Los jueces permiten que Hacienda use datos de la amnistía fiscal para abrir inspecciones

La Agencia Tributaria está aprovechando los datos que recibió en la amnistía fiscal para ir contra empresas de los amnistiados. Hacienda considera que el hecho de aflorar dinero no declarado es un indicio de que las firmas de estos contribuyentes pueden estar facturando en dinero negro y ha lanzado inspecciones. En al menos tres casos documentados por El Confidencial ha obtenido permiso judicial para registrar empresas y cajas de seguridad en el banco usando datos de la amnistía que dieron los propios contribuyentes. Los investigados alegan que la regularización no podía servir para esto y que quiebra el principio de seguridad jurídica, pero los jueces han avalado la actuación de Hacienda.

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En noviembre de 2012, los dueños de la clínica FIV Center de Madrid se acogieron a la amnistía fiscal. Afloraron “6.670.000 euros de rentas ocultas en forma de efectivo y otras 580.260,30 euros en una cuenta bancaria en Suiza propiedad conjunta del matrimonio”, según recoge una sentencia posterior. José Luis Caballero es ginecólogo y fundador de la clínica de reproducción asistida FIV Center, con dos centros en Madrid. “La inspección que tuvimos fue normal. Somos un centro médico. No le puedo ayudar”, responde brevemente por teléfono. Su abogado, un inspector de Hacienda en excedencia, no ha devuelto las llamadas de este diario.

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Unos 30.000 contribuyentes se acogieron a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, meses después de la llegada del PP al Gobierno. Muchos asesores fiscales recomendaron regularizar el dinero con el convencimiento de que no les podía pasar nada. Apenas se pagaban impuestos —un 3% de media aunque llegaba hasta el 10% según el caso— y algunos despachos llegaron a aconsejarlos como un acto de patriotismo en un momento complicado para el país. De los 12.000 millones que afloraron, aparecieron 2.790 millones de euros en billetes y monedas. El dinero en efectivo era la segunda partida más importante, solo por detrás de los depósitos en cuentas bancarias (4.233 millones). Montoro ha repetido después que la amnistía no tapa nada ni impide otras investigaciones.

En la Clínica FIV Center han descubierto que iba en serio. El 9 de abril de 2015, inspectores de la Agencia Tributaria irrumpieron en sus clínicas y fueron a dos bancos a abrir sendas cajas de seguridad del matrimonio propietario. Hacienda consideraba que había “indicios de generación de rentas ocultas por la sociedad en cuantía muy significativa teniendo en cuenta las declaraciones tributarias especiales (DTE, la amnistía) presentadas por los cónyuges en el año 2012”, ya que “la única fuente presunta de renta oculta se derivaba de la actividad profesional” del médico.

Señalaba que la clínica privada es una actividad que “facilitaba la ocultación de rentas, además de las cajas de seguridad donde podía guardarse dinero en efectivo que no se estuviera declarando”. Además, la Agencia Tributaria alegaba que “existía riesgo fiscal en los ejercicios 2010 a 2013 así como de la existencia de rentas disfrutadas y no declaradas en 2012 y 2013 por los dos cónyuges dado que las rentas ocultas de ambos en 2010 y 2011 pueden encontrar amparo en la DTE”.

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Es decir, que la amnistía fue un indicio para investigar a la empresa y ejercicios posteriores. El registro era imprescindible porque es un sector en el que se paga a menudo en metálico y no podía avisar a los dueños ni cruzar datos de facturación con otras empresas. El juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Madrid autorizó el registro por sorpresa de las sedes y de las cajas de seguridad. La pareja recurrió esa decisión. Su abogado alegó que la norma que regula la amnistía “hacía imposible la utilización de la DTE por la inspección”. Señalaba también que el registro quebraba “la seguridad jurídica” recogida en la Constitución y “el principio de buena fe y confianza legítima”.

El abogado del Estado contestó que “la solicitud de inspección se basó en la consideración de un posible riesgo fiscal en base a un cúmulo de indicios concordantes apreciados en conjunto y no solo en la presentación de la DTE”. Añadió que “muchos obligados tributarios presentaron DTE y no todos han sido inspeccionados”. El 14 de julio de 2015, la sección sexta de lo Contencioso de Madrid desestimó el recurso y avaló el registro de las empresas y cajas de seguridad del matrimonio.

