El Gobierno busca limitar al CGPJ para que no haya nombramientos en funciones

El PSOE y Unidas Podemos han registrado conjuntamente una proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) cuando haya caducado su mandato. El objetivo es que no se puedan realizar nombramientos mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones, como ocurre en la actualidad. Este viernes se cumplen dos años desde que caducó su mandato. La intención de ambos grupos es que esta iniciativa, para modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial mediante la introducción de un nuevo artículo, se debata de forma exprés, antes de que finalice el año, incluyéndola dentro del cupo de iniciativas de los socialistas en el pleno del 15 de diciembre sin lectura única y habilitando el mes de enero para su aprobación definitiva en febrero. Fuentes del grupo socialista califican de "fraude democrático" que el PP utilice el bloqueo "para alargar una mayoría absoluta que ya no existe en el Parlamento desde 2015".

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La iniciativa, que se plantea en plenas negociaciones entre el Gobierno y el PP para sacar adelante la renovación del CGPJ, se justifica para acabar con la "anomalía" de que un órgano caducado pueda tomar decisiones importantes, algo que podrían hacer otras instituciones como el Congreso o el Gobierno. Al mismo tiempo, supondría un mecanismo para evitar nombramientos mientras se sigue extendiendo la negociación o, bien, mientras se tramitase la reforma del CGPJ propuesta por el Gobierno —si no hay un acuerdo previo con el PP para la renovación—. De hecho, el Gobierno teme que la renovación del CGPJ se retrase a después del 14-F. Desde el PP insisten en que es necesario que socialistas y morados retiren su reforma para facilitar el acuerdo.

De momento, la reforma sobre el sistema de elección no se ha retirado, pero tampoco se solicitará en la próxima Junta de Portavoces su inclusión en el pleno del próximo 15 de diciembre, por lo que seguirá aparcada. Se solicitará, por tanto, la toma en consideración de esta última propuesta para limitar las funciones del CGPJ mientras está en funciones, con el objetivo de que "se apruebe cuanto antes". Fuentes de los grupos impulsores reconocen que esta nueva iniciativa es un paso e, incluso, "un avance". Mientras se estudia la reforma, por la complejidad del sistema de elección, se da prioridad a la tramitación de esta iniciativa. Se aumenta además la presión sobre los populares. De este modo, el Gobierno rectificaría respecto a su iniciativa de modificar la elección por mayoría simple del Congreso, aunque sigue estudiando alternativas.

La intención pasa por llevar esta iniciativa al pleno del 15 de diciembre y habilitar el mes de enero para conseguir su aprobación en febrero

Quedarían, así, excluidas con esta propuesta de modificación facultades del CGPJ, como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, tampoco se podrán nombrar los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la lnspección de Tribunales.

"Partiendo de que lo deseable será siempre que la renovación del CGPJ se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato, debe, no obstante, preverse un régimen jurídico completo y adecuado para cuando tal circunstancia no se dé. La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano", recoge la iniciativa en su exposición de motivos. En base a ello se justifica "la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato".

Las atribuciones del CGPJ en funciones se limitarían, según la introducción en la ley del Poder Judicial de un único artículo (570 bis), a la selección de jueces y magistrados; resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados; ejercer la alta inspección de Tribunales; cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales; garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial; ejercer su potestad reglamentaria en distintas materias (publicidad de las actuaciones judiciales, publicación y reutilización de las resoluciones judiciales, habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública, constitución de los órganos judiciales fuera de su sede, régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales, organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional).

Otras de las funciones, según se recoge en el articulado propuesto, tienen que ver con la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio; colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia; recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia; elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente ley orgánica; proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales; emitir informes en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia; recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales y elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561.

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El PSOE tiene congelada otra iniciativa para reformar el CGPJ con mayoría simple en segunda votación a la espera de llegar antes a un acuerdo con los populares. Tanto desde Justicia como desde el propio Gobierno aseguran que el acuerdo está prácticamente cerrado, a la espera de que lo ratifique el partido liderado por Pablo Casado. Sin embargo, estos últimos niegan que se vaya a producir de forma inminente. Tanto desde el grupo socialista como desde el de Unidas Podemos habían puesto como fecha límite para volver a poner en marcha esta reforma mediados de diciembre. Se trata del plazo para el cupo legislativo del PSOE, en el que tendrían que poner en marcha esta reforma o bien retirarse.

Sin el pacto con el PP, se tramitaría la reforma legal con la mayoría absoluta que también facilita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, además, se pondría en marcha una renovación que sin los populares permitiera la entrada de vocales propuestos por ERC, PNV o Bildu, como ya adelantó este diario. Este mecanismo, complementario a la reforma del Ejecutivo para modificar las mayorías en el sistema de elección, impediría nombramientos durante la tramitación de dicha reforma, aunque previsiblemente se retiraría.