapartidas a cambio de su voto. ERC, poco sospechosa de profranquista, ya pidió ayer que el Gobierno derogue la condena a Lluis Companys, una vieja reclamación de los independentistas.

Lo más difícil es justificar la urgencia. El Ejecutivo alega que se está incumpliendo la ley de Memoria Histórica (2007) y el informe sobre el Valle (2011)

Con el decreto ley, la cosa cambia. El Congreso tiene que convalidarlo en 30 días o tumbarlo. Hay una opción intermedia que fuentes del Ejecutivo manejan, o que podría forzar el Congreso: que se tramite como una ley, aunque por el procedimiento de urgencia, y poder introducir ahí reformas en la ley de memoria histórica en línea con la proposición de ley que llevaron los socialistas al Congreso en diciembre pasado. En ella el partido reclamaba sacar los cuerpos que quedan en las cunetas desde la Guerra Civil. Tramitarlo como ley matizaría la imagen de un Ejecutivo que ejerce el poder a base de decretazos y daría bazas en otras negociaciones con sus socios.

Además de orillar su minoría en el Congreso, con el decreto ley de Franco el Ejecutivo elude también el control de la justicia ordinaria, como adelantó este diario en julio. Una norma con rango de ley solo puede ser recurrida ante el Constitucional y ahí no puede acudir un ciudadano (la familia Franco o la Fundación Franco ya han anunciado que darán la batalla jurídica). Solo grupos políticos, comunidades autónomas, el defensor del pueblo o un juez puede cuestionar la constitucionalidad de la ley. El Gobierno celebra la astucia de que los Franco no puedan recurrir.

Sin embargo, la Constitución también garantiza que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Los Franco podrían recurrir en un contencioso cualquier orden o escrito para la exhumación que emane de la ley, pero al ser una norma hecha a propósito, el Ejecutivo juega esa partida con todas las bazas en su mano. Puede que un juez paralice la exhumación o plantee una cuestión de inconstitucionalidad pero las probabilidades de éxito de los familiares se reducen al mínimo.

Manifestación franquista en el Valle de los Caídos. (Reuters)
Manifestación franquista en el Valle de los Caídos. (Reuters)

Como la Constitución establece que un decreto ley no puede ser para casos particulares, el Gobierno hará una modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica. El principal problema de la redacción es justificar "la extrema urgencia y necesidad" requerida por la Constitución. El Ejecutivo puede justificar que se está incumpliendo la ley de Memoria Histórica (2007), el informe sobre el Valle de los Caídos (2011), el acuerdo parlamentario para exhumarlo (2017) e incluso que en diciembre son los actos del 40 aniversario de la Constitución y que sería imprescindible celebrarlos sin Franco en Cuelgamuros.

Los juristas critican desde hace años el abuso del decreto ley. Ideado como una fórmula de urgencia, su uso ha ido creciendo en democracia. Aznar aprobó nada más llegar a Moncloa cinco decretos leyes de privatizaciones en un único consejo de ministros, lo que hace que hasta ahora conservara el trono de arrancar con más decretazos. En su primera legislatura, Rajoy aprobó cuatro en sus diez primeras reuniones de los viernes. En la segunda, la que arrancó en 2016 tras un año en funciones, y ya en minoría, sí aprobó seis, tantos como lleva Sánchez antes del de Franco.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado seis decretos leyes y el PP destaca que no ha enviado al Congreso ningún proyecto de ley. El Gobierno ha usado la fórmula del decretazo para reformar RTVE; aprobó otro de medidas urgentes "para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos"; otro "por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados"; uno sobre "el acceso universal al Sistema Nacional de Salud" que devolvía la atención sanitaria a los inmigrantes en las pocas autonomías que no la daban; otro que modificó un decreto ley anterior de Rajoy sobre el Programa de Activación para el Empleo, y el de la violencia de género.

Anestesiados ante el abuso de la tramitación de urgencia, los primeros pasaron sin polémica aunque en algunos casos la urgencia encajaba a martillazos. No era una novedad. Fue la suma de todos y en especial la reforma del código civil por vía de urgencia en materia de violencia de género lo que ha levantado las críticas. Las asociación judicial Francisco de Vitoria ha pedido que se retire este último.

"La realidad parlamentaria es la que es", justifica un dirigente socialista sobre el abuso del decreto ley

Desde el PSOE replican que si Rajoy hizo menos decretos leyes es porque hizo menos de todo y la actividad legislativa estaba paralizada. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión oficial de Moncloa sobre por qué tanto decreto. Buena parte de la oposición ha cargado contra esta forma de gobernar. Fuentes de Ciudadanos lo achacan a los males del bipartidismo: "El Gobierno de Rajoy gobernó a golpe de decretos y Sánchez vuelve a hacer lo mismo que él tanto criticó. Al bipartidismo le gusta gobernar con decretazos, sobre todo cuando no tienes más remedio porque dependes de populistas y separatistas". En la primera legislatura de Rajoy, y pese a su holgada mayoría absoluta, el Gobierno aprobó 76 decretos leyes, que suponen más del 30% de las leyes aprobadas esos años. El Constitucional criticó que el Gobierno abusara de esa fórmula y que la usara, por ejemplo, para aprobar la amnistía fiscal.

María Jesús Bonilla, portavoz adjunta del PP en el Congreso, critica la forma de gobernar, aunque el Gobierno popular también tiró de decretazos: "Queremos llamar la atención sobre el hecho de que en tres meses ya lleva tantos decretos con los que entendemos que busca golpes de efecto pero demuestra una falta absoluta de capacidad de diálogo". El PP se plantea recurrir al Constitucional el de la violencia de género por modificar por esta vía el Código Civil, algo sin precedentes, pero no se moja con el de Franco hasta no ver cómo justifica la urgencia. El PP va a registrar una pregunta por escrito sobre si Pedro Sánchez planea gobernar por decreto ley.

"No vamos a defender ni el sitio [el Valle de los Caídos] ni la persona que está dentro [Franco] pero veremos si el texto del Gobierno respeta la Constitución, esa es la prioridad. Hasta que no lo veamos no nos podemos pronunciar pero exigimos que se cumpla la Constitución", añade Bonilla.

"Con el decreto ley se impiden zancadillas como los recursos, que harían que un juez tenga que paralizarlo", señala un portavoz de IU


A la izquierda del PSOE sí hay apoyos a este decreto ley. Un portavoz de IU señaló que en el caso de Franco la formación apoya el uso de la fórmula de urgencia: "Con esa vía se impiden zancadillas como los recursos, que harían que un juez tenga que paralizarlo". Además, añade que "en la convalidación del decreto ley en el parlamento los grupos votarán, y eso le da legitimidad democrática" y, por último, "si el PP quiere recurrir el decreto ley al Tribunal Constitucional, que lo haga, así se retrata una vez más". Si finalmente el PP lo recurre -algo improbable según fuentes políticas- el PSOE se frotaría las manos y el decreto habría logrado un doble objetivo: el golpe de sacar a Franco del Cuelgamuros después de 40 años y retratar al PP como el partido que defiende al dictador.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
29 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios