Sánchez luce el fin de las amnistías fiscales entre ataques de los grupos por Cataluña

Todos los caminos siempre acaban conduciendo a Cataluña. Más en una legislatura como esta, atravesada por el desafío soberanista y por una moción de censura que condujo contra pronóstico a Pedro Sánchez al poder gracias a los apoyos de la izquierda parlamentaria y de las fuerzas nacionalistas e independentistas. Desde entonces, en el Parlamento los debates reproducen un constante 'ritornello', desembocan en la misma espiral agotadora. De un lado, los ataques incesantes de PP y Ciudadanos por las "hipotecas", las "facturas" pendientes, el "alquiler" que el presidente paga religiosamente a las formaciones separatistas para seguir instalado en La Moncloa. Por otro lado, las demandas, también continuas, para que reconozca el derecho de autodeterminación de Cataluña. El Gobierno contesta a unos y otros con su propuesta de diálogo, de mano tendida, siempre dentro del marco de la Constitución, mientras intenta que sus propuestas, en distintas materias, muchas de alcance más limitado por las dificultades parlamentarias, cojan vuelo, remarquen su impronta y marquen distancias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Estas líneas podían servir de resumen del largo debate —seis horas— de este martes en el Congreso. El presidente compareció para contar las líneas maestras de su acción política, 45 días después de prometer su cargo, buscando deliberadamente poner el foco en sus plan económico, enarbolando como bandera la prohibición por ley de las amnistías fiscales. El veto a una de las medidas más controvertidas del PP y del ministro Cristóbal Montoro en 2012 y que cosechó un severo correctivo por parte del Tribunal Constitucional, que la declaró nula. Sánchez introdujo asimismo en su menú a la Cámara la exhumación de Francisco Franco, la renovación de RTVE, la revisión de los delitos sexuales o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitar los plazos máximos de instrucción que aprobó Rajoy.

La discusión en el hemiciclo, sin embargo, se condujo también por otros derroteros. Cataluña, como siempre. Pero ocupó igualmente minutos en la tribuna el acercamiento de los presos de ETA o la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre las actividades del rey Juan Carlos que, por ahora, el Ejecutivo y el PSOE siguen rechazando. El argumento oficial es el mismo: primero, escuchar las explicaciones del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz. "Y a partir de ahí veremos qué medidas se toman".

[Consulte aquí en PDF la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso]

Sánchez rotuló su programa de gobierno como "agenda del cambio", nucleada en torno a cuatro ejes: la consolidación económica y la creación de empleo, la igualdad y la cohesión social, la regeneración democrática y el diálogo territorial y la vuelta al corazón de la construcción europea. Pero así como en otras intervenciones había primado más el contenido político, en la de este martes quiso aplicarse a fondo en las medidas de carácter económico y fiscal.

Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país", proclama, partiendo de la base de que para tener justicia social falta "justicia fiscal"

La iniciativa estrella era esta: la presentación, por parte del Gobierno, de un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal "para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales, y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal". "Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país", proclamó, partiendo de la base de que para alcanzar la justicia social es necesario garantizar la "justicia fiscal".

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"¡No tengo ni idea!"

Lo que no habrá es una publicación de la 'lista Montoro'. El presidente, siguiendo la argumentación adelantada el pasado viernes por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que no es posible porque las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Recordó que el propio TC lo dijo en la sentencia por la que anuló la regularización de 2012, y también lo prohíbe la Carta Magna en su artículo 9.3. "Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme", afirmó ante el hemiciclo.

El Gobierno no publicará la 'lista Montoro', porque no puede aplicar la ley con carácter retroactivo y lo que en ningún caso hará es "prevaricar"

El argumento utilizado por el presidente no satisfizo a Podemos —"cumpla con su palabra", le dijo su portavoz, Ione Belarra—, pero tampoco a Ciudadanos. Albert Rivera, de hecho, le acusó de ocultar la lista para proteger a alguien. O sea, "dirigentes socialistas o amigos de los socialistas", deslizó. Sánchez se revolvió: "No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados! ¡Le doy mi palabra! ¡Ni idea! Usted que parece que tiene datos, ¡salga aquí y dígalo, señor Rivera! Yo les puedo garantizar que no tengo ni idea y que lo no voy a hacer es prevaricar".

