"me siento peor que en la dictadura"

Un 'pececito' de Montoro: "Fui a la amnistía y ahora me inspeccionan como a un narco"

José Antonio Conde, presidente de la patronal gallega de moda, indignado con Hacienda. Afloró cuatro millones en la regularización y ahora la justicia avala el registro en su empresa

Foto: José Antonio Conde, en la sede de su empresa. (Cointega)
José Antonio Conde, en la sede de su empresa. (Cointega)

"Me he sentido como un delincuente. Ni a mi peor enemigo le recomendaría pasar esto. Vinieron los de Hacienda con chalecos de Aduanas, levantaron hasta a los diseñadores de moda de los ordenadores, como a los narcos. Le dije al inspector que corrí delante de los grises y que ahora me siento peor que en la dictadura". José Antonio Conde Mojón, dueño de la empresa de moda Alba Conde y presidente de la patronal gallega de la moda, está indignado con Cristóbal Montoro y cuenta su caso por teléfono sin problema. Él es uno de los 'pececitos' de los que habló Montoro. Afloró cuatro millones en la amnistía fiscal y ahora le inspeccionan la empresa usando esa declaración como uno de los indicios para revisar sus cuentas. "No hay seguridad jurídica ninguna. Posiblemente nadie va a ir a la próxima amnistía", suelta.

El pasado 21 de junio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reprobado por el Congreso, dio su versión de lo que había sido la amnistía fiscal aprobada en 2012 —y hoy declarada inconstitucional—: “En el año 2012 podemos decir algo así como que el Gobierno echó el anzuelo, hubo que poner un cebo. Claro, es que esto si no, no funciona, si no pones cebos no entra ninguno a picar. Porque sin un cebo mínimamente atractivo —decía— no tienes ningún éxito, los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar”.

"Soy un empresario. Tenía el dinero en una caja fuerte y ahora está en el circuito. Que no me mezclen con Oubiña o con Bárcenas"

Pese a las risas que generó, lo cierto es que hay empresarios que están siendo inspeccionados y ven sus sedes registradas a raíz de la amnistía fiscal. Puede que sean pocos respecto a los 30.000 que se acogieron a la amnistía y que pagaron una media del 3% del dinero aflorado, pero algún 'pececito' hay. Más de los que parecen. El Confidencial ya informó de algunos casos, como ese médico de reproducción asistida de Madrid cuya empresa fue inspeccionada tras aflorar casi siete millones o la firma riojana de cátering escolares cuyos dueños afloraron 5,2 millones, entre otros.

Es lo mismo que le ocurrió a José Antonio Conde Mojón, dueño de la empresa de moda Alba Conde y presidente del clúster Textil Moda de Galicia (Cointega). A principios de diciembre pasado, una inspección de Hacienda acudió a la sede de su empresa. “La inspección se personó en las oficinas de la entidad y el administrador denegó la entrada”, según una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hacienda tenía varios indicios para inspeccionar la firma de moda, que en 2015 facturó 6,5 millones. Entre ellos, que “las bases de la AEAT muestran un patrimonio acumulado de los socios de la entidad que no guarda relación con los dividendos que reparte la sociedad ni con las retribuciones imputadas a los socios; que ambos han efectuado en el año 2012 declaración tributaria especial declarando cantidades superiores al millón y medio de euros procedente de dinero en efectivo, y un patrimonio de 2,5 millones de euros en saldos de cuentas bancarias”. Declaración tributaria especial (DTE) es el nombre técnico de la amnistía fiscal.

