La ley de eutanasia del PSOE pasa su primer trámite en el Congreso con el rechazo del PP

La ley de eutanasia es una de las medidas estrella del nuevo Gobierno socialista. La iniciativa ya salió de la sala de máquinas del partido cuando ni siquiera la cúpula podía prever que iba a alcanzar La Moncloa tan pronto, y ya entonces le confirió una gran relevancia, por tratarse de un paso adelante en la posición del PSOE, tradicionalmente más refractario a legislar sobre una cuestión más compleja. Era, pues, una propuesta nítidamente identificada con Pedro Sánchez. Y él ha querido situarla entre sus prioridades. La semana pasada su grupo decidió que se debatiera la toma en consideración de su proposición de ley este martes, y el pasado domingo el presidente del Gobierno aseguraba que haría todo lo posible para que la medida estuviese aprobada definitivamente para el final de la legislatura.

Lo tiene al alcance de la mano, dada la mayoría parlamentaria con la que cuenta, como se comprobó este martes. El pleno del Congreso debatió la admisión a trámite de la iniciativa —la toma de consideración—, el primer trámite, y no hubo apenas escollos. En la tribuna solo se opusieron el PP y su socio electoral en Navarra, UPN, cuyos dos diputados se integran en el Grupo Mixto. Todos demás, incluido Ciudadanos, se manifestaron a favor de que se regule un nuevo derecho. El resultado de la votación fue rotundo: 208 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias), 133 en contra (PP, UPN y Foro) y una abstención (Coalición Canaria). Ahora el texto pasará a ponencia, comisión y pleno para recibir enmiendas, y de ahí viajará al Senado, y si este introduce cambios, habrán de ser ratificados o tumbados por la Cámara Baja posteriormente.

Es "una buena ley", un "avance legislativo del siglo XXI", una proposición "sumamente garantista" que "contempla el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento". "Regulemos la última libertad, el último derecho", clamó Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista, una prueba más de la importancia que el partido y el Gobierno confieren a este texto.

El PSOE defiende que es un texto "sumamente garantista" que "contempla el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento"

La proposición de ley del PSOE no solo se encarga de despenalizar la eutanasia —que era el objeto de un texto admitido a trámite en mayo y remitido por el Parlament de Catalunya—, sino que pretende regular todo el proceso de solicitud de la práctica por el paciente, el control médico y todas las garantías necesarias para que se lleve a término. El proceso completo, tal y como lo contempla el texto socialista, que ahora sufrirá cambios vía enmiendas, duraría un total de 32 días, desde la petición del enfermo hasta su ejecución. La iniciativa reconoce un nuevo derecho efectivo e individual, el de las personas que se hallan en determinadas condiciones y quieren recibir ayuda para morir anticipadamente. Esa sería una prestación cubierta por la sanidad pública, por el Sistema Sanitario de Salud (SNS). Tendría un carácter, por tanto, universal y gratuito.

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Los dos supuestos de aplicación de la ley

Los supuestos en los que un paciente puede solicitar la eutanasia son dos: enfermedad grave e incurable ("la que origina sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que el paciente considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva") o discapacidad grave crónica (cuando una persona está afectada por una invalidez de manera generalizada, sin que existan opciones "fundadas" de curación). La decisión de solicitar la prestación de la ayuda para morir ha de ser, se explicita, una "decisión autónoma" e informada.

Para el PP, hablar de eutanasia es "reconocer una derrota política, médica, profesional y social ante un enfermo", un fracaso no dar "otra salida"

El médico actuante (el encargado de aplicar la eutanasia) ha de comprobar que el solicitante cumple todos los requisitos y consultar con otro facultativo que no forme parte de su equipo, y este deberá corroborar que se cumplen las condiciones en un plazo máximo de diez días. El médico ha de asegurarse que han transcurrido al menos dos semanas entre el día en que se firmó la última solicitud y el día en que se practica la eutanasia. Antes de la ejecución de la ayuda, lo pondrá en conocimiento de la comisión de evaluación y control autonómica para que realice el control previo. Una vez practicada la eutanasia, el facultativo responsable deberá remitir, siempre según la iniciativa del PSOE, dos documentos separados a la comisión de control, uno con los datos del paciente y del médico y otro con las circunstancias de la muerte y la patología sufrida por el solicitante.

