Moncloa, dispuesta a retirar o reformular la reforma del CGPJ para facilitar el pacto

Cuando el 22 de octubre, en plena moción de censura, el presidente del Gobierno aprovechó uno de sus turnos de palabra para dirigirse al PP y anunciar que paralizaba su reforma del Consejo General del Poder Judicial, blanco de duras críticas y de la censura de Europa, como gesto a los populares para tratar de reconducir la negociación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, no contaba con que el PP alargaría su resistencia.

Pedro Sánchez habló aquel día desde el Congreso de los Diputados. "Le anuncio que vamos a detener el reloj de la reforma del CGPJ para poder llegar a un acuerdo con ustedes", lanzó entonces. Los populares consideran que no es suficiente y desde hace semanas reclaman un paso más firme para cerrar un hipotético acuerdo. La retirada completa de la amenaza de reducción de la mayoría necesaria para sacar adelante la renovación prescindiendo del partido de Pablo Casado. Moncloa está dispuesta a dar ese paso y retirar o reformular la propuesta para facilitar el acuerdo, informan fuentes gubernamentales.

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El próximo mes de diciembre será clave. Desde el Gobierno, se tiene la percepción de que la nueva oportunidad para la renovación comienza a concretarse. Pese a que los equipos negociadores no han entrado aún a estudiar candidatos concretos, comienzan a circular las primeras quinielas para la presidencia. Tres magistrados las encabezan: la magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Pilar Teso, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, y el presidente, Juan José González Rivas.

El deseo del Ejecutivo es que se logren avances antes del Día de la Constitución. Se ha fijado como objetivo que la actual situación no se alargue mucho más allá del próximo 4 de diciembre. Ese día, el CGPJ que preside Carlos Lesmes se convertirá en el que ha permanecido más tiempo en funciones, por encima del que dirigió en su día Francisco José Hernando, que permaneció activo entre 2001 y 2008. Se cumplirán los dos años.

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El PP, sin embargo, no ve ni fácil ni rápida la solución. Mantiene una resistencia evidente que no duda en expresar su presidente, Pablo Casado. En una reciente entrevista realizada por la Cadena COPE, negó que el acuerdo de la Justicia esté a punto: "En absoluto. Lo llevo diciendo tiempo y creo que la gente empieza a entender por qué. No estamos obligados a hacer una renovación institucional de cualquier manera. He pedido que se haga entre los dos primeros partidos, sin Podemos —que está imputado, que ataca al Rey, que quiere a los batasunos y que ataca al poder judicial—, y que haya una despolitización de la elección de los vocales. Y no solo no lo aceptaron sino que registraron una reforma para rebajar las mayorías", indicó rotundo.

Pese a todo, dejó una rendija abierta. "Les pido que lo retiren y que cumplan esas condiciones", indicó, y añadió que si están "en esa fase", ellos cumplirán su obligación de renovar. "Y si no lo hacen, iremos hasta el final del procedimiento en la Comisión de Venecia, y recuerdo que un ataque al Estado de derecho puede poner en riesgo los fondos europeos", lanzó.

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Poca paciencia

Por su parte, altos cargos del Ejecutivo han evidenciado en los últimos días que su paciencia tiene un límite y que no confían en el PP. "Desgraciadamente, hace ya tiempo que dejó de ser un partido que tiene palabra", espetó la vicepresidenta Carmen Calvo a preguntas de 'El Periódico'. Reconoció que no quieren empezar el año sin los deberes ya hechos y se mostró dispuesta a esperar a los populares solo "lo razonable y justo".

Una retirada completa de la polémica propuesta dejaría al PP sin argumentos para negarse a cumplir el mandato constitucional, opinan las fuentes consultadas, que también se abren a amoldar la proposición a las reivindicaciones de los de Casado y abrir la posibilidad de una elección mixta del cupo de jueces (en las Cámaras, pero de un listado votado por magistrados) como la que proponen los populares de cara a las futuras renovaciones.