Las principales medidas de Sánchez

-Prohibición por ley de las amnistías fiscales. 

-Mayor esfuerzo para los "grandes conglomerados empresariales", y garantía de que el impuesto mínimo de sociedades nunca será inferior al 15%. 

-Plan de choque para frenar el paro juvenil. Impulso del contrato de relevo y nueva regulación de los programas para becarios. 

-Incremento del salario mínimo por convenio hasta los 14.000 euros. 

-Plan director contra la explotación laboral. 

-Nueva senda de déficit público, que aprobará este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el viernes el Consejo de Ministros. Sube, para las comunidades, del 0,1% al 0,3% para 2019 (dos décimas más de lo previsto, lo que suponen 2.400 millones de euros más para las CCAA). 

-Actualización de las pensiones conforme al IPC. 

-Impulsar 20.000 viviendas públicas en cuatro años. 

Estos son los pilares del cambio del Gobierno que hoy @sanchezcastejon presenta en el @Congreso_ES👇 pic.twitter.com/J3cW76140L

 

-Ajustar la definición de arrendamiento de temporada para excluir de ellas los pisos turísticos. Elevar la prórroga forzosa de los contratos de alquiler de tres a cinco años y limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que poner para poder alquilar una vivienda. 

-Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Plan Nacional de Integración de Energía y Clima, impulso a las medidas de autoconsumo energético y Plan Integral de Innovación Tecnológica y su desarrollo. 

-Recuperación del diálogo con las comunidades. Análisis "riguroso" de los conflictos competenciales ante el Tribunal Constitucional. 

-Dotar de perspectiva de género a las instituciones. Formación especializada en materia de género para los profesionales de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Combatir la #ViolenciaDeGénero para lograr una sociedad más libre ➡️ objetivo prioritario del Gobierno. pic.twitter.com/u03KYWSvdW

 

-Garantizar de la seguridad de las víctimas de la violencia de género. Refuerzo del pacto de Estado y reforma del Código Penal para los delitos sexuales (si una mujer "dice que no, es que no"). "España debe tener las calles libres de manadas".

-Desplegar el programa VECA contra la pobreza infantil (garantizar las comidas para los niños en riesgo de exclusión). 

-Exhumación de Franco del Valle de los Caídos "en breve". 

- Reforma de los plazos máximos de instrucción aprobados por el Ejecutivo del PP para evitar el riesgo de "impunidad", efecto "especialmente nocivo" en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción. Ello supondría una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). 

-Aprobación del administrador único para RTVE. 

Otras medidas económicas arroparon la iniciativa más simbólica anunciada por Sánchez. Desde el impulso a 20.000 viviendas públicas en cuatro años, la elevación de tres a cinco años de los contratos de arrendamiento, limitar el campo de actuación de las viviendas turísticas para pinchar la burbuja del alquiler, un plan de choque contra el paro juvenil o la proyección del autoconsumo energético. A todas ellas se sumaba la relajación en el cumplimiento del déficit: de las cinco décimas arrancadas a Bruselas, dos (2.400 millones) irán para las comunidades autónomas, las administraciones que soportan el peso del coste del Estado del bienestar.

Tres ejes prioritarios para el Ejecutivo quedaron fuera del paquete económico: memoria histórica —la exhumación de Franco se hará "en breve"—, Cataluña —"dialogar no es ceder, es hacer política"— y violencia de género. En este apartado apeló al fortalecimiento del pacto de Estado y reafirmó la senda de trabajo avanzada por su número dos, Carmen Calvo, hace una semana: "Si una mujer dice que no, es que no, y si no dice que sí, es que no". Una línea similar a la implantada en Suecia. Sánchez no hizo más que recapitular las medidas ya adelantadas por sus ministros en las últimas semanas. La mayor parte de ellas ya eran conocidas.