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El uso de datos de la amnistía fiscal para investigar empresas de los contribuyentes asombra a un fiscalista que ha asesorado en estos casos. "Es verdad que no ponía por escrito que no se iba a ir contra los contribuyentes, pero era lo que se nos decía veladamente. Si ahora van contra las empresas es lo mismo. El resultado es que todo el que fue a la amnistía se puso a sí mismo en el disparadero de Hacienda". Un abogado del sector señala que si han ido contra las empresas es porque no regularizaron correctamente, al presentar el dinero los socios y no ir la propia empresa a la amnistía: "Al ir a la amnistía fiscal te transparentabas. Si tenías una empresa podían investigarla al ser tu entorno". Hubo casos de gente que sigue generando dinero en negro en sus empresas y por eso no fue a la amnistía. Otros que sí acudieron tenían las empresas ya sin actividad o habían dejado de generar dinero b, según fuentes del sector.

José Luis Groba, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, explica que la amnistía "no daba patente de corso" para seguir defraudando y que han usado los datos del modelo 750, el de la amnistía, para cruzar datos. "A veces se veía que no se habían corregido conductas, que alguien que había declarado dinero seguía presentando declaraciones de la renta similares y se le ha inspeccionado", explica. Sobre la impresión de algunos contribuyentes de que no iban a usar los datos de la amnistía, opina que debió de ser una interpretación errónea: "Se dijo que no se iban a mirar los años anteriores, pero no que no se fuesen a cruzar para inspecciones posteriores".

Hacienda denunció a Anticorrupción al minero José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones, y envió 715 casos de personajes públicos al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (sin que este organismo haya informado de lo que ocurrió). Además, en un montón de causas penales ha aparecido que los investigados se habían acogido a ellas: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, el expresidente de la empresa pública Defex, Borja Thyssen, un investigado en la trama del AVE a Murcia… Pero este es un nuevo frente.

En las directrices de inspección para 2013, Hacienda ya incluyó un párrafo difuso en el que anunciaba que podía ir a por los amnistiados: "La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos". Desde 2013 la Agencia Tributaria ha realizado más de 3.400 actuaciones inspectoras sobre contribuyentes que se acogieron a la amnistía. La Agencia afirma que ha conseguido así 238 millones de euros, de los que ya están liquidados 182 millones.

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El caso de la clínica FIV Center no es el único. Ni fue el primero. El 18 de febrero de 2014, un juzgado de Logroño autorizó el registro de la sede de la empresa de cáterin de colegios Servicios Renovados de Alimentación (Seral) y de la de Actividades Formativas SL (Activa), una empresa de actividades extraescolares, ambas propiedad del empresario riojano J.P.S.. Hacienda quería verificar el pago del impuesto de sociedades de 2008 a 2012 y el IVA de 2009 a 2012. También pidió el registro en la empresa que le llevaba las cuentas.

Como en la clínica de reproducción asistida, la defensa del empresario recurrió. Alegaba que la inspección partía de la amnistía fiscal y que estaba ante “un uso perverso de la información recabada a través de la Declaración Tributaria Especial”. Ni el abogado ni el empresario han contestado a las llamadas realizadas por este periódico.

Al pedir el registro, la Agencia Tributaria señaló que "los socios de Seral y Activa, así como sus hijos, han presentado DTE declarando importantes cantidades de dinero en efectivo previamente ocultas a la Administración tributaria: en conjunto 5.220.000 euros”. Todas las declaraciones fueron presentadas en la misma semana y en cuentas recién abiertas y correlativas. Hacienda consideró “que el origen de estas rentas (dinero en efectivo), ante la ausencia de otras posibles fuentes de rentas no declaradas, debe proceder de la actividad de las sociedades no habiendo declarado por ellas en el impuesto de sociedad ni en el IVA, siendo estos tributos los que son objeto de la presente actuación inspectora”.

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Así, a partir de la amnistía, Hacienda iba a por las empresas de J.P.S. La Agencia Tributaria consideraba que la inspección por sorpresa con orden judicial es imprescindible. “Que las ventas en negro y la facturación irregular no se pueden determinar si no es con la obtención directa por parte de la inspección de documentación en soporte papel e informático de las mismas”.

Como en el caso anterior, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dio la razón al juez de lo contencioso que autorizó el registro de las empresas. Consideró que el decreto ley que regula la amnistía “no excluye la posibilidad de que la declaración tributaria especial pueda dar lugar a actuaciones inspectoras respecto de otros sujetos distintos del declarante y por otros impuestos”.

Hay más casos, como el de la tienda de Zaragoza Matices SL, cuyos dueño se había acogido a la amnistía con 450.000 euros en efectivo. La Agencia Tributaria usó, entre otros, esos datos de la amnistía en su petición para abrir una caja de seguridad. El juez lo concedió y la defensa, como en los casos anteriores, recurrió alegando que la "amnistía fiscal no puede servir de base para violar un derecho constitucionalmente protegido". El TSJ de Aragón falló en junio de 2015 que esos datos era perfectamente utilizables.