El CGPJ nombra seis puestos clave para el Supremo en plena guerra con el Gobierno

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han aprobado este miércoles con amplias mayorías nombramientos clave para el Tribunal Supremo. Con su decisión se llenan tres vacantes en la Sala de lo Penal del alto tribunal y las presidencias de tres salas del tribunal de garantías. La elección se ha realizado en plena batalla contra del Gobierno que ha tratado hasta el último momento de paralizar la renovación de plazas por parte de un órgano en funciones.

Los candidatos elegidos para la Sala de lo Penal han sido el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente Segura, todos ellos por 19 votos de los 20 vocales que integran el Pleno. También ha habido acuerdo para sacar adelante la elección de María Luisa Segoviano para dirigir la Sala de lo Social (19 apoyos), César Tolosa para la de lo Contencioso-Administrativo (18) y Jacobo López Barja de Quiroga para lo Militar (19). Más allá de la pelea institucional, los nombramientos hacen historia en un punto: será la primera vez que una mujer dirija una sala del TS en sus más de 200 años.

De este modo, el CGPJ retoma los nombramientos que fueron aplazados el pasado mes de julio a instancias de su propio presidente, Carlos Lesmes, que alegó la proximidad de un acuerdo parlamentario entre el PP y el PSOE para la renovación de este órgano, en funciones desde diciembre de 2018, que hoy parece lejos de producirse. La votación se ha llevado a cabo en el mayor pico de tensión de la última etapa con el Ejecutivo.

El órgano que preside Carlos Lesmes ha activado la elección —congelada hasta el momento— de las presidencias de tres salas del Tribunal Supremo: la Tercera, vacante por la finalización este mes del mandato de Luis María Díez-Picazo, y la Cuarta y la Quinta, cuyos titulares, Jesús Gullón y Ángel Calderón, se jubilaron el pasado mes de junio. También lleva en el orden del día la provisión de tres plazas de la Sala Segunda del alto tribunal, todas ellas correspondientes al turno general y vacantes desde finales de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

Los nombramientos debían haberse realizado ya antes de verano, pero la posibilidad, cercana entonces, de la renovación de un CGPJ que lleva en funciones más de un año y medio los dilató. Y ahora, en el momento álgido de desacuerdo entre los dos poderes, el CGPJ no ha querido retrasarlo más, pese a los continuos mensajes lanzados por el Gobierno para que paralice la cuestión y la deje en manos del nuevo órgano ya reformado. El tono en las últimas horas ha ido subiendo, hasta pasar a las alusiones directas: el CGPJ está “en descomposición” y debería medir sus actos porque estos “tienen incidencia”, dijo este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Así, los vocales de todos los signos del Consejo han apoyado mayoritariamente que se produzcan los nombramientos. "Para la mayoría de los vocales, más que un pulso es una cuestión de dignidad", precisaban en las últimas horas fuentes jurídicas, que añadían que el Consejo "debe ejercer sus funciones" y destacan que "los responsables de que no se haya renovado aún son precisamente los políticos que ahora presionan para detener su actividad".

Como ejemplo por comparación, los consultados recordaban que el CGPJ del que formó parte en su día el ahora ministro. Campo fue vocal en la etapa en que el órgano permaneció en funciones desde el 7 de noviembre de 2006 hasta el 22 de septiembre de 2008. En ese periodo, se hicieron un total de 32 nombramientos. Un tercio de ellos, 11 en total, en el Tribunal Supremo. De hecho, hubo más nombramientos en el segundo año en funciones que en el primero: 13 en 2007 y 19 en 2008. En un solo pleno, el del 23 de abril de 2008, cuando el CGPJ ya llevaba un año y medio en funciones, se hicieron 10 nombramientos, cuatro de ellos en el Tribunal Supremo.

Pese al acuerdo general en los puestos mencionados, la reunión no ha sido tranquila. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que Antonio Doreste Armas lleva ejerciendo en funciones desde julio de 2019, cuando finalizó el mandato de cinco años para el que fue elegido, y las de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Ourense se han caído del orden del día y quedan para el Pleno del próximo mes.