firma del iv acuerdo interconfederal

Sindicatos y patronal entregan un cheque en blanco a Sánchez

Sindicatos y patronal firmarán hoy el acuerdo sobre negociación colectiva. La llegada de Sánchez a La Moncloa ha hecho posible el pacto. El presidente tiene las manos libres

Foto: Pedro Sánchez recibe a los agentes sociales en La Moncloa. (EFE)
Pedro Sánchez recibe a los agentes sociales en La Moncloa. (EFE)

Si la negociación colectiva es el termómetro que mide la temperatura de la paz social, es probable que el reciente acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios sea inútil. O, por lo menos, poco eficaz. Entre otras cosas, porque la negociación colectiva se estaba desarrollando con cierta fluidez hasta mayo: 2.148 convenios firmados que afectan a 5,36 millones de trabajadores.

Es más, los propios sindicatos nunca han tenido prisa por firmar un nuevo AENC, conscientes de que el botín (el alza salarial) iba a ser algo más que escueto. Ni la correlación de fuerzas con la patronal les favorecía —por la debilidad del sindicalismo confederal en un contexto de intensa desregulación de las relaciones laborales— ni ayudaba el hecho de que el Partido Popular de Mariano Rajoy —superada la etapa más dura de la crisis— hubiera capitalizado políticamente tres años de paz social en el tajo (hasta 2020).

Prueba de ello es que apenas una semana antes de que la moción de censura saliera adelante —el 22 de mayo—, los sindicatos convocaron movilizaciones en toda España ante las sedes de las patronales. Todo cambió a partir del 1 de junio. La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa abrió un nuevo ciclo político, y lo que antes se negociaba arrastrando los pies, se convirtió de pronto en un asunto prioritario. Y así es como el pasado 25 de junio CCOO, UGT, CEOE y Cepyme firmaron un principio de acuerdo —ver el texto— que hoy será rubricado en público con la solemnidad y la liturgia que corresponden al evento. Un auténtico cheque en blanco para un Gobierno que acaba de nacer.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. (EFE)
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. (EFE)

El acuerdo, como sostiene un veterano experto laboral, es una sofisticada obra de ingeniería lingüística, toda vez que su precisión es algo más que limitada. Establece, por ejemplo, un incremento para 2018 en la parte fija del salario de “en torno a un 2%” (el IPC ha escalado hasta el 2,3% en junio), más una parte variable del 1% (en esto sí es preciso el acuerdo), pero vinculado a la evolución de variables tan difíciles de medir como la productividad, los resultados de la empresa (sin especificar el indicador utilizado), el absentismo ”injustificado” y “otros”.

Ni rastro de una de las viejas reivindicaciones sindicales: la extensión de las cláusulas de revisión salarial en caso de que los precios suban más que lo pactado, y que hoy solo protegen al 21% de los trabajadores con convenio en caso de que el IPC crezca por encima del incremento salarial pactado.

La principal novedad, sin embargo, tiene que ver con un objetivo. El acuerdo insta, no pasa de ahí el compromiso de las partes, a que “de manera progresiva” se establezca un salario mínimo en convenio equivalente a 14.000 euros anuales brutos (por 14 pagas). Una especie de institucionalización del mileurismo.

La cantidad puede parecer exagerada, pero hay que tener en cuenta que estas negociaciones han venido precedidas de un acuerdo entre las mismas organizaciones —con fuerza de ley— para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en los tres próximos años. Hasta los 850 euros al mes por 14 pagas en 2020, lo que supone 11.901 euros al año. Es decir, el tira y afloja entre empresas y trabajadores se limita a 2.100 euros al año (150 euros al mes).

Conflictividad legal

¿Podrá lograrse ese objetivo? Lo que dicen los expertos de Analistas de Relaciones Industriales (Arinsa) es que al utilizar el acuerdo la expresión 'salario mínimo de convenio' se generará mucha conflictividad legal, ya que no existe una misma interpretación sobre qué es cada unidad de negociación.

En todo caso, las empresas siempre estarán protegidas por la posibilidad de acogerse a la inaplicación de un convenio por razones económicas, lo que significa que se trata más de un deseo que de una realidad. Una muestra realizada en su día por CEOE sobre 58 convenios colectivos nacionales que afectaban a más de 4,7 millones de trabajadores mostró que elevar el salario mínimo de convenio a 14.000 euros al año afectaría al 81% de los acuerdos nacionales incluidos en dicha muestra y al 60% de los trabajadores.

Más vaporosa aún es la idea de 'instar' al Gobierno a que realice los cambios legales oportunos para que en convenio se pueda decidir la extinción legal de un contrato por el hecho de que el trabajador haya alcanzado la edad legal de jubilación, siempre que este tenga derecho a la pensión completa. Algunas sentencias del Constitucional hacen descansar este derecho en el trabajador, por lo que difícilmente se puede obligar a alguien a jubilarse si no lo prefiere. En todo caso, lo que parece pretender el acuerdo es rescatar el contrato de relevo con el fin de incentivar la creación de empleo. Algo bien visto por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

El acuerdo interconfederal da poco más de sí. Tanto la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que pretende acabar con los excesos de la subcontratación, como las medidas para favorecer alternativas al despido (mediante reducción de la jornada laboral) son asuntos que AENC tras AENC siguen coleando, lo que explica que veteranos sindicalistas hayan reclamado “una auditoría de los acuerdos confederales”, toda vez que “son muy pocos los contenidos que posteriormente se trasladan a los convenios colectivos”. ¿Derogación de la reforma laboral? Ni está ni se la espera.

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