El CGPJ congela los nombramientos pendientes como antesala de la renovación

El Consejo General del Poder Judicial no entorpecerá las negociaciones en ciernes para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En la antesala del tercer intento de renovación, el CGPJ ha decidido no abordar la tercera ronda de nombramientos para cubrir distintas vacantes que tenía previsto realizar en el próximo pleno de la última semana de noviembre. Los nombramientos son precisamente una de las piedras en el zapato del Gobierno y su reactivación en septiembre levantó las iras del Ejecutivo y fue uno de los principales motivos para lanzar la propuesta de ley que trataba de forzar un cambio en el organismo sin la concurrencia del PP.

Ahora, sin necesidad de anuncio expreso sobre la cercanía de un pacto, que parece aproximarse en algunos momentos y alejarse en otros, el Consejo renuncia a echar más leña al fuego. Además de la constancia de que los dos principales partidos tratan de alcanzar un acuerdo, el Consejo ha tenido en cuenta otros factores. Fuentes jurídicas apuntan que las plazas más urgentes ya han sido cubiertas en las dos anteriores reuniones. Señalan además que aquellas que aún quedan pendientes generan menos consenso que las anteriores. El presidente, Carlos Lesmes, no está dispuesto a forzar nuevos nombramientos sin que exista un apoyo casi absoluto por parte de los vocales con al menos 19 de los 20 votos.

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Esa fue precisamente la característica principal de las dos anteriores rondas. En el pleno de septiembre, los vocales aprobaron con amplias mayorías nombramientos clave para el TS. Con su decisión, se cubrieron tres vacantes en la Sala de lo Penal del alto tribunal y las presidencias de tres salas del tribunal de garantías. La elección tuvo lugar en plena batalla en contra del Gobierno, que trató hasta el último momento de paralizar que saliera adelante.

Un mes después, en el pleno de octubre, el CGPJ continuó con los nombramientos que tenía previsto realizar, pese a la posibilidad de una pronta renovación del órgano una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado la paralización de los trámites de la reforma dirigida a rebajar las mayorías para desbloquear la actual situación, con los vocales en funciones desde diciembre de 2018. Logró un amplio consenso para llevar a cabo todos los nombramientos, entre ellos, los de los presidentes de los TSJ de Baleares y Cantabria y el de la Audiencia Provincial de Ourense.

Las plazas

En noviembre, no sucederá lo mismo. Queda paralizada a la espera de la renovación la cobertura de las presidencias de los TSJ de Canarias y del País Vasco. Tampoco se votarán distintas presidencias de Sala de TSJ, una plaza de magistrado de lo Social en el Supremo, vacante por el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana, ni las presidencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de lo Social de los TSJ del País Vasco, de Castilla y León y de Asturias, de lo Contencioso del TSJ de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.

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Pese a las reticencias que muestra el PP, el Gobierno tiene puestas sus esperanzas en lograr sacar adelante un acuerdo antes de que acabe el año. Fuentes consultadas apuntan que el Ejecutivo ya estudia una de las últimas exigencias de los populares, que, además de vetar la elección de vocales a propuesta de Podemos, quiere que el Gobierno haga un gesto adicional y retire de forma definitiva la proposición que reducía la mayoría necesaria en las Cortes para aprobar la elección de los vocales del turno de jueces. La iniciativa levantó durísimas críticas y la oposición de Europa. La atención se centra así en las dos primeras semanas de diciembre. Lo ideal para los de Sánchez sería alcanzar un pacto antes del Día de la Constitución, pero la posibilidad de pacto presupuestario con Bildu ha enfriado los ánimos de los populares.