"Presentamos esta proposición desde el respeto a la dignidad, a la libertad y a la autonomía de la voluntad de esas personas cuya única perspectiva actual es sufrir y desean poner fin a su calvario. Son casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible y un deterioro sin esperanzas, que hace que estos ciudadanos y ciudadanas quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir. Es su último deseo, su último derecho y su última libertad: morir bien", defendió Lastra.

Los socialistas encontraron el acompañamiento de toda la Cámara, excepto del PP. Su portavoz, Pilar Cortés, señaló que hablar de eutanasia es "hablar de fracaso profesional ante la enfermedad y la muerte. Es reconocer una derrota política, médica, profesional y social ante un enfermo [...]. Es un fracaso que no seamos capaces de ofrecer otra salida que no sea la de morir". "Hay alternativas", abundó Carlos Salvador, el representante de UPN, que advirtió de que quien acabará reclamando esta práctica serán los "más débiles y desahuciados de la sociedad".

Cambio de voto de Cs

Para los populares, reconocer el derecho supondrá que "la eutanasia irá ganando peso a la medicina", puesto que existe el "riesgo" de que se acabe aplicando involuntariamente. Según Cortés, la iniciativa es "irresponsable" porque en los países en los que se ha regulado esta práctica decrece la inversión en tratamientos paliativos y del dolor. La diputada cargó contra Ciudadanos por apoyar el texto: "Para ser de centro hay que estar centrados, y han decidido no estar centrados en esta norma".

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La formación naranja, en efecto, explicó su voto a favor: el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permite, dijo el diputado Francisco Igea, que se despenalice la eutanasia si no hay un marco legal que conduzca todo el proceso. "No nos vamos a esconder en la lucha por la libertad", defendió el parlamentario, quien no obstante señaló las deficiencias que él, como médico que es de profesión, aprecia. No cree, por ejemplo, que sea suficientemente "garantista". Para Cs, aunque no se oponga a esta iniciativa, es más importante que llegue a buen puerto su texto, ya muy avanzado, sobre muerte digna. Los de Albert Rivera habían cambiado su voto respecto a mayo, cuando el Congreso admitió a trámite la proposición del Parlament de Catalunya sobre despenalización de la eutanasia. Entonces se abstuvieron, y este martes votaron sí.

El apoyo más entusiasta que obtuvo el PSOE fue el de Unidos Podemos. Nada sorprendente, porque el grupo morado ya había presentado su propia redacción hace un año, cuando los socialistas lo rechazaron alegando que la eutanasia merecía un tratamiento diferenciado al de muerte digna. No obstante, como especificó la diputada Eva García Sempere, esta ley es un "magnífico punto de partida", aunque necesite, a su juicio, ciertas correcciones. Unidos Podemos no cree, por ejemplo, que el principio rector de la propuesta sea "el sufrimiento". Ha de serlo la "libre voluntad", la autonomía del enfermo para decidir acabar con su vida. "No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice 'no puedo más y en el camino me quedo". Los morados no están de acuerdo con "tanto control previo".

El PNV, por boca de su diputado Joseba Agirretxea, hizo mucho hincapié en que no se puede "legislar a la ligera", en que los anclajes jurídicos de la norma, cuya filosofía los nacionalistas comparten plenamente —"no podemos cerrar los ojos y no ver, hacer que algo no existe"—, han de ser "férreos, sin espacio para la ambigüedad", de suerte que haya "garantías" para los pacientes y para el personal sanitario. "Compasión y garantías", convergió Joan Olòriz, de ERC, quien celebró que el Congreso emprenda de nuevo el camino de la "libertad y el compromiso", sin hacer más caso a "dilaciones y tacticismos".

También enfatizó la necesidad de "afinar el texto" Lourdes Ciuró, del PDeCAT, para proporcionar todo tipo de "garantías". "Cualquier creencia, cualquier prejuicio queda salvado, puesto que se legisla para toda la ciudadanía", remarcó. Un cierre que se aproximaba al de Lastra, que en su intervención pedía que se olvidasen los "prejuicios morales y religiosos" para sumarse al avance en materia de derechos que supone, a su juicio, esta ley.