Objetivo: aumentar la presión fiscal ocho puntos (hasta el 43% del PIB) en 2050
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ESPAÑA 2050, EL DOCUMENTO

Objetivo: aumentar la presión fiscal ocho puntos (hasta el 43% del PIB) en 2050

Las 676 páginas de 'España 2050' tratan de forma preferente la fiscalidad y la productividad. En ambos casos, para reforzar el papel del Estado como asignador de recursos

placeholder Foto: Un negocio cerrado en Madrid. (EFE)
Un negocio cerrado en Madrid. (EFE)

Una buena terapia exige con carácter previo un buen diagnóstico. Y el documento presentado por el Gobierno (676 páginas) dedica la mayor parte a hacer una radiografía de los males que padece la economía española, algunos de carácter histórico. Sin ocultar, por supuesto, los avances que se han producido en los últimos 40 años en términos de renta per cápita, ensanchamiento del estado de bienestar o reducción de la desigualdad gracias a las políticas públicas (fiscalidad o cotizaciones a la Seguridad Social).

Entre esas insuficiencias históricas se encuentra el diferencial que tiene España en términos de recaudación respecto a la media de la UE. Y es por eso por lo que se propone pasar de una recaudación fiscal del 35% del PIB (media 2025-19) al 37% en 2030, al 40% en 2040 y al 43% en 2050.

Foto: Pedro Sánchez, en una imagen de esta semana. (Reuters)

Las medidas que se proponen para lograr ese objetivo son las siguientes.

Impuesto sobre la renta. Lo que se propone es que de aquí a 2050 se reconsideren las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas. Igualmente, se dice, si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas, habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos. Por ejemplo, se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (ej. aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.

Impuesto de sociedades. Se pretende racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional. La reforma, sostiene el documento, debe reducir todo lo posible las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales del impuesto sobre sociedades que acaban sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles. En el ámbito internacional, se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países. Si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE (Marco Inclusivo BEPS), España, dice el Plan 2050, debería impulsar en la UE la implantación del sistema de base imponible común consolidada del IS, además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en el impuesto de sociedades.

Foto: El jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, conversa con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE) Opinión

Patrimonio y sucesiones y donaciones. Lo que se propone, con el objetivo de eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, es elevar la tributación efectiva del capital, hasta situarla en línea con los países de la UE, reforzando su contribución a la progresividad del sistema. En este sentido, se propone replantear el papel del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan, se asegura, el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país.

Impuestos especiales. Se propone elevar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE; creando un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.

Fraude fiscal. Se plantea reducirlo hasta situarlo, al menos, en línea con el de los países más avanzados de la UE-8. El reforzamiento continuo de los instrumentos en la lucha contra la economía sumergida, la elusión y la evasión fiscal, y la creciente utilización de paraísos fiscales, debe ser una línea de acción prioritaria.

La clave de bóveda de todo el documento de Moncloa es el empleo, que es, junto al capital, lo que explica los avances de la productividad. Y España, dice el documento, sigue teniendo hoy un nivel de productividad considerablemente inferior al de sus vecinos europeos. Dándose incluso la paradoja de que, en España, la productividad del trabajo tiende a crecer más cuando se destruye empleo, mientras que, en las economías más avanzadas, el empleo crece a medida que lo hace la productividad.

Se propone elevar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo

Esto significa que somos capaces de generar menos riqueza y oportunidades que otros países de nuestro entorno, algo que está comprometiendo el desarrollo de todo el país y que explica los menores salarios, las jornadas laborales más largas y la baja competitividad de muchas de nuestras empresas. Se estima que, de aquí a mediados de siglo, la población española de entre 16 y 64 años podría reducirse en 3,7 millones, situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996), incluso si se logran mejoras en la tasa de natalidad y se integran a cientos de miles de inmigrantes cada año. Esto significa que, en ausencia de mejoras de productividad, esta contracción de la fuerza laboral podría hacer que nuestra economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que nos alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

