Qué permite la primera ley de eutanasia que se abre paso en el Congreso

España puede ser dentro de unos meses uno de los escasísimos países del mundo que tenga regulado el derecho a la eutanasia. Puede sumarse a la corta lista que encabezan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y el estado australiano de Victoria. Por ahora el Congreso de los Diputados solo ha dado un primer paso, el prólogo de una larga tramitación parlamentaria, pero al menos cuenta con un aval de partida muy poderoso: el respaldo de todos los grupos, salvo el PP.

Este martes solo llegó eso: la toma en consideración de la proposición de ley que el PSOE registró hace poco más de un mes, cuando ni siquiera atisbaba la posibilidad de regresar al Gobierno. Pero el texto va camino de convertirse en uno de los emblemas de esta segunda parte de la legislatura, una de las prioridades del presidente Pedro Sánchez: la aprobación, en palabras de la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, de una iniciativa "sumamente garantista" que contempla "el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento" de personas que padecen una enfermedad grave e incurable o una discapacidad severa crónica. La proposición, pues, reconoce un derecho subjetivo, individual, que sería incluido dentro de la cartera del Sistema Sanitario de Salud (SNS) como una prestación básica, universal y gratuita.

Pero, ¿qué recoge el texto admitido a trámite este martes en el Congreso por 208 votos a favor, 133 en contra —los de PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias— y una abstención (Coalición Canaria)? ¿Cómo es el proceso diseñado por el PSOE para ayudar a morir al paciente que lo solicite?

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¿Es lo mismo eutanasia y muerte digna?

No son conceptos idénticos, aunque lógicamente sean conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Ello, defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo... y también consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados.

El Congreso ya estaba tramitando una ley de muerte digna de Cs. También otra de despenalización de la eutanasia, pero la del PSOE es más completa

El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos. La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal. La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y que no demanda cambios en el citado artículo 143. Es decir, a día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida.

El Congreso está tramitando ya una proposición de ley de muerta digna presentada por Ciudadanos y que se tomó en consideración por la práctica unanimidad de la Cámara (solo la rechazó el PNV) en abril de 2017. En junio, Podemos defendió su enmienda de totalidad, que pretendía incluir la regulación de la eutanasia. En aquel momento, ya con Sánchez de vuelta en el poder del PSOE, Ferraz se negó a dar apoyo a esa propuesta de los de Pablo Iglesias, porque entendía que era un debate paralelo y que no se debía mezclar. Por eso se comprometió a redactar su propia propuesta de eutanasia, que fue la que registró en mayo y la que se admitió a trámite este martes por el pleno del Congreso con la única oposición de PP, UPN y Foro Asturias y la abstención solitaria de CC. Todos los demás grupos, incluido Ciudadanos, respaldaron la toma en consideración.

En mayo pasado, el Congreso también aprobó la admisión a trámite de una proposición de ley llegada del Parlament de Catalunya que recogía únicamente la despenalización de la eutanasia, un texto que solo fue rechazado por PP, Foro, UPN y CC y que contó, entonces sí, con la abstención de los naranjas. Aquella iniciativa autonómica no detallaba todo el proceso que media desde que un paciente enfermo incurable o discapacitado gravemente demanda que se le asista para poder morir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como recordaban este martes grupos como Ciudadanos, exige que no se despenalice esta práctica si no hay un marco jurídico completo. Esa fue la razón esgrimida por los de Albert Rivera para cambiar el sentido de su voto. De la abstención de mayo al sí de junio.

En el suicidio médicamente asistido, el médico indica al paciente qué fármaco debe ingerir por sus propios medios para morir. Este supuesto es legal en Suiza (y en algunos estados de EEUU) y ha generado un cierto 'turismo de la muerte'.

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¿Quiénes pueden pedir ayuda para morir?

La proposición del PSOE, en su artículo 5, tasa los requisitos que han de reunir aquellos que demanden esa prestación. Solo puede administrarse en dos supuestos: padecer una enfermedad grave e incurable (la que origina "sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio", con un "pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva") o bien una discapacidad grave crónica (una invalidez generalizada, sin que existan "posibilidades fundadas de curación".

La propuesta de ley socialista solo permite la prestación para los enfermos graves e incurables o los pacientes con discapacidad severa crónica

Además, el solicitante ha de ser mayor de edad y plenamente consciente en el momento de la solicitud, tener la nacionalidad española o residencia legal, disponer de toda la información del proceso y de las alternativas y haber solicitado de manera voluntaria y por escrito ayuda para morir (y que esta no sea resultado de una "presión externa"), petición que ha de repetirse al menos una ocasión más con una separación de 15 días naturales. La eutanasia no se podrá realizar "sin que hayan transcurrido, al menos, 15 días naturales desde la última solicitud".

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¿Cómo ha de cursarse la petición?

La solicitud de la prestación de ayuda para morir, dice la proposición de ley (art. 7), ha de hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el peticionario. Si este se encontrase impedido para rubricarlo, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá "fecharlo y firmarlo en su presencia", y este autorizado deberá mencionar el hecho de que quien demanda la asistencia no puede hacerlo por sus propios medios.

Hará falta que el médico actuante consulte a otro facultativo y reciba el visto bueno de una comisión de control. El proceso dura al menos 32 días

El documento habrá de suscribirse en presencia de un profesional sanitario, que también lo rubricará. El escrito se incorporará al historial clínico del paciente. El solicitante podrá revocar su petición en cualquier momento o pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

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¿Se puede denegar la solicitud?

Sí. El médico responsable puede rechazarla motivadamente y, siempre que no sea producto de la objeción de conciencia a la que tiene derecho el facultativo, la persona solicitante, o sus familiares, en el plazo de cinco días hábiles pueden presentar una reclamación ante la comisión de control y evaluación encargada de vigilar todos estos procesos eutanásicos.