Efectivos de Aduanas, en una operación de la Agencia Tributaria. (EFE)
Efectivos de Aduanas, en una operación de la Agencia Tributaria. (EFE)

"Lo que está haciendo Hacienda clama al cielo", responde indignado Conde Mojón por teléfono. "Hemos recurrido y llegaremos hasta donde haya que llegar, a Estrasburgo, me cueste lo que me cueste. Hacen cosas que van contra el Estado de derecho". Conde recuerda perfectamente aquellos días a principios de diciembre pasado: "Vinieron seis personas y me sentí como si fuera un delincuente. Llevaban chalecos de Aduanas, como si hubiera matado a alguien o yo fuera un narco". Inicialmente, les negó la entrada, pero el 28 de diciembre de 2016 un juzgado autorizó la entrada y registro. En esos días también, Conde fue reelegido presidente de Cointega para los próximos tres años. Cointega agrupa a "más de de 150 empresas asociadas, lo que representa a más del 90% del sector en volumen de negocio y del empleo en Galicia".

Este empresario de 66 años sostiene que todos los indicios que esgrimían para inspeccionar su empresa eran endebles. "Dicen que tengo patrimonio. Llevo 40 años trabajando, 26 con mi empresa y antes 15 años como profesional en otras empresas. Claro que tengo patrimonio. Dicen que mi mujer tiene tiendas y tributa en módulos, pero eso es que está contemplado, para eso están los módulos". El tercer indicio era que se había acogido en 2012 a la amnistía fiscal. Eso le solivianta: "Me acogí a una ley que publicó Hacienda y eso se quedaba ahí. He tributado a lo que ponía. Se dijo claramente que esto no iba así, va contra el ordenamiento legal".

No hay seguridad jurídica ninguna. Posiblemente nadie va a ir a la próxima amnistía

Conde afirma que el dinero que presentó es de origen antiguo: "Hace 30 años era habitual cobrar parte en efectivo. Parece que todos [los que fuimos a la amnistía] somos Bárcenas o los Pujol. Pero hay miles de empresarios que han generado riqueza y tenían un dinero que no estaba en el circuito. Yo tenía el dinero en una caja fuerte y ahora está en el circuito. Que no me mezclen con Oubiña o con Bárcenas. ¿Quién en España no ha pagado en negro? ¿Quién? Era habitual en la cultura. Evidentemente hay que ir a otra cosa pero antes hay que dejar que ese fontanero que cobraba en negro meta ese dinero en el circuito".

"Hacienda no hace inspecciones, hace confiscaciones. Yo he pagado mis impuestos, pero obviamente tengo menos beneficios que hace 10 años", prosigue. Aunque aún no tiene resultado de la inspección de Hacienda, ya ha recibido una sanción de unos 160.000 euros por no dejar entrar a los inspectores en un primer momento. Él recurrió la orden judicial de entrada y registro, pero el pasado 16 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó su recurso y validó la orden judicial.

Montoro, aplaudido por su grupo en el Senado. (EFE)
Montoro, aplaudido por su grupo en el Senado. (EFE)

Los jueces están permitiendo usar los datos de la amnistía fiscal para abrir inspecciones. En las directrices de inspección para 2013, Hacienda ya incluyó un párrafo difuso en el que anunciaba que podía ir a por los amnistiados: "La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos". Según datos facilitados hace seis meses, desde 2013, la Agencia Tributaria ha realizado más de 3.400 actuaciones inspectoras sobre contribuyentes que se acogieron a la amnistía. La Agencia afirmó en enero que había conseguido así 238 millones de euros, de los que ya estaban liquidados 182 millones.

Un fiscalista explica que si Hacienda va a por las empresas es en parte porque la regularización no se hizo correctamente. Los que acudieron en muchos casos a la amnistía fueron los socios, pero no las empresas. Eso dio a Hacienda indicios de que había un flujo de dinero negro y la puerta libre para abrir actas a las firmas sin tocar a los dueños como personas físicas que habían ya regularizado.

Conde insiste en que está tranquilo con la inspección, que pelea por unas simulaciones que Hacienda interpreta de manera errónea pero que la visita de los hombres de negro le ha hecho plantearse muchas cosas. "Tengo 50 empleados directos e indirectos, unos 200. ¿Para qué estoy a esta edad con la empresa abierta?".

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