Moncloa critica la libertad de La Manada y defenderá a las víctimas de delitos sexuales
El Ejecutivo resalta que una sentencia condenatoria "siempre es peligrosa" porque el penado es "proclive a la fuga". Considera que a través de la Abogacía del Estado puede ayudar a las víctimas
El Gobierno socialista no comparte en absoluto la libertad provisional de La Manada, una decisión de la Audiencia de Navarra que ha vuelto a soliviantar a la sociedad después de que la sentencia en sí misma fuera controvertida al considerar que la víctima, una joven que en los Sanfermines de 2016 tenía 18 años, sufrió no una violación, sino un abuso sexual con prevalimiento. Por eso el Ejecutivo está dispuesto ahora a estudiar de qué forma la Abogacía del Estado puede personarse como parte en la defensa de las víctimas de delitos sexuales.
La portavoz de Pedro Sánchez, la titular de Educación, Isabel Celaá, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros de este viernes cuál es la posición del Gabinete. El Gabinete socialista, como punto de partida, "respeta" las resoluciones judiciales, pero también entiende que este caso es especial, porque se han probado hechos "gravísimos".
⚪#LaManada El Gobierno respeta las decisiones judiciales pero se hace eco de la alarma social generada y trabaja para la protección de las mujeres #CMin
— La Moncloa (@desdelamoncloa) 22 de junio de 2018
"El Gobierno se hace eco de la alarma y preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger, necesita proteger y va a proteger". "No todos los casos son iguales, y este es uno particularmente diferente", sobre el que el Ejecutivo se siente especialmente "sensibilizado". "Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado", enfatizó Celáa, remarcando así que la víctima no consintió los abusos y sí fue violentada.
En el Ejecutivo precisan que en el caso de La Manada ya no será posible personarse porque hay una sentencia, pero sí se hará en futuras ocasiones
La ministra portavoz recordó que el Gobierno de Navarra ha anunciado un recurso contra la decisión de la Audiencia, pero el Ejecutivo de Sánchez no es una parte "legitimada". Aunque Celaá sí subrayó durante su comparecencia ante los medios que la Abogacía del Estado "puede salvaguardar el interés de la víctima" de La Manada, posteriormente fuentes del Gobierno precisaron que ya no será posible la personación en este proceso porque hay un fallo (aunque no sea firme), pero sí se estudiará para futuros casos.
Desplegar el pacto
El Ejecutivo, dijo Celaá, trabaja por la seguridad de las mujeres y las jóvenes de este país. Y quiere "protegerlas". Por eso entiende que "la regla de oro general" es que un reo esté en prisión condicional y se le mantenga, sobre todo si pesa sobre él un fallo condenatorio de nueve años, como ocurre con La Manada, hasta que cumpla, al menos, "la mitad" de la pena.
El Gobierno estudiará la modificación del Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual
Además, una sentencia condenatoria "siempre es peligrosa" porque puede hacer que el recluso sea "proclive a la fuga". La Audiencia de Navarra justificaba la libertad provisional porque apreciaba que no había riesgo de reiteración delictiva ni de escape, porque carecen de medios para procurarse una huida eficaz.
Además, el Ejecutivo está trabajando en la aplicación y despliegue de las medidas urgentes del pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese sentido, valoró que ya esté tramitándose una proposición que busca aportar formación de género a los operadores jurídicos. Y está encima de la mesa la propuesta de modificar el Código Penal en lo relativo a la tipificación de los delitos sexuales.
El Gobierno socialista no comparte en absoluto la libertad provisional de La Manada, una decisión de la Audiencia de Navarra que ha vuelto a soliviantar a la sociedad después de que la sentencia en sí misma fuera controvertida al considerar que la víctima, una joven que en los Sanfermines de 2016 tenía 18 años, sufrió no una violación, sino un abuso sexual con prevalimiento. Por eso el Ejecutivo está dispuesto ahora a estudiar de qué forma la Abogacía del Estado puede personarse como parte en la defensa de las víctimas de delitos sexuales.
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