Casado vuelve a la propuesta de AP de los 80, tras múltiples giros sobre el CGPJ
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Casado vuelve a la propuesta de AP de los 80, tras múltiples giros sobre el CGPJ

El Gobierno aceptaría crear una comisión que estudie futuros cambios de la ley sobre el sistema de elección de vocales, pero una vez se complete ahora la renovación

placeholder Foto: Teodoro García Egea y Pablo Casado. (EFE)
Teodoro García Egea y Pablo Casado. (EFE)

“Regeneración política también es cumplir con lo que mandata la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado”. Esta frase podría pronunciarla estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la usó el 12 de noviembre de 2018 el presidente del PP, Pablo Casado.

Lo dijo así el día en que se supo que había cerrado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ese acuerdo se cerró sobre la base de elección parlamentaria de los vocales de la institución y abandonando el programa histórico de máximos del PP para que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a 12 de los 20 miembros del CGPJ.

Incluso Casado y Sánchez pactaron entonces el nombre del que iba a ser presidente del CGPJ, Manuel Marchena, pese a que esa elección deben hacerla los vocales en la sesión constitutiva de la institución. Hasta ese punto llegó la injerencia política en el Consejo por parte de PSOE y PP, de la que ahora abominan.

Foto: Pablo Casado junto al secretario general, Teodoro García-Egea. (EFE)

Aquel acuerdo, de hecho, se rompió porque Marchena renunció tras conocerse un chat de parlamentarios del PP que hablaba abiertamente de control de la Justicia por parte de ambos partidos. Ese acuerdo hubiera sido más beneficioso para Casado que los intentados luego o el propuesto ahora, porque el PP era en 2018 el partido más votado y hubiera podido tener mayoría en el CGPJ. Perdió esa oportunidad.

Ahí no quedaron los giros de Casado sobre el CGPJ. Días después, intentó una reforma legal en las Cortes para volver a la elección corporativa por parte de los propios jueces, pero la mayoría del Congreso lo rechazó. Y luego mantuvo su propósito de reforma legal en los programas de las dos elecciones generales de 2019.

Pero en julio de 2020 volvió a girar y a abandonar esa posición cuando cerró prácticamente un acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ, sin condicionarlo a una reforma legal para eliminar la elección corporativa.

El giro en tirabuzón siguió cuando rompió ese acuerdo y esas conversaciones y condicionó el acuerdo a que no estuviera Unidas Podemos en el pacto.

Poco después, añadió la condición de la reforma legal y ahora la concreta en un texto articulado de proposición de ley que supondría un cambio del modelo de elección parlamentaria al corporativo. Mantiene el veto a Unidas Podemos y añade, además, el de la reforma legal. Ese cambio, en todo caso, no puede aplicarse a esta renovación y tendría que ser para el futuro.

Esos giros de posición no son nada nuevo en el PP, porque los han dado también sus anteriores líderes y presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. El PP ha defendido ese cambio de la ley desde que se llamaba Alianza Popular en los años ochenta, pero nunca la ha cambiado cuando ha podido hacerlo y, además, ha pactado todas las renovaciones con el sistema de elección parlamentaria que ahora rechaza y sin condicionarlas nunca a la modificación del sistema de elección.

El PSOE ha rechazado renunciar a la elección parlamentaria, aunque aceptó cambios, como una elección previa de candidatos por parte de jueces

En 1986, AP, con Manuel Fraga de líder, llevó un recurso al Tribunal Constitucional firmado por José María Ruiz-Gallardón, padre del que luego sería ministro de Justicia, contra la reforma que establecía la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. El TC dio la razón al Gobierno socialista, pero el PP siguió llevando lo que llama “despolitización de la Justicia” en sus programas electorales.

La paradoja es que entre 2000 y 2004 y entre 2011 y 2015, el PP con Aznar y Rajoy tuvo mayoría absoluta, con opciones de cambiar la norma solo con sus votos, y nunca lo hizo.

Alberto Ruiz-Gallardón, como ministro de Justicia, lo intentó y Rajoy se lo paró. Y los dos presidentes del PP pactaron con el PSOE renovaciones con elección parlamentaria. Y Casado lo hubiera hecho en 2018 si no se hubiera filtrado aquel chat y Marchena no hubiera renunciado.

Foto: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)

El PSOE siempre ha rechazado renunciar a la elección parlamentaria, aunque aceptó cambios, como una elección previa de candidatos por parte de jueces y magistrados. Entre otras cosas, porque la elección corporativa garantiza que el CGPJ tenga siempre mayoría conservadora, por las características de la carrera que se manifiestan en la representatividad de las asociaciones profesionales.

Este lunes, Casado ha vuelto a los orígenes de Ruiz-Gallardón padre y ha presentado una proposición de ley defendiendo de nuevo la elección por parte de jueces y magistrados. Los miembros de la carrera judicial votarían directamente en listas abiertas a 12 vocales. Los otros ocho, entre juristas, los designaría el Congreso y el Senado. En este momento, todos son elegidos por las Cortes, aunque en los de extracción judicial hay una lista previa amplia elegida por jueces y magistrados y de la que el Parlamento designa a 12. En el Congreso, ya está registrada la de PSOE y Unidas Podemos defendiendo la reducción de la mayoría necesaria para elegir 12 vocales.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se saludan a la entrada del Palacio de la Moncloa. (EFE)

Miembros del Gobierno sostienen la posibilidad de que el Ejecutivo intente negociar con el PP un punto intermedio, según el cual se retiren las dos propuestas, se renueve el CGPJ y se acepte crear una comisión que estudie una futura reforma legal, dado que en cualquier caso la de Casado no puede aplicarse ahora.

La proposición de ley del PP aprovecha para incluir reformas como que ninguno de los vocales designados hayan estado en cargos políticos en los 10 años anteriores. Esa limitación la tendrían también los candidatos a fiscal general del Estado, elección en la que tendría veto el CGPJ.

La propuesta elimina la elección de magistrados para los Tribunales Superiores de Justicia por parte de los parlamentos autonómicos y eleva a tres quintos la mayoría necesaria para nombramiento dentro del Consejo. Este último punto es otro giro del PP sobre el CGPJ, porque Gallardón eliminó en 2013, solo con los votos de su partido, esa mayoría reforzada que ahora quiere recuperar Casado.

Foto: Ejecutiva federal del PSOE celebrada este lunes en la sede del partido, en Madrid. (EFE)

En principio, la propuesta podría debatirse en el pleno del Congreso dentro de algo más de un mes, y todo parece indicar que será rechazada de plano por la mayoría del Congreso. Solo Vox y Ciudadanos podrían apoyarla.

​Julio de 2018

El PP asegura que "es mentira que nuestro partido lleve dos años bloqueando la renovación del CGPJ. El proceso se inició en julio de 2018 antes de ser nombrado Casado presidente del PP y fracasó porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, publicó el candidato a presidir el órgano antes de elegirse los vocales. Entonces, el PP aprobó en el Senado la vuelta al sistema constitucional de elección directa de los vocales judiciales del CGPJ por voto directo de los jueces, pero la izquierda lo tumbó en la segunda lectura del Congreso. Poco después, se convocaron elecciones y el Gobierno estuvo casi un año en funciones sin poder hacer renovaciones institucionales, y poco después de su investidura se declaró la pandemia, con sus consiguientes limitaciones parlamentarias".

Y añade que, "aun así, estamos ante un retraso menor que el del CGPJ del que formó parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que sobrepasó los dos años sin dejar de hacer nombramientos. El récord lo tiene el PSOE con casi cuatro años de bloqueo en una de las renovaciones del Tribunal Constitucional".

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