constreñido por los tribunales

Franco, Billy el Niño, la amnistía fiscal...: Sánchez topa con los límites del Ejecutivo

Tres de los primeros pasos del Gobierno chocan con el proceso administrativo y lo enfrentan a sus primeras rectificaciones. Sánchez descubre que el poder de Moncloa no es absoluto

Foto: Manifestación en el Valle de los Caídos a favor de Franco. (Reuters)
Manifestación en el Valle de los Caídos a favor de Franco. (Reuters)

El pasado 27 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a los periodistas que sacará los restos de Franco del Valle de los Caídos antes de final de julio. En aquel momento no estaba nombrada ni la abogada general del Estado y el Ejecutivo ya admite que esa exhumación no será posible en verano, porque el procedimiento legal es complejo. Algo parecido ha ocurrido con la retirada de las medallas de Billy el Niño, el policía torturador, que requiere un procedimiento administrativo que fuentes jurídicas ven extremadamente complejo. La tercera rectificación ha sido la de la amnistía fiscal, tras admitir la ministra de Hacienda que legalmente no hay forma de publicar los nombres. Lo que está ocurriendo es que el Ejecutivo está notando los límites de su acción, constreñida por los tribunales. "Se llama Estado de derecho", señala un catedrático de Administrativo.

En un capítulo de 'El ala oeste de la Casa Blanca', un asistente del presidente enseña a unos niños el despacho oval y les explica que ese es el lugar con más poder de EEUU. Uno de los estudiantes contesta: "Mi papá dice que el poder está en el Congreso". El asesor tiene que asentir, aunque le pese. En España, el Congreso rara vez hace de contrapoder frente al Ejecutivo, ni cuando Rajoy estaba en minoría, pero sí lo hacen los tribunales en miles de contenciosos al año. A esos pleitos parecen abocadas dos de las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de mayor calado simbólico: el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos y la retirada de las medallas pensionadas del policía y torturador del franquismo Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. El Gobierno, que anunció a toda prisa esas medidas, ahora ha levantado el pie al presentir los topes que tiene su acción. Sánchez va descubriendo que el poder de Moncloa no es absoluto.

El plazo de Interior para abrir un procedimiento de lesividad contra Billy el Niño es de cuatro años, pero la última medalla se le concedió en 1982

Fuentes jurídicas explican que quitar las medallas de Billy el Niño, otorgadas entre 1972 y 1982, es algo complejísimo desde el punto de vista jurídico. "Un procedimiento de lesividad solo se puede abrir en cuatro años y aquí han pasado 40, así que no hay nada que hacer por ahí. La otra vía es una revisión de oficio del acto administrativo, pero esos supuestos están muy tasados", explica un catedrático de Administrativo que pide el anonimato para no aparecer como defensor de Billy el Niño. No es sospechoso de derechista.

La ley del procedimiento administrativo establece una serie de requisitos para declarar nulos de pleno derecho actos de la Administración. Entre ellos están "los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional", "los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio", "los que tengan un contenido imposible", "los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta", "los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" o los que vayan contra "leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior".

Tres fuentes jurídicas señalan que salvo que la concesión de las cuatro medallas contenga errores de bulto —algo que solo se puede saber estudiando al detalle el expediente—, es difícil encajar ahí la retirada de las condecoraciones. Que el ministro Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera, considerase que su conducta no es ejemplar y que eso debería regir la concesión de las medallas no es suficiente. Interior asegura que está a la espera de los informes jurídicos necesarios y que, efectivamente, al ser un caso muy complicado, el informe está tardando. Billy el Niño tiene cuatro medallas pensionadas, una de las cuales fue respaldada por la Justicia en 2010.

Las medallas policiales no incluyen normativa que señale los supuestos para su retirada. Sí lo hacen las normas que regulan otras condencoraciones. La Junta de Andalucía ha podido reclamar a Isabel Pantoja que devuelva la medalla de la comunidad, pero porque estaban previstos en la normativa supuestos para retirarla, como "consecuencia de la condena de su titular por algún hecho delictivo". Si el Gobierno cambiara la normativa sobre las medallas policiales, difícilmente podría aplicarla con carácter retroactivo al ser perjudicial para los que las reciben.

"Siempre puede retirar la medalla y tirarse a la piscina. Te expones a recurso de Billy el Niño y, si lo pierdes, has demostrado voluntad política. El caso es que esté armado el expediente, y en eso los abogados del Estado son muy buenos", resume otra fuente del sector. Una opción del Ejecutivo de Sánchez es ir adelante incluso con una defensa jurídica endeble y si pierde, señalar a la Justicia como retrógrada. "Puede hacerlo, el problema será encontrar quien firme ese informe jurídico si los abogados del Estado deciden que no se pueden retirar las medallas", señala un catedrático. Esa revisión puede requerir informe del Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno, otra valla en el procedimiento.

Las medallas policiales no incluyen normativa que señale los supuestos para su retirada, como sí contemplan otro tipo de condecoraciones

Uno de los juristas consultados explica que si aparecen nuevos datos o si Billy el Niño fuese condenado en vía penal sí podría considerarse un hecho nuevo que justificase la revisión del acto administrativo: "Si se trata de buscar hechos nuevos, que la Administración los busque y los aporte. Todo se puede hacer, porque el papel lo aguanta todo. Otra cosa es que un juez luego lo anule". Aunque el caso está centrado en Billy el Niño, hay más policías de la época sobre los que podría pesar la misma acusación, por lo que el procedimiento debe servir para todos, no puede depender de la voluntad del ministro.

Otro caso que ha resultado más complicado de lo que el Ejecutivo de Sánchez esperaba es la exhumación de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez transmitió a los periodistas que el traslado se haría antes de que se fuesen de vacaciones, pero después Margarita Robles advirtió en el Confidencial de que no sería inmediato el traslado. La versión de Robles se ha impuesto. El ministro José Luis Ábalos ratificó el domingo en 'El Mundo' que difícilmente será en el mes de julio: "No creo que podamos".

Víctimas del franquismo, pidiendo la extradición de Billy el Niño. (EFE)
Víctimas del franquismo, pidiendo la extradición de Billy el Niño. (EFE)

La familia Franco y la Fundación Francisco Franco preparan la artillería jurídica para recurrirlo. Los nietos han firmado ante notario que se harán cargo del cadáver y Justicia prepara el armazón legal para la retirada. "Si no lo hacen bien, puede pasar como con algunas calles de Madrid", recuerda una persona próxima a la Fundación Francisco Franco. El ayuntamiento quitó nombres franquistas de las calles y los jueces han ordenado reponer los de General Millán Astray, Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul y General Asensio Cabanillas por defectos de forma. Así que ante la negativa familiar y de la fundación, el caso se encamina hacia un contencioso. El Gobierno quiere evitar que en unos meses la Justicia ordene devolver a Franco, así que ha enterrado las prisas de Pedro Sánchez.

Puede sonar extremo, pero ya hay precedentes. Un juzgado de Pamplona ha reconocido a los familiares del general José Sanjurjo, uno de los que se sublevaron en julio de 1936, el derecho a que sus restos "sean restituidos a la cripta de donde fueron exhumados". La familia puede volver a enterarlo en el Monumento a los Caídos de Pamplona.

El tercer caso en que las intenciones socialistas —en este caso un anuncio en la oposición— chocan con el procedimiento de la Administración es el de hacer públicos los nombres de la amnistía fiscal. La norma, que el Constitucional declaró inconstitucional por haberse aprobado por decreto-ley, garantizaba la confidencialidad de los datos. Aprobada en 2012 nada más llegar el PP al Gobierno, se acogieron 29.000 personas que hicieron aflorar bienes por valor de 40.000 millones en 2012. A cambio, pagaron solo un 3% de media de lo regularizado.

Nombres relevantes de los que se acogieron —Rato, Bárcenas, los Pujol, Francisco Granados, el sindicalista Fernández Villa...— han salido a la luz porque los datos han sido incorporados a procedimientos judiciales. Otros fueron publicados por la prensa, como el caso de la mujer de Arias Cañete, desvelado por este diario. Según las cintas de Corinna, su amante, el rey emérito, Juan Carlos I, también se acogió al perdón inconstitucional de Montoro. Otros amnistiados vieron cómo Hacienda investigaba sus empresas pese a que consideraban que estaban cubiertos, lo que enojó a numerosos asesores fiscales. Estos recomendaban acudir a la amnistía incluso apelando al patriotismo ante sus clientes y vieron las inspecciones posteriores como una traición del Gobierno del PP. Aun así, el grueso de los nombres nunca vio la luz.

En la oposición, Pedro Sánchez declaró una decena de veces que la haría pública al llegar al Gobierno. La llamaba la "lista de la vergüenza" y llegó a afirmar: "Solo habrá regeneración cuando sepamos los nombres y apellidos de todos aquellos que se han acogido a la amnistía fiscal". Es lo que han pedido ahora los grupos a la izquierda del PSOE, que exigen conocer si Juan Carlos I se acogió a la amnistía fiscal. Sin embargo, el pasado viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que legalmente era imposible: "No hay capacidad jurídica".

Franco, Billy el Niño, la amnistía fiscal...: Sánchez topa con los límites del Ejecutivo

En este caso, fuentes jurídicas ven más margen para hacer públicos los nombres si realmente quiere el Gobierno. "Esa amnistía fue declarada inconstitucional, así que realmente ahora mismo está en el aire el amparo legal de esos amparados". Otra opción sería enviarlos a la fiscalía -al menos la lista de persona políticamente expuestas que el PP mantuvo bajo llave- o filtrar los nombres, si es que realmente el Gobienro de Pedro Sánchez no tiene miedo a torar de la manta. En su lugar, diversos medios informan de que el Ejecutivo planea ahora prohibir por ley amnistías fiscales como esta, pero nunca de forma retroactiva. Cualquier ley que haga en ese sentido podrá ser modificada por otra mayoría parlamentaria si desea hacer una nueva amnistía fiscal. Otro de los límites del sistema parlamentario con que topa el Ejecutivo de Sánchez.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
10 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios