Sánchez reclama pactos nacionales para 2050 a pesar de no forjar ninguno en 2021

A Pedro Sánchez le gusta lanzar propuestas de grandes pactos. Este pasado jueves, lo hizo de nuevo. En la presentación del informe 'España 2050', un exhaustivo, profuso y vasto documento con el que dibuja el horizonte de dentro de 30 años, reclamó un "gran diálogo nacional" para abordar las reformas que necesitan los españoles, si lo que desean es vivir mejor que ahora. A la espera de la concreción sobre el formato o las formas de ese "gran diálogo", el presidente del Gobierno intenta colocar en el futuro las expectativas que necesita el presente. No hay pactos en la actualidad, al menos pactos de ese calado tan ambicioso, pero el mandatario socialista aspira a que los haya "a largo plazo", que más o menos es el subtítulo del plan.

La prospectiva que recoge el informe ha generado en partidos de distinto signo reacciones similares. Fuentes de una formación que a menudo se alía con el PSOE en el Congreso lamentan que el Gobierno se regodee en "programas de máximos" cuando la urgencia para España radica en "las transformaciones cotidianas". En declaraciones a El Confidencial, y tras remarcar la coincidencia con los "grandes retos", estas fuentes parlamentarias ponen el acento en que las medidas deben acometerse cuanto antes. "Reducir el tiempo de trabajo o proceder a una transformación sostenible de la sociedad son objetivos que hay que hacer ya, en 2021, no para 2050", resumen.

En varios diputados de formaciones de izquierdas, esta es la sensación común. Mejor plantear propuestas para ya que propuestas para dentro de 30 años. Mejor luchar por acuerdos ya que por acuerdos a mitad de siglo.

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Fuentes de la dirección del PP, en línea con las críticas públicas de su líder, Pablo Casado, quien ha tachado el documento de "insulto", reprochan un acto más de Sánchez destinado a "vender humo". En opinión de estas fuentes, Moncloa debe dedicarse a la "España real de 2021". "Los españoles se merecen un Gobierno que se ocupe también del presente, y que tenga un rumbo claro", aseguran.

Así que a izquierda y a derecha la apelación al "diálogo nacional" del presidente se ha difuminado incluso antes de ser escuchada. Tiene que ver la respuesta de la oposición con el descrédito que el líder socialista crea en la opinión pública, de acuerdo con los datos del último barómetro del CIS. Sánchez atraviesa una época de máximos de desconfianza, en niveles superiores al 70,5%. La pandemia está magullando su imagen. La del presente.

Precedentes de propuestas que se evaporaron

El presidente del Gobierno propuso el 14 de abril de 2020, en plena pandemia, una propuesta política con la que obligó al resto de partidos a bailar al compás que quería. Ofreció unos nuevos Pactos de la Moncloa, ni más ni menos, y reeditar así el espíritu de negociación y cesión que consagró la Transición. Consciente de la situación económica y social a que el coronavirus abocaba al país, buscó el respaldo de sus adversarios para soportar holgadamente la coyuntura del corto plazo, que asustaba: economía estancada, empleo congelado, desánimo social por doquier. Dos semanas más tarde, en el Congreso, se creaba la Comisión para la Reconstrucción, cuyo dictamen fue aprobado en julio. Contenía una serie de medidas para la protección y desarrollo de ámbitos como el sanitario, el internacional o el económico.

Aquella comisión se ha ido diluyendo en la memoria parlamentaria con el paso del tiempo, un año después. Quedan para el recuerdo la trifulca de Pablo Iglesias con Iván Espinosa de los Monteros y su "cierre al salir", y también el hartazgo del presidente de ese órgano de vida efímera (duró dos meses), el socialista Patxi López, quien en varias ocasiones tuvo que pedir orden y calma porque sus señorías se daban monumentales guantazos dialécticos durante unos días en que los ciudadanos seguían encerrados en sus casas. De la comisión salieron rumbo al pleno del Congreso cuatro dictámenes: sanitario, europeo, económico y social.

PSOE y Unidas Podemos, más algunos aliados parlamentarios habituales, hicieron piña en casi todos los documentos, mientras PP y Cs tanteaban el consenso en unos y practicaban la disidencia en otros. Menos Vox, que se desmarcó de todo, los grupos intentaron un gran pacto aquí. Sin embargo, el dictamen con las medidas sociales fue rechazado. Es verdad que el Partido Popular se adhirió al de Europa y al relativo a la sanidad, pero apenas logró rédito. El dictamen global, aprobado a finales de julio tras una serie de rocambolescas votaciones, pasa los días en un cajón y en la web de la Cámara, escondido. Lo que empezó como un llamamiento a los Pactos de la Moncloa versión 2.0 ha acabado como un ejercicio de melancolía.

Contexto actual para un gran pacto futuro

Antes del 4 de mayo, el presidente vivía en un fabuloso clima electoral. Había conseguido que su candidato en Cataluña, el exministro Salvador Illa, ganara los comicios del 14 de febrero y en las encuestas el PSOE aventajaba al PP en 10 puntos. Su partido era el dominante en el territorio de la izquierda, a la vez que en el opuesto, la derecha, Vox echaba el aliento en la nuca de los populares. Pero llegó la fallida moción de censura contra el Gobierno de la Región de Murcia y la lección que de eso extrajo Isabel Díaz Ayuso: la convocatoria de unas elecciones en la Comunidad de Madrid para evitar que Ciudadanos le hiciera lo mismo. Una campaña incomprensible y dos meses después del órdago de la presidenta madrileña, Sánchez está a las puertas, si no dentro, de una dinámica electoral derrotista.

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Al revés del 4-M se ha unido una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta, consecuencia de una crisis no menor, la de la diplomacia con Marruecos: 8.000 personas llegaron en dos días a la costa de la ciudad autónoma. El colapso fue tal que el presidente, el pasado martes, compareció de urgencia en la Moncloa para recalcar su compromiso con la integridad territorial, viajar acto seguido a las ciudades y lanzar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que desplegaron contingentes para frenar la oleada.

Asimismo, la economía española, a pesar de que en algunos parámetros comienza a recuperarse, está a la espera de la llegada de los más de 70.000 millones de euros del 'pack' completo de 140.000 previstos para los próximos siete años. Que el dinero de la UE riegue el tejido productivo es clave para iluminar adecuadamente el futuro. Nada parece tan importante como esa inyección económica, y sin embargo ni el Gobierno ni su alternativa, el PP, se han puesto de acuerdo en cómo canalizar la inversión y en cómo acometer su seguimiento. El líder del PP, en una entrevista en este medio, dejó claro que no piensa dar su apoyo a los planes de distribución que ha tejido el Ejecutivo. Es más: los populares, en el Congreso, se han organizado entre ellos para vigilar el itinerario de los millones europeos.

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La esperanza en la recuperación económica crece a la vez que crece el ritmo de vacunación, organizado en virtud de un plan en el que tampoco reina el consenso. El Congreso, hace unas semanas, aprobó la creación de una subcomisión para examinar la velocidad y el reparto poblacional y territorial de las vacunas, pero aún no ha visto la luz. Y el PP desconfía de la euforia de Sánchez al respecto, porque considera que no es mérito suyo, sino de Europa.

En un escenario así de presión migratoria, vacunación contra el covid-19 y expectativas de recuperación económica y social, el presidente protagonizó este jueves un acto con boato y oropel al que acudieron las cuatro vicepresidentas, las presidentas del Congreso y del Senado, el vicepresidente de la Comisión Europea y numerosos empresarios de la primera línea del Ibex.

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Delante de todos ellos, Sánchez anunció que abrirá un proceso de "gran diálogo nacional" para analizar las propuestas del plan 'España 2050'. "Este es un proyecto de Estado y todo el país debe formar parte del mismo", añadió antes de zanjar: "Sentémonos a dialogar, a conversar; unamos voluntades y decidamos qué España queremos tener dentro de 30 años".

Contexto actual sin pactos

El Congreso ha aprobado este jueves la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que no es un tema menor. El arco parlamentario casi al completo, pues solo se ha salido Vox del acuerdo, ha dado su visto bueno al texto tras su paso por el Senado.

El respaldo es una noticia en el ambiente político actual, polarizado y crispado. Ni siquiera en plena crisis migratoria el pleno ha vivido una jornada tranquila. Este miércoles, sin ir más lejos, Sánchez y Casado tuvieron un agrio enfrentamiento por la gestión del embate marroquí, "desafío", en palabras del jefe del Ejecutivo. El líder del PP afeó las decisiones diplomáticas y el presidente le acusó de ser "desleal".

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Así están las relaciones entre los dos favoritos para gobernar España a partir de 2023, si es que esta es la fecha de las próximas elecciones generales. La idea de Sánchez, por el momento, es agotar la legislatura. Por el momento. La idea de Casado consiste en esperar el desgaste del líder socialista mientras rearma el ideario de su partido y engrasa la maquinaria orgánica en las provincias y en las comunidades autónomas. A la vez que manejan las estrategias electorales, que es tarea propia de sus respectivos equipos, ambos tienen la responsabilidad de forjar grandes pactos, lo que no se vislumbra, a tenor del estado de ánimo de la política española.

Por ejemplo, en el ámbito económico, todos los puentes están rotos. El Ejecutivo quiere reemplazar el modelo laboral actual, del PP, y apuesta por uno fiscal de puntuales subidas impositivas, lo que los populares rechazan de plano. Por no hablar del sistema de distribución de los fondos europeos, sobre lo que ni siquiera hay conversaciones, a pesar del llamamiento que recientemente efectuó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. En lo social, a excepción de la normativa sobre la infancia, se atisban cuestiones peliagudas, como las tramitaciones de la llamada ley del 'solo sí es sí' o la renovación del pacto de Estado contra la violencia machista.

En el terreno judicial, el bloqueo es la característica y el patrón. El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se encuentra en funciones desde hace más de dos años. Parecía que PSOE y PP lo tenían arreglado el verano pasado y se distanciaron; parecía que lo tenían solucionado a primeros de año y llegaron las elecciones catalanas; parecía que estaba la cuestión allanada este mes de mayo, tras el 4-M en Madrid, y Casado anunció en El Confidencial que o los jueces elegían a gran parte de los vocales del CGPJ o nada de nada. La situación en el Tribunal Constitucional también es alarmante, pues toca renovar plazas de magistrados sin que las discrepancias queden aparcadas.

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Además de la imposibilidad de pactos, están las suspicacias en el Congreso, lugar por excelencia para el diálogo. Las relaciones de los partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, son alambicadas, aunque la marcha de Pablo Iglesias parece que juega a favor de la distensión, justo el estilo de Yolanda Díaz. Además, las relaciones con los aliados de izquierdas, desde ERC a EH Bildu, pasando por el BNG, caminan entre altibajos.

El problema no es el plan

Una docena de ejes estructura el informe 'España 2050', de 676 páginas. Reorganizar las prestaciones sociales, una reforma fiscal hacia una mayor capacidad recaudatoria, la apuesta por la inmigración legal, atracción de talento extranjero, modernizar la Administración pública, un desarrollo sostenible, apoyo integral a la innnovación, la educación y el empleo, la igualdad y el acceso a la vivienda... Todos estos son los vectores más destacados, bajo los que se enumeran una miriada de propuestas y muchísimos datos, tanto actuales como prospectivos.

Por ejemplo, la población de entre 16 y 64 años podría reducirse hasta 2050 en 3,7 millones de personas. O este: de no adoptar medidas contundentes contra el cambio climático, las sequías en España podrían afectar al 70% del territorio nacional. Hay más: el 88% de los residentes en España vivirá en grandes ciudades dentro de 30 años, al tiempo que la demografía en los núcleos rurales se reducirá a la mitad; los centros escolares podrían perder 800.000 alumnos hasta 2050, y el saldo migratorio podría ser de 191.000 personas al año en esa misma proyección temporal.

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El informe plantea propuestas variopintas, como la necesidad de reducir la ingesta de carne o de contener el consumo en general, ya que más de la mitad de la población cambia ahora de móvil a pesar de que el que tienen sigue funcionando. O "fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en el reparto de las ganancias de productividad derivadas de la tecnificación de los sistemas productivos". O "facilitar la participación e inversión de las plantillas en la robotización y digitalización de sus empresas, siguiendo la filosofía de los emprendimientos de carácter cooperativo y vinculados a la economía social". Respecto a la fiscalidad, el estudio plantea pasar de una recaudación del 35% del PIB (media 2015-19) al 37% en 2030, al 40% en 2040 y al 43% en 2050.

En resumen, el estudio, ajustado a patrones ambiciosos de prospectiva, abarca las múltiples capas sociales e institucionales para trazar caminos hacia un país mejor, sin que por ello se obvien advertencias apocalípticas, como la probable incidencia de epidemias o catástrofes naturales.

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El acto del jueves en Madrid, de algún modo, justifica la creación de la Oficina de Prospectiva y Estrategia a Largo Plazo, que se encuadró en el organigrama del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, lo que, por cierto, no es nuevo, ya que Adolfo Suárez auspició un organismo similar, como el propio informe recuerda al principio.

Por otro lado, el listado de eminencias académicas que ha participado en el proyecto demuestra la potencia de esta iniciativa para el presidente. Fedea, el Real Instituto Elcano, un sinfín de universidades, incluidas extranjeras, organismos públicos y autonómicos... En fin, expertos de lo más granado. Una élite.

"Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina". Esta cita de Séneca abre el documento. Recoge la filosofía del Gobierno y de su presidente, quien ha capitalizado el acto y, con ello, se ha arriesgado a que le acusen de politizarlo. Se trataba de enseñar y explicar el mapa para la prosperidad del futuro. Sánchez quiere compartirlo con los partidos y la sociedad civil. De él depende que así sea. De él depende que no acabe como aquella Comisión para la Reconstrucción cuyo dictamen, de más de 130 páginas y más de 100 propuestas para el futuro, lucha contra el olvido.