¿Hará falta una segunda opinión?

Sí. El médico actuante —el encargado de prestar la ayuda para morir— deberá consultar con otro facultativo que no forme parte de su equipo y que sea competente en el ámbito de las patologías sufridas por el paciente. Este segundo doctor deberá examinar al solicitante y estudiar su historia clínica y corroborar que cumple con todos los requisitos en un plazo máximo de diez días. Ha de redactar un informe, del que se dará cuenta al peticionario.

Además, el médico responsable, antes de practicar la eutanasia, ha de ponerlo en conocimiento de la comisión de evaluación y control para que realice la vigilancia previa.

¿En qué consiste el control previo?

Una vez que la comisión de control y evaluación recibe la comunicación del médico actuante, ha de designar (art. 15), en los dos días siguientes, a dos de sus miembros (un facultativo y un jurista) para que comprueben, con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, si "concurren los requisitos y condiciones establecidos". En un plazo máximo de siete días, estas dos personas han de emitir un informe y si su decisión es desfavorable a la solicitud, cabrá la opción de recurso ante la misma comisión.

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¿Cómo se practica la eutanasia?

En los casos en los que se tenga la plena conformidad, el médico actuante asistirá al solicitante hasta el momento de su muerte, o bien prescribirá al paciente la sustancia que cause el fallecimiento para que se la pueda autoadministrar. En este último supuesto, el facultativo habrá de quedarse hasta el final para la "debida tarea de observación y apoyo" (artículo 10). Así, el PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final.

El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días.

¿Y qué ocurre después?

Practicada la eutanasia, y en el plazo máximo de cinco días hábiles después de esta, el médico responsable debe remitir a la comisión de control y evaluación de su comunidad autónoma, como dice el artículo 13, dos documentos separados e identificados. El primero ha de recoger los datos del paciente, del facultativo que prestó la ayuda y de los demás doctores consultados. El segundo, ha de contener el sexo y edad de la persona peticionaria, la fecha y lugar de la muerte, la descripción de la patología sufrida, el procedimiento seguido por el profesional o el tiempo transcurrido desde la primera y la última solicitud hasta el fallecimiento del paciente.

¿Pero qué son las comisiones de control?

La proposición establece que habrá una comisión de control y evaluación en cada una de las comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla. Y serán creadas por acuerdo de los respectivos gobiernos autonómicos, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. Cada uno de estos órganos colegiados deberá disponer de un reglamento de orden interno, elaborado y aprobado por el Ejecutivo regional respectivo.

Los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, y la prestación sería universal, gratuita y administrable en la casa del paciente si lo desea

Los miembros de las comisiones están obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales de pacientes, profesionales o familiares y allegados.

¿Los profesionales pueden objetar?

Sí, así lo recoge el artículo 12 de la proposición socialista. Los sanitarios implicados en el proceso tienen ese derecho. La Administración autonómica creará un registro de profesionales objetores de conciencia, que tendrá por objeto facilitar la información necesaria al Ejecutivo regional para que este pueda "garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir".

¿Es una prestación gratuita?

Sí. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y será de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio personal del solicitante. La eutanasia, por tanto, se podrá practicar en centros públicos, privados o en la vivienda del paciente si este así lo desea, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el lugar donde se realiza. Para asegurar la igualdad en toda España, el Consejo Interterritorial del SNS deberá elaborar un manual de buenas prácticas con unos "contenidos mínimos y comunes que sirva para orientar en la correcta puesta en práctica" de la ley.

Una tramitación larga

El de este martes solo fue el primer paso formal de la tramitación de la proposición socialista de ley de eutanasia. La toma en consideración. Ahora la iniciativa será enmendada de los grupos -ya lo anunciaron varios durante el debate- y esos cambios serán discutidos en ponencia y comisión. También, antes de su vuelta a pleno, pueden comparecer expertos, si así lo acuerdan los grupos, para que expongan su visión de la norma. 

Una vez que el Congreso apruebe el texto, la iniciativa viajará al Senado, donde se repetirá el trámite de ponencia, comisión y pleno. El PP tiene allí mayoría absoluta, y podría decidir el veto de la proposición. En ese caso, la Cámara Baja tendría que levantar ese bloqueo con mayoría absoluta o, al cabo de dos meses, por mayoría simple. 

En el debate estuvo presente la titular de Sanidad, Carmen Montón, quien lógicamente mostró su apoyo a la iniciativa. La dirigente ofreció su ministerio para "limar diferencias técnicas" y "buscar el consenso político y social entorno a esta norma".

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 El @Congreso_Es decide tramitar la regulación de la eutanasia. Un derecho del siglo XXI.#LaÚltimaLibertad pic.twitter.com/uDpzrgh5U5

 

"Hay que decir que la sanidad española ha trabajado durante muchos años por la vida de las personas y contribuido a su bienestar. Ahora también trabajará por garantizar la dignidad hasta el último momento, en una situación inasumible para los pacientes", apuntó la ministra, para quien "la lucha por la dignidad en la muerte y por la propiedad de la vida" es en el marco en el que "se mueve" esta ley, informa Europa Press. Montón afirmó que se dará "seguridad jurídica y garantía médica". 

🏛️Aprobada en el #pleno del @Congreso_Es la toma en consideración de nuestra proposición de ley para la regulación de la #eutanasia. Los socialistas seguimos avanzando en la consolidación de derechos y libertades.#LaÚltimaLibertad pic.twitter.com/nFDVTKLNQL

 

Se trata, en definitiva, de dar una respuesta a "casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible y un deterioro sin esperanzas, que hace que estos ciudadanos y ciudadanas quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir", en palabras de la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra. "Es su último deseo, su último derecho y su última libertad: morir bien"