Plan contra la explotación en el empleo

El Gobierno inspeccionará las empresas multiservicios para vigilar el fraude laboral

El Ejecutivo pondrá el énfasis de la Inspección de la Seguridad Social sobre las empresas multiservicios para acabar con la externalización de la producción que hunde los salarios

Foto: La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)

Uno de los efectos colaterales de la reforma laboral del Partido Popular fue la proliferación de empresas que externalizaban sus procesos productivos para rebajar los costes laborales. Como los convenios de estas empresas permitían salarios más bajos y menos derechos laborales que los del sector, se convirtieron rápidamente en una práctica habitual para reducir los costes laborales y elevar la precariedad.

El Gobierno ha decidido que la Inspección de la Seguridad Social refuerce su control sobre las empresas multiservicios para vigilar sus condiciones de trabajo. Así figura en el borrador del plan director contra la explotación laboral que aprobará el Gobierno el viernes 20 de julio en el Consejo de Ministros.

Este nuevo plan viene a reforzar el que ya aprobó el Gobierno del Partido Popular hace poco más de un mes y que centrará su esfuerzo en la lucha contra la precariedad en el empleo. Las empresas multiservicios han jugado un papel fundamental en el deterioro de las condiciones laborales, por lo que ahora tendrán a la Inspección encima. Esta pondrá el foco especialmente en las empresas multiservicios antes que en las de trabajo temporal (ETT).

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La inspección de las empresas multiservicios se centrará principalmente en las comunidades autónomas donde la actividad del turismo sea más intensa. Uno de los colectivos a los que el Gobierno prestará especial atención son las 'kellys’, esto es, las camareras de piso. En este sector, los salarios y las condiciones laborales se han hundido gracias a la aplicación de los convenios de las empresas multiservicios y es lo que el Gobierno quiere combatir.

La inspección pondrá el foco especialmente en las empresas multiservicios por encima del control de las ETT

La Inspección de Trabajo vigilará por la aplicación de los convenios del sector. Además, controlará que se sigan utilizando los convenios de empresa anulados por los tribunales. También se realizará un control especial sobre las situaciones de retraso en el pago de los salarios o la vulneración de los derechos laborales de trabajadores subrogados a una empresa multiservicios.

Lucha contra el fraude

El plan del Gobierno contra el fraude laboral también se centra en la economía sumergida que no cotiza a la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo incrementará los controles fuera del horario laboral habitual, especialmente en los sectores en los que la actividad se centra en fines de semana y horarios nocturnos. Es evidente que hay un sector cuyos horarios son muy diferentes del resto: el de la hostelería. Y también es cierto que el fraude en la contratación prolifera en este sector.

Para evitar estas situaciones, la Inspección de Trabajo realizará visitas de inspección en horario especial para localizar empresas que no tengan registrados a sus trabajadores. El Ejecutivo pondrá especial atención en Baleares y Canarias durante los meses de temporada alta para controlar el fraude en estas compañías.

El Gobierno también quiere combatir la proliferación de los falsos autónomos. Para ello, permitirá el cruce de información más ágil entre la Tesorería General de la Seguridad Social, las entidades gestoras y la Agencia Tributaria (AEAT). Este cruce de información servirá para detectar qué autónomos tienen todos los ingresos procedentes de una única compañía y que, pese a ello, no estén contratados como asalariados.

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Una de las campañas más importantes del nuevo plan contra el fraude laboral es la de la contratación a tiempo parcial. En los últimos años se han multiplicado los contratos de jornada parcial involuntarios. Según los datos que maneja el Gobierno, este tipo de contratación afecta a la cuantía de los salarios y a la calidad del empleo, por lo que es una de las causas de la precariedad laboral, especialmente entre mujeres.

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Para evitar esta situación, el Gobierno impulsará la inspección a los sectores que más abusen de este tipo de relación laboral. Entre otras acciones, el Ejecutivo mejorará el tratamiento de los datos individualizados por empresas para que la Inspección de Trabajo pueda localizar las compañías en las que proliferan estos contratos y poder vigilarlas de cerca.

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