Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno prohibirá por ley las amnistías fiscales

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha querido poner a la economía en el centro del plan del Gobierno para lo que resta de Legislatura. En su primera comparecencia monográfica en el Congreso de los Diputados desde que está en La Moncloa [aquí en PDF] ha dedicado la mayor parte de su discurso a los temas económicos. Sánchez ha desgranado las políticas que pretende poner en marcha en los próximos meses, eso sí, si consigue los apoyos suficientes en las Cámaras. La mayor parte de las medidas ya se conocían, pero el presidente se había guardado un anuncio importante: el Gobierno prohibirá por ley futuras amnistías fiscales.

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Sánchez ha asegurado que no sabe quiénes son los amnistiados por Montoro: "No tengo ni idea, se lo aseguro". Eso sí, ha precisado que lo que no va a hacer es "prevaricar", delito que cometería si revelase los nombres de las personas que se acogieron a la regularización. De esta forma, el presidente zanja las preguntas sobre los nombres propios beneficiados por la política de Montoro en un momento en el que se duda sobre la posible participación del rey emérito Juan Carlos.

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El Tribunal Constitucional ya lo había hecho de facto cuando anuló la amnistía del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Ahora Sánchez quiere darle más fuerza con una modificación de la Ley General Tributaria para que no puedan ponerse en marcha futuras amnistías fiscales. El presidente ha reconocido que lo que no podrá hacer es publicar los nombres de los amnistiados por Montoro. "No podemos modificar un pasado sentenciado, pero podemos evitar que haya nuevas amnistías", ha anunciado el presidente.

La reforma de la Ley General Tributaria también se utilizará para modificar la lista de morosos que publica anualmente el Ministerio de Hacienda. El Gobierno quiere que en las futuras listas figuren también los responsables solidarios de las empresas morosas, de modo que los administradores que han provocado ese agujero, también figuren en el listado.

Sánchez también ha anunciado que el Gobierno impulsará un plan para fomentar el empleo entre los jóvenes y mejorar la calidad de los contratos. "La crisis ha dejado damnificados en todas las franjas de edad, pero la huella de esta crisis ha dejado una profunda cicatriz entre los jóvenes", ha reconocido el presidente. Por este motivo, el Ejecutivo quiere poner en marcha este plan de empleo juvenil con el que revisará y promoverá los contratos de relevos y en prácticas para facilitar el acceso al mercado laboral garantizando siempre un contrato digno.

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El Gobierno le 'declara la Guerra' al abuso de la figura del becario en las empresas para cubrir sus necesidades estructurales de plantilla. El Ejecutivo quiere acabar de una vez por todas con este abuso. Para ello impulsará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios. Una de las partes más importantes de esta reforma será eliminar las prácticas extracurriculares de las que tanto han abusado las empresas en los últimos años. Además, creará el Estatuto del becario para garantizar sus derechos por ley, cumpliendo así una de las principales reivindicaciones de los sindicatos.

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Este programa de empleo juvenil reforzará la lucha del Gobierno contra los bajos salarios que afectan especialmente a este colectivo. Sánchez ha informado que pondrá en marcha un plan contra la explotación laboral que "supondrá un cambio de rumbo en las políticas laborales en nuestro país". El Gobierno reforzará la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para combatir el fraude en la contratación y la precariedad injustificada.

Una política del alquiler contra la especulación

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los habitantes de las grandes ciudades españolas es la especulación que se está viviendo en el mercado del alquiler. Para combatir los problemas de vivienda, el Gobierno impulsará un plan de ayuda al alquiler que se centre en los municipios en los que "exista demanda acreditada", esto es, las grandes ciudades.

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Además, Sánchez aumentará la protección de los inquilinos elevando de tres a cinco años la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento. De esta forma, los inquilinos tendrán cinco años para disfrutar de su vivienda antes de que puedan ser expulsados por sus caseros. Una medida que pretende frenar el lanzamiento de inquilinos de sus viviendas alquiladas porque el casero quiere destinarlas al alquiler turístico más rentable o simplemente a disparar el precio.

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El Gobierno también quiere limitar las finanzas adicionales que piden los caseros a sus inquilinos por encima de lo que fija la ley. De esta forma, el Ejecutivo quiere acabar con las prácticas que son cada vez más habituales de caseros que piden varias veces la fianza ordinaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del inquilino. Por último, el Gobierno modificará la definición de los apartamentos de temporada para excluirlos de la Ley de arrendamientos urbanos. De este modo, las viviendas turísticas no tendrán cabida en la ley que regula el resto de alquileres para que tengan sus propios derechos y obligaciones.

Más impuestos para las grandes empresas

Sánchez ha reprochado al anterior Gobierno de Mariano Rajoy que cargó las subidas de impuestos sobre las clases medias y trabajadoras y las pymes. Por ese motivo, los socialistas quieren equilibrar el esfuerzo tributario con una reforma fiscal que afecte especialmente a los "grandes grupos empresariales", como ha repetido Sánchez en numerosas ocasiones en su discurso. "No habrá justicia social sin justicia fiscal", ha sentenciado Sánchez.

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Entre las prioridades del Gobierno está el impuesto a las tecnológicas y al sector financiero. Dos nuevos tributos que ayudarán a financiar el estado del bienestar a partir de 2019. En el caso del impuesto a las tecnológicas, se trata del conocido como 'tasa Google' y que ya estaba elaborando el anterior Gobierno. En cuanto al impuesto a la banca, será un tributo finalista dedicado a financiar a la Seguridad Social.

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Sánchez también ha anunciado una reforma del impuesto sobre sociedades para "que el tipo efectivo de los grandes grupos empresariales se acerque al tipo nominal y que en ningún caso sea inferior al 15%", ha explicado. Actualmente los grupos consolidados soportan un tipo efectivo sobre su base imponible (que incluye beneficios en el exterior) inferior al 10%, mientras que el tipo nominal se sitúa en el 25% (30% para la banca). El objetivo es que la tributación de las grandes compañías se aproxime a este 25% y que, de ninguna forma, sea inferior al 15%.

Queremos que el tipo efectivo de los grandes grupos empresariales se acerque al tipo nominal y que nunca sea inferior al 15%

Por último, el Gobierno impulsará la fiscalidad verde para "desincentivar las prácticas que perjudiquen el medio ambiente". Una reforma fiscal que el Ministerio de Hacienda está elaborando de forma muy cautelosa para evitar que afecte a las clases trabajadoras, a los autónomos ni a las pymes, como ha prometido el presidente.

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Esta reforma fiscal debería servir para cumplir en 2019 la nueva senda de consolidación que ha concedido la Comisión Europea a España. "Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de nuestras cuentas públicas con la recuperación del estado del bienestar", ha explicado Sánchez. Bruselas ha concedido cinco décimas extra de déficit para este año y el próximo, lo que supone una senda de estabilidad "coherente con la evolución económica de nuestro país".