El avance de la productividad también se ha visto condicionado por la normativa laboral. Por un lado, el diseño de los contratos temporales, que facilita su uso generalizado para trabajos de naturaleza indefinida, ha contribuido a elevar la temporalidad y la precariedad laboral, desincentivando la formación de nuestra población ocupada. Por otro, las deficiencias de las políticas activas de empleo han limitado la reinserción de las personas desempleadas, elevando el paro de larga duración y evitando el aprovechamiento de una buena parte de nuestra fuerza laboral. El último factor clave para entender la baja productividad de España son las particularidades de nuestro tejido empresarial, derivadas, en gran medida, de los cuatro factores transversales señalados hasta el momento (capital humano, innovación, tecnología y marco regulatorio). Entre esas particularidades destacan: la elevada presencia de empresas pequeñas y la escasez de empresas medianas.

Es por ello que se propone reducir el porcentaje de población joven que abandona la escuela de forma prematura del 17% actual al 3% en 2050. Si se consiguiese ese objetivo, la tasa de desempleo estructural podría reducirse entre 1,4 y 1,9 puntos, y la productividad del trabajo podría aumentar entre el 7,7% y el 11,1%.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Innovación. Es un asunto clave para la economía. Y lo que se propone es una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de la situación económico-financiera de la empresa receptora de las ayudas, además de un incremento de las ayudas directas siempre que sea necesario para el éxito del proyecto. Igualmente, se propone mejorar las condiciones de mercado en los préstamos bonificados, la simplificación de los procedimientos de acceso a las ayudas a la inversión y a los préstamos, así como una mayor transparencia sobre su concesión. En este sentido, lo que se propone es potenciar la investigación científico-tecnológica en las universidades y su transferencia al tejido productivo. Para ello, plantea aumentar considerablemente los recursos que el sistema universitario español destina a la investigación; poner en valor la participación en proyectos de I+D en la carrera académica; reducir en número y aumentar en potencia las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI); apoyar la creación de 'spin-offs' y 'startups' universitarias, y fomentar la creación de consorcios entre las universidades, los centros de investigación, el sector privado y las administraciones públicas, con personalidad jurídica propia.

Fomento empresarial. Se pretende fomentar el desarrollo de fuentes de financiación empresarial alternativa a la bancaria, con especial foco en la inversión en capital riesgo en ámbitos estratégicos, que facilite el desarrollo de proyectos tanto en sus fases iniciales como en las de crecimiento y expansión. El objetivo sería elevar el porcentaje de esta financiación hasta los niveles de la UE-8 en 2050. Para ello, se propone la creación de un Fondo Nacional de Capital Riesgo público-privado, cuya dotación de capital público sirva como palanca de captación de capital privado, a efectos de generar una masa crítica de financiación lo suficientemente elevada como para cubrir proyectos de envergadura. En este sentido, una iniciativa interesante es la incubadora Green Tech lanzada por Francia en 2016 que, siguiendo la filosofía arriba indicada, se encarga de proporcionar financiación temprana a 'startups' que llevan a cabo “innovaciones verdes”.

Sector público. En este caso, el objetivo es institucionalizar una cultura de evaluación de políticas públicas (utilización de los recursos y eficacia de las medidas) y de rendición de cuentas por parte de todas las administraciones, siguiendo el ejemplo de países como Reino Unido o Países Bajos. Además, se quiere completar la digitalización de las administraciones públicas de modo que la práctica totalidad de los trámites puedan hacerse de manera remota, homogeneizando los sistemas de acceso digital a todas las administraciones y sin menoscabo de mantener la atención presencial donde se requiera. Reduciendo, al mismo tiempo, la complejidad y el tiempo de respuesta en las gestiones y trámites burocráticos. Por último, se propone adaptar los sistemas de acceso a la función pública, reformando el contenido y la naturaleza de las pruebas selectivas actuales para garantizar que el conocimiento, las competencias y la trayectoria del candidato o candidata se ajustan a las necesidades de cada momento.

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