Montoro se frota las manos: la presión fiscal de 2018 será la más alta desde 2007

El bloqueo político al que se enfrenta el Partido Popular en el Congreso ha paralizado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha obligado al Gobierno a enviar a Bruselas un Plan Presupuestario sin cambios de política económica, esto es, con la prórroga presupuestaria. En este plan, el Ejecutivo detalla sus previsiones de ingresos y gastos para 2018, un ejercicio que todavía es exigente desde el punto de vista del ajuste del déficit, ya que España tiene que ajustar su desfase del 3,1% del PIB al 2,2%.

El Gobierno considera que sin cambios de política fiscal y simplemente con las bondades del ciclo económico, el déficit caerá hasta el 2,3% del PIB, un ajuste que se apoya principalmente en el aumento de los ingresos. El Ministerio de Hacienda estima que la recaudación por impuestos y cotizaciones del conjunto de las administraciones públicas aumentará en 18.600 millones de euros (respecto a su estimación para este año). Un incremento que hará que la presión fiscal alcance el próximo año el 34,9% del PIB, la más alta desde 2007 (según la metodología de cálculo de Eurostat). El desplome de la recaudación durante la crisis hundió la presión fiscal hasta el 30,3% en 2009, pero las subidas de impuestos del Gobierno, unidas a la recuperación de la economía, han permitido elevar este indicador hasta el 34,7% en 2017, y subirá otras dos décimas más en 2018.

Hacienda estima que los "cambios normativos", unidos a la recuperación de la actividad económica y la inflación, permitirán que la recaudación crezca más rápido que el PIB. Como consecuencia, la presión fiscal seguirá subiendo y ayudará a cerrar el déficit. Eso sí, si finalmente el Gobierno consigue sacar adelante los Presupuestos para 2018, la recaudación total podría ser mayor, o menor, en función de las medidas impositivas que adopte. La lógica invita a pensar que si quiere aumentar el gasto público para elevar el sueldo de los funcionarios, tendrá que apretar más por la vía de los ingresos para cuadrar el déficit.

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Javier G. Jorrín

El Ejecutivo considera que la recaudación por impuestos y cotizaciones crecerá en 2018 un 4,6%, por encima del ritmo del PIB nominal (PIB real + inflación), que será del 4% según su propio cuadro macroeconómico. El principal motor de la recaudación serán los impuestos directos, en especial IRPF y sociedades, que crecerán un 6%, unos 7.200 millones más que en el ejercicio precedente. La recuperación de los beneficios empresariales y las rentas salariales permitirán tal incremento de la recaudación sin elevar los tipos nominales. Por ejemplo, en el caso del IRPF la recaudación es progresiva, por lo que cuando un trabajador pasa de un tramo a otro más alto, la presión tributaria que soporta sobre su renta es mayor.

El principal motor de la recaudación serán los impuestos directos, en especial IRPF y sociedades, que crecerán un 6%

El Gobierno también maneja unas estimaciones ambiciosas para los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Según sus estimaciones, crecerán en torno a un 4%, esto es, al mismo ritmo que el PIB nominal, un nivel difícil de alcanzar si se compara con las cifras de este año. Según las propias cifras del Plan Presupuestario, los ingresos por cotizaciones crecerán en 6.000 millones en 2017 y en 5.700 millones en 2018, una cifra muy similar pese a que la creación de empleo se va a ralentizar. Sin embargo, si la recuperación económica se asienta en un empleo de más calidad o en una subida de los salarios, las cifras pueden cuadrar.

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El objetivo de ingresos totales que se marca el Gobierno para el próximo año asciende al 38,3% del PIB. Esto es, sumando a la recaudación el resto de recursos procedentes de empresas públicas, precios, tasas, etc., que alcanzarán el dato más alto desde 2014.

Superávit primario

El Ministerio de Hacienda reconoce que para cumplir con el objetivo de déficit en 2018 (del 2,2% del PIB) tendrá que cerrar el año con un superávit primario del 0,4% del PIB, ya que se gastará en intereses el equivalente al 2,6% del PIB. De conseguirlo, será la primera vez que España consiga cerrar un año en superávit primario desde el estallido de la crisis, esto es, que los ingresos públicos sean superiores a los gastos antes de pagar la factura de los intereses de la deuda.

La factura de los intereses ha sido el principal ahorro que ha conseguido el Gobierno desde 2012, gracias a la política de estímulo del Banco Central Europeo, que ha hundido los tipos hasta mínimos históricos en todos los países del euro. Sin embargo, la entidad empezará a retirar sus medidas este año, lo que empezará a pesar sobre la factura financiera del Tesoro. Según las estimaciones del Gobierno, en 2018 tendrá que pagar 31.000 millones de euros, lo que significa unos 400 millones más que en 2017.

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Con el gasto público congelado por la prórroga presupuestaria y el PIB nominal al alza, el resultado es que el peso del sector público sobre el total de la economía seguirá cayendo en 2018. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el gasto será del 40,6% del PIB, lo que significa el dato más bajo desde el año 2007 y estará muy lejos del 48,1% que alcanzó en 2012. El Gobierno advierte en el Plan Presupuestario de que el gasto será mayor si se aprueban los PGE para 2018, que incluirán una subida del sueldo de los trabajadores públicos. Esto significa que, si quiere cumplir con el objetivo de déficit, tendrá que aumentar también los ingresos para cuadrar las cifras, lo que supondrá elevar más la presión fiscal.