Bruselas pidió datos sobre la reforma del CGPJ horas antes de que Sánchez la parara

Desde que PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta para reformar y aligerar las mayorías necesarias para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea ha seguido la situación con preocupación. El pasado jueves, el Ejecutivo comunitario daba por primera vez un toque de atención y recordaba la importancia "de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial a fin de reforzar la independencia judicial".

Este miércoles, se produjo el segundo aviso, en forma de una carta remitida por el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrcela. Ya por la tarde, hubo un tercero, mucho más directo: durante una llamada telefónica a petición de la ministra de Asuntos Exteriores, el comisario de Justicia pidió más información sobre la reforma y recordó la posición de la Comisión Europea. Esos tres avisos sirvieron de antesala a la decisión del Gobierno de congelar su reforma y tratar de abrir de nuevo la vía del pacto con el PP.

La reacción de Bruselas sorprendió a propios y extraños. El Ejecutivo comunitario suele ser muy paciente con los procedimientos, y suele esperar a que cada paso sea firme antes de dar su opinión. Normalmente, no se habría expresado hasta que el proceso de la reforma del CGPJ estuviera más avanzado, pero la Comisión Europea lleva años de pulsos con Polonia y Hungría por sus reformas judiciales, y no tenía ninguna gana de sumar un choque más, ni tampoco de actuar tarde, algo que ayudaría a Varsovia y Budapest a defender su discurso de que el Ejecutivo comunitario tiene una "doble vara de medir" