El Gobierno quiere cambiar el Código Penal: si no hay sí de la víctima, será delito sexual

Un cambio en el Código Penal para que no vuelva a reproducirse otra sentencia como la de La Manada. Eso es lo que tiene el Gobierno socialista en la cabeza: promover una modificación legislativa para que se considere delito sexual todo abuso a una mujer cuando no medie un sí expreso de ella. Así no quedaría al arbitrio de los jueces decidir si hubo o no una agresión sexual. Solo dependerá de si hay o no consentimiento.

[Consulta aquí en PDF el comunicado de Vicepresidencia del Gobierno]

El Ejecutivo toma pues cartas en el asunto, a la vista de la polémica que generó el fallo de la Audiencia de Navarra y las protestas multitudinarias en las calles, que se reiteraron cuando el mismo tribunal decidió conceder la libertad provisional a los cinco condenados por haber abusado de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. Lo anunció este martes la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la Comisión de Igualdad del Congreso. En ella propuso revisar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan "en riesgo" a través de la interpretación de los jueces.

La número dos del Ejecutivo señaló "como lema sustantivo" la máxima de "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no". Es decir, que salvo que una mujer dé su consentimiento expreso, todo lo demás será considerado violación (agresión sexual). "Ahí [en el solo un sí es sí] está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a la persona y su sexualidad", argumentó Calvo, indicando que países como Suecia ya han introducido esta precisión en su legislación, y Alemania "está en ello". En el caso del país nórdico, en el que se inspira el Gabinete de Pedro Sánchez, se considera que todo acto sexual que no es voluntario se considera ilegal.

Calvo dice que no quiere "riesgos interpretativos" y hay que "blindar" la legislación. "Ahí está preservada la autonomía, libertad y respeto a la mujer"

El Gobierno entiende que es necesario mejorar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y para ello incorporará al debate a juristas feministas, "avezadas en perspectivas de género", para poder disponer de una "revisión solvente". "Las mujeres también tenemos derecho como ciudadanas, en un país democrático, a opinar y a proponer reformas que nos sean favorables en orden del cumplimiento de nuestras exigencias y seguridad. No podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra nosotras no se considere así", argumentó.

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En su réplica, la vicepresidenta insistió en que el Gabinete persigue "no correr riesgos interpretativos" y "blindar" así la legislación. "O es un sí claramente o es no y punto, no hay interpretación posible", manifestó, recordando que pese a que una sociedad como la española las mujeres disfrutan de más libertades, siguen existiendo muchos casos de acoso, violación... "Hay mucho que hablar de educación sexual y reproductiva, de educación afectiva".

A la espera de la Comisión de Codificación

En el caso de La Manada, la víctima no dijo nada, consintió por prevalimiento, porque los cinco hombres hicieron uso de su superioridad física y la acorralaron. El fallo, pese a la descripción de hechos probados, consideró que había habido abuso sexual, pero no agresión, puesto que no medió, argumentaba, violencia o intimidación.

"Con el respeto debido a la Fiscalía", el Ejecutivo "reflexiona" sobre cómo puede "acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas", subraya

En resumidas cuentas, la propuesta de Vicepresidencia es que si no hay un sí expreso, será delito contra la libertad sexual. No obstante, desde el Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, explicaban a este periódico que la Comisión General de Codificación "estudia cómo tipificar esos delitos: si cabe mantener la diferencia entre agresión y abuso, matizarla o clarificarla, suprimirla...". "Pero esa diferencia —advertían fuentes del departamento— no está directamente relacionada con la propuesta de Vicepresidencia. El plazo de entrega de los trabajos de la comisión vence el próximo 15 de noviembre, así que antes no vamos a tener solución".

Calvo también se refirió al anuncio que el pasado 22 de junio hizo la portavoz del Gobierno, que el Estado se personaría en los casos de víctimas de delitos sexuales. Apenas tres días más tarde, la Fiscalía emitió un comunicado de dos párrafos, en el que advertía de que la defensa y la tutela de las víctimas está "garantizada" por la intervención del ministerio público en "todos los procedimientos" en los hay denuncia. Es, ha sido y "continuará siendo" la práctica de la Fiscalía "en todos los procedimientos penales", singularmente "respecto de lo que son delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima".

Por eso la vicepresidenta fue muy cuidadosa este martes. "Con el respeto debido y voluntariamente tenido al Ministerio Fiscal", dijo, el Gobierno está "reflexionando" sobre cómo puede "acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas", debido a las situaciones "complicadísimas" a las que en ocasiones se enfrentan, desde que lo son hasta que obtienen una sentencia justa y que les restituye los derechos que les han sido vulnerados. "Mejoraremos en ese ámbito porque la realidad nos demuestra que hay mucho que mejorar para que las mujeres se sientan seguras en un momento trágico que es cuando se han convertido en víctimas", indicó.

Más dinero para los ayuntamientos

Calvo arrancó su intervención este martes en el Congreso recordando la lacra de la violencia machista. El drama constante que no cesa. Quiere que la sensibilización social aumente, y para ello dejará de contabilizar a las mujeres asesinadas por años. Lo hará de forma global, desde que se tienen estadísticas. Como ejemplo, recordó que no es igual el impacto en la conciencia ciudadana de 21 asesinatos en lo que va de 2018 que contar que ya son 945 las mujeres matadas por sus parejas o exparejas desde 2003, a las que hay que sumar 25 menores desde 2013.

A partir de ahora, se proporcionarán cifras globales de mujeres asesinadas desde que hay datos, y no el cómputo anual, para aumentar la sensibilización

El Ejecutivo está decidido a impulsar las 214 medidas contenidas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el pleno del Congreso el pasado septiembre. En él, se preveía una dotación global de 200 millones de euros —consignados ya en 2018 en los Presupuestos del Estado—, 20 de los cuales estarían dedicados a los ayuntamientos. Calvo señaló que el Gobierno hará un "esfuerzo presupuestario" para dotar de mayores recursos en los municipios en la lucha contra el maltrato, para convertirlos en lugares que amparen "rápidamente" a las víctimas del maltrato, al ser la Administración más cercana. Y esos 20 millones de euros son "escasos". El Gabinete toma la decisión con la "total buena voluntad política y personal, en coordinación con las comunidades y los ayuntamientos", y que cristalizará, espera, en la próxima conferencia sectorial, prevista para julio.

En ese sentido, el Gobierno quiere devolver sus competencias a los ayuntamientos, para que estos sean el lugar al que muchas mujeres víctimas puedan acudir, para que sean las instituciones encargadas del auxilio, con políticas sociales "fortalecidas" y dotadas de recursos económicos para adoptar las primaras decisiones.

El Gobierno también trabajará en una futura ley de trata, porque una de las cuestiones "más despreciables" es el "crimen organizado", el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Las cifras son, dijo, "particularmente escandalosas y tristes".

Nuevo rechazo a la gestación subrogada

Los socialistas hace ya un año que resolvieron su debate sobre la gestación subrogada. En el último congreso cerraron por completo esa puerta, y la posición es firme y asentada. El Ejecutivo, lógicamente, la comparte y defiende. Ya lo dijo hace unas semanas Carmen Calvo en una sesión de control, en respuesta a Ciudadanos —que sí defiende la medida—, y lo volvió a repetir en la Comisión de Igualdad este martes, también como réplica a la formación naranja. 

La vicepresidenta reiteró que el Gobierno no tiene intención de legislar sobre esta materia, porque implica que "a costa de los deseos de unos, otros tengan que entregar sus derechos". Y porque el Ejecutivo coincide con lo expresado por el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el Comité de Bioética de España. Tal y como señalan estas tres instituciones, "la gestación subrogada debe prohibirse y no se debe legislar sobre ella". 

📰 @PatriciaReyesCs "El PSOE debe pedir perdón por el daño causado a las familias que han recurrido a la #GestaciónSubrogada"
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La diputada de Cs Patricia Reyes reclamaba al PSOE que pidiera perdón "por el daño causado a las familias que han recurrido a la gestación subrogada" y acusó al Gobierno de no asumir los diversos tipos de familia que existen. 

"El PSOE ha dejado atrás el progresismo del que hacía gala, se ha quedado anclado en el pasado", denunció Reyes, para quien su partido es "la única voz de estas familias". Calvo respondió que no se trata de ninguna libertad ni de ningún derecho.