Aumentan las presiones a Casado para la renovación del CGPJ

El pasado 12 de octubre la ministra de Defensa, Margarita Robles, coincidió en los actos de la Fiesta Nacional con el líder del PP, Pablo Casado, y ante algunos testigos le insistió en la necesidad de pactar cuanto antes la renovación de las instituciones, empezando por el Consejo General del Poder Judicial del que ella formó parte hace años. "No puedo", le repitió varias veces el líder del PP dejando claro que mantenía el bloqueo. Dos semanas después, ese 'no puedo' se ha convertido en un 'quizá'. Fuentes populares reconocen que el acuerdo está más cerca aunque avisan que aún queda mucho por hacer.

Tras el puente de la Hispanidad llegó la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos rebajando la mayoría necesaria para nombrar vocales del CGPJ, las suspicacias desde Europa, el aluvión de críticas al Gobierno por emprender esa reforma y la moción de censura en la que Casado parece haber emprendido otro camino, dirigido al centro y enfrentado a la radicalidad de la ultraderecha de Vox. Y también ha llegado el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bloqueado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la espera de que el PP vuelva a negociar lo que ya estaba a punto de pactar con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Las críticas y, sobre todo, la presión desde Europa han forzado el bloqueo de la reforma, aunque el Gobierno advierte que no es definitivo y que, si el PP persiste en su posición, la volverá a activar en el Congreso de los Diputados. Pero Casado mantiene la misma posición: no habrá acuerdo si participa Unidas Podemos en el acuerdo y si no hay un compromiso para reformar el sistema de elección, lo que el PP llama "la despolitización de la Justicia".

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El Gobierno explica que, una vez aceptado el bloqueo de la proposición de ley, es posible llegar a un acuerdo en breve. Para eso aceptaría que, una vez renovado, se creara una comisión que estudiara la reforma futura del sistema de elección. Hay que tener en cuenta que la propuesta del PP registrada en el Congreso para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales no entraría en vigor en esta renovación. En julio estaba casi cerrado el acuerdo sobre un nuevo sistema de elección en el que se mantuviera la última palabra del Congreso y el Senado, pero que haya una elección previa por parte de los jueces y magistrados para que, sobre esa lista reducida, las Cortes elijan los 12 vocales de origen judicial.

La otra opción para salvar el escollo del PP sería hacer propuestas por cada partido con posibilidad de veto para un número limitado, de tal forma que puedan descartarse a candidatos que puedan entenderse como más próximos a Unidas Podemos. Según el Gobierno, esa condición es imposible de cumplir porque en la lista de juristas y, sobre todo en la de jueces, no es fácil distinguir a los de procedencia progresista que sean más próximos al PSOE o a Unidas Podemos.

Algunos dentro del PP entienden que facilitar la renovación del CGPJ es la forma de diferenciarse de Vox como partido de Estado

Además del episodio anecdótico de Robles, Casado ha recibido en las últimas semana presiones de todo tipo para que acepte negociar la renovación. Dentro de su partido ya había dirigentes que consideraban insostenible la situación, casi dos años después de caducar el mandato. Entienden que es la forma de diferenciarse de Vox como partido de Estado y dar consistencia al discurso de moderación de Casado en el Congreso. Otros, no obstante, entienden que hacerlo justo después del debate de la moción de censura podría dar lugar a que se interpretara que su posición consiste en "repartirse cargos", como le dijo Abascal desde la tribuna del Congreso.

El ministro Campo y Enrique López, responsable de Justicia del PP, no han dejado de tener contacto permanente, aunque esté bloqueada la negociación. Y fuentes del Gobierno no descartan que, en los próximos días, Sánchez contacte con Casado para intentar un acuerdo. Haya o no comunicación entre ambos, solo la luz verde de los líderes de los dos partidos dará pie a que se redoble de nuevo los contactos en vistas a un pacto que las dos partes admiten puede estar cercano.

Lo que rechaza Moncloa es que el acuerdo sea parcial, es decir, referido solo al CGPJ o a las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional. Entienden que debe incluir todas las instituciones, como el Defensor del Pueblo, que lleva tres años en funciones. Respecto a las dos primeras instituciones existe ya un camino marcado por la anterior negociación frustrada tras el verano en la que se cerró un reparto casi al cincuenta por ciento. Dos a dos en el TC y diez a diez en el CGPJ.

Mientras en los círculos del Gobierno se impone el optimismo, en los del PP se pide sosiego. Vuelven a existir mimbres para el acuerdo -reconocen- pero no se logrará de hoy para mañana. Los optimistas lo sitúan en noviembre y cruzan los dedos para que no se produzcan alteraciones políticas que alejen una posibilidad que está ahora mucho más cerca de producirse que de no hacerlo.