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"El reloj de política a la hora de España"

Durante su intervención, y también en las réplicas, el presidente utilizó un 'claim' recurrente: el "principal propósito del nuevo Gobierno es caminar junto a la sociedad". "Es poner el reloj de la política a la hora de España", proclamó.

"Ustedes viven del conflicto", lanza a los naranjas, "pero ese cuento se acabó. En esta Cámara hay un Gobierno que no vive del agravio territorial"

Para la oposición, ese reloj no puede estar en hora. Sánchez tuvo que digerir críticas furibundas de PP y Ciudadanos, por el flanco derecho —es más, se recreaba en la contestación conjunta a sus portavoces, Rafael Hernando y Albert Rivera, tratándoles de manera asimilada, como si formaran parte de una misma fuerza—, y también, aunque menos agresivas, de los aliados que hicieron posible la moción de censura.

En realidad, sí existía un cierto hilo conductor en los discursos de PP y Cs. Ambos recurrieron al estribillo de las "hipotecas" y las "facturas" pendientes de pago con sus socios parlamentarios, hasta el punto, dijo el dirigente popular, de que el Ejecutivo cuestiona el pacto constitucional o hace uso de la política penitenciaria como "moneda de cambio". Como tributo al apoyo de "los populistas, los independentistas y los amigos y herederos de ETA". El PSOE, remató, se ha "dejado llevar por la ambición de poder" de su líder, "dispuesto a cualquier cosa con tal de estar ahí sentado". "¡Qué vergüenza que haga equidistancia entre demócratas y golpistas! —exclamó Rivera—. No se lo merece España. Pida disculpas a todos los catalanes".

Tanto Hernando como Rivera denunciaron la política de mano tendida con Cataluña, así como el acercamiento de presos de ETA, y dieron a entender que el Ejecutivo procedería a la progresión de grado o a las excarcelaciones, para escarnio de las víctimas del terrorismo. El presidente consideró "injustos" los reproches lanzados desde la bancada de la derecha en ambas materias. Al PP le recordó que también José María Aznar aproximó a reclusos de la banda, y que en todo caso su Ejecutivo se ajustará a la legislación penitenciaria, y "repensando" la política porque ETA ya ha sido "derrotada" y se ha disuelto. Todos los movimientos que haga el Gobierno se culminarán "públicamente".

"Parece la ultraderecha europea"

"¿Y qué alternativa hay al diálogo? ¿La confrontación? ¿Seguimos en ella? —les respondió a ambos—. Las reacciones al inicio de este diálogo ha dejado ver quiénes viven del conflicto y quiénes queremos deconstruir el conflicto". Él no quiere que la interlocución con Cataluña se convierta en "un ring de boxeo", como entiende que prefieren PP y Cs. Sánchez fue hasta más beligerante con Rivera, convirtiéndolo casi en líder de la oposición, en buena medida porque el PP está descabezado hasta su congreso de este viernes y sábado. "Ustedes viven del conflicto —recriminó a los naranjas—, pero ese cuento se acabó. En esta Cámara hay un Gobierno que no vive del agravio territorial". Por el cruce de ataques, parecía increíble que hace poco más de dos años ambos, Rivera y Sánchez, hubieran firmado un pacto de investidura. "Aquello fue la prehistoria", reconoció el líder del Ejecutivo, quien acusó al jefe de Cs de haber perdido la oportunidad de ocupar el centro para acabar "mimetizándose con el discurso más antiguo, más carca de la derecha española", así que más "parece la ultraderecha europea".

Sánchez reconoce que la crisis catalana se debe resolver "votando", pero sobre un acuerdo de convivencia nuevo, y no sobre la "ruptura"

Cataluña también estuvo presente en las intervenciones de ERC y del PDeCAT, como era también previsible, aunque en un sentido diametralmente opuesto al de PP y Cs. Así, Carles Campuzano, portavoz de los neoconvergentes, avisó al Ejecutivo de que su estabilidad "dependerá, en gran medida, de los soberanistas catalanes". Sus votos "no fueron tan solo para echar al presidente Rajoy", sino para que el diálogo con el Govern de Quim Torra dé resultados "concretos, eficaces y tangibles". No bastan las "buenas palabras". Joan Tardà, de ERC, advirtió de que su grupo no apoyará iniciativas del PSOE si pretende "tomarles el pelo" y no hacer políticas de izquierdas, entre ellas dejar de negar el derecho de autodeterminación.

Sánchez contestó que la crisis catalana "solo se va a poder resolver votando". "La discrepancia está en que nosotros queremos votar un acuerdo", una reforma constitucional y una revisión del Estatut, porque el de 2006, el que votaron los catalanes, fue tumbado parcialmente por el Estatut. "Y ustedes —dijo a ERC— quieren votar una ruptura". Tardà se aferró a la primera parte de la afirmación, al compromiso de que el conflicto exigirá urnas para su resolución. Al apremio de Campuzano de actuar con "audacia", Sánchez prometió que la empleará, pero "en el marco de la Constitución, el gran consenso que une a todos".

Podemos advierte de que no quiere "meros retoques cosméticos" e insiste en la comisión del rey Juan Carlos. Sánchez pide esperar al CNI

Unidos Podemos también avisó de que no tragaría con "meros retoques cosméticos". Lo dijo la representante interina del grupo, Ione Belarra, en sustitución del jefe del partido morado, Pablo Iglesias, y de la portavoz titular en el Congreso, Irene Montero, ambos de baja por su reciente paternidad. Belarra urgió a Sánchez a cumplir su palabra respecto a la amnistía fiscal —cuando prometió, en la oposición, que publicaría la 'lista Montoro'—, y construir mayorías parlamentarias de izquierdas para lo que su grupo tiende la mano. La dirigente también reclamó el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), opción a la que La Moncloa se niega, aunque sí se abre a mejorarlos.

Corinna zu Sayn-Wittgensteiny las actividades del rey Juan Carlos ocuparon minutos en la tribuna. Sacaron a colación el escándalo Unidos Podemos, pero también ERC. El coordinador de IU, Alberto Garzón, volvió a pedir a Sánchez que "rectifique", que no "blinde los espacios oscuros" y "de impunidad" que "quedan en la Constitución". La formación morada presiona para que se constituya la comisión de investigación en el Congreso, y es apoyada por Compromís, PDeCAT y ERC.

El presidente se remitió a lo dicho ayer lunes por su ministro de Fomento y número tres del partido, José Luis Ábalos. Emplazó a sus señorías a esperar a la comparecencia del jefe del CNI, que se sustancia donde debe, en la comisión de Secretos Oficiales. "Lo que hemos dicho es que esperamos a ver las informaciones y declaraciones qué va a hacer Sanz Roldán. A partir de ahí, lógicamente actuaremos".

El grupo que tal vez menos hostilidad y dificultades interpuso fue el PNV, que mostró su "disposición" a entenderse con el Ejecutivo. Eso sí, animó a Sánchez a desprenderse de "complejos" y "moverse", acercando presos de ETA al País Vasco, porque "es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi". "Nadie está pidiendo que se infrinja la ley, al revés, lo que estamos diciendo es ser más audaces, porque los pocos movimientos que hubo y se han dado, con respecto al último Gobierno, han sido hechos por los jueces", subrayó el portavoz 'jeltzale', Aitor Esteban.

Sánchez superaba el envite sin demasiadas complicaciones. Enfrente tiene a un PP aún desnortado —y al que, por cierto, deseó un buen congreso extraordinario—, un Rivera que no acaba de encontrar su lugar, a unos partidos soberanistas también dispuestos a bajar la tensión pero que no renuncian al derecho a decidir y un Podemos que aprieta al Ejecutivo por el flanco izquierdo. Pero el problema del Gobierno es el mismo: puede pasar el examen de los plenos, pero sus 84 diputados le obligan a tejer alianzas en ocasiones difíciles de armar.