La Audiencia de Navarra decidirá sobre el guardia civil de La Manada en Sanfermines

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decidirá "en unos días" si mantiene en libertad provisional u ordena el ingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero —por intentar obtener el pasaporte pese a tenerlo prohibido—, después de una maratoniana vista este jueves de cuatro horas y media en la que el procesado ha declarado por videoconferencia desde Sevilla, al igual que nueve testigos. De este modo, Guerrero, condenado junto a otros cuatro integrantes de La Manada a nueve años de carcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento durante los Sanfermines de 2016, permanecerá en libertad a la espera de la resolución.

La decisión se adoptará en los próximos días, según apuntan fuentes judiciales, si bien algunas de las partes implicadas en el proceso concretan que la resolución llegará previsiblemente a mediados de la próxima semana, esto es, en plenos Sanfermines, que se inician este viernes con el chupinazo.

La Audiencia de Navarra ha celebrado este jueves una vista para abordar la petición de la Fiscalía de revocar la libertad provisional de Guerrero, guardia civil de profesión, después de que el integrante de La Manada intentara la pasada semana renovar su pasaporte, a pesar de que tanto él como los otros cuatro procesados tienen prohibido abandonar el país, deben entregar este documento en los juzgados y no pueden obtenerlo en el futuro. El Ministerio Público había solicitado su ingreso en prisión "ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro". También había reclamado que se estudiara si los hechos eran constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

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Guerrero ha llegado solo a la Audiencia de Sevilla, en medio de una gran expectación mediática, apenas unos minutos antes de que comenzara la vista a las 14:00. Antes lo había hecho su abogado, Jesús Pérez. Con posterioridad, han entrado a las dependencias judiciales el padre y la novia del guardia civil. En total, nueve testigos han declarado por videoconferencia dentro de este procedimiento abierto por la Audiencia de Navarra de cara a estudiar el supuesto incumplimiento del guardia civil de las medidas cautelares decretadas para su puesta en libertad provisional. Entre ellos, tres funcionarios de la comisaría sevillana a la que acudió Guerrero el lunes 25 de junio acompañado de su padre, y otros tantos funcionarios del juzgado al que Guerrero acude a firmar los lunes, miércoles y viernes en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas. También han declarado el padre y la novia de Guerrero, y la pareja de su letrado.

La vista, que ha finalizado a las 18.30 sin que se adopte una decisión sobre el futuro inmediato de Guerrero, se ha celebrado en la sala 102 del Palacio de Justicia de Pamplona, la misma que acogió a puerta cerrada el juicio en noviembre del pasado año, con presencia de la Fiscalía y los abogados de la acusación particular que representa a la víctima y del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, personados en la causa como acusación popular. Todos ellos han pedido el reingreso en prisión de Guerrero, medida que ha rechazado su abogado al defender que no se han quebrantado las medidas cautelares impuestas.

Pérez ha venido justificando el modo de proceder de Guerrero alegando que tenía el pasaporte caducado y que fue a "pedir información" por si tenía que renovarlo para entregárselo al tribunal. "Es absurdo pensar que es para salir del país, él no quiere problemas y ha ido por un exceso de celo", afirmó el letrado. Este jueves ha insistido en esta argumentación al término de la vista y ha asegurado que todo se ha debido a un "malentendido". Sin embargo, en contraposición con esta versión, la policía señala en un informe que Guerrero pidió renovar su pasaporte sin aludir al cumplimiento de ningún auto judicial y que entonces saltó la alerta en el sistema de que no podía hacerlo al pesar sobre él la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial, entre otras medidas.

A este respecto, los funcionarios de la oficina del DNI que atendieron a Guerrero han ratificado ante la Audiencia de Navarra que el miembro de La Manada acudió a sacarse el pasaporte y no a hacer consultas, según ha asegurado el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa. "No consultó nada sino que simplemente quiso sacarse el pasaporte", ha aseverado el letrado, que entiende que "hay motivos suficientes para revocar el auto de libertad provisional y que tenga que ingresar en prisión". Según ha expuesto, el riesgo de fuga "se ha visto incrementado" por la actuación del guardia civil, cuya versión —ha remarcado— es "diametralmente opuesta a la versión de los funcionarios".

Los funcionarios de la oficina del DNI de Sevilla que atendieron a Guerrero han ratificado que acudió a sacarse el pasaporte y no a hacer consultas

Ahora, una vez escuchadas las diferentes partes, la sala deberá decidir si son creíbles las explicaciones aportadas por Guerrero o, por el contrario, atiende al criterio de la Fiscalía y las acusaciones de que ha tratado de burlar las medidas cautelares impuestas y que, por lo tanto, debe reingresar en prisión provisional.

La Audiencia de Navarra acordó la pasada semana convocar a Guerrero para este jueves 5 de julio, el día previo al inicio de los Sanfermines, después de recibir la información que había solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la oficina de Pasaportes y DNI de Tablada, en Sevilla, sobre el intento de Guerrero de obtener el pasaporte. En la providencia, fechada el pasado jueves 28 de junio, la sala reclamaba información "de inmediato" y con todo tipo de detalles sobre la actuación del miembro de La Manada. Incluso llegó a pedir explicaciones de por qué la comparecencia de Guerrero "no fue puesta de inmediato en conocimiento de este tribunal" a pesar de que los hechos, de los que tuvo conocimiento a través de un tuit de la Policía Nacional, habían tenido lugar tres días antes.

La sala también deberá abordar los recursos de súplica presentados por la Fiscalía y las diferentes acusaciones contra el auto que decretó la puesta en libertad provisional bajo finanza de 6.000 euros de los cinco jóvenes sevillanos. La sala decidió excarcelar a los procesados de manera provisional a la espera de que la sentencia sea firme con el voto favorable de los magistrados Raquel Fernandino y Ricardo González, y el rechazo del presidente de la sala, José Francisco Cobo, que emitió un voto particular discoforme con la decisión. Según sostuvo, es “razonable y proporcionada” la prórroga de la prisión provisional "de manera incondicional" por otros dos años y seis meses hasta cumplir la mitad de la condena, el máximo permitido por la ley, ante la "indiscutible gravedad" del delito y para proteger a la víctima. Los recursos a la puesta en libertad serán abordados una vez concluyan los Sanfermines.

Filtración de datos de la víctima

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ ) ha solicitado información complementaria al informe sobre la filtración de datos personales de la víctima en la sentencia de la Audiencia de Navarra que condenó a los integrantes de La Manada a nueve años de prisión. La Comisión Permanente ha informado que ha acordado este jueves por unanimidad retirar del orden del día el punto relativo al informe presentado por la vocal Victoria Cinto, a la que se encomendó la tramitación, con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ, de las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de mayo para determinar si se había producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Este organismo considera "necesario recabar información complementaria antes de adoptar una decisión" sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos.

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El informe provisional de conclusiones aprecia “un funcionamiento irregular en materia de protección de datos” por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda. Por ello, la Comisión Permanente ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para "conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido". También se requerirá al Ejecutivo foral que informe "si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración de datos personales de la víctima en el proceso judicial seguido ante la Sección Segunda".

Igualmente, reclamará información de los "contenidos concretos de la formación sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la carrera judicial y letrados de la Administración de Justicia en esa comunidad, y solicitará la entrega de los materiales formativos". Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra que explique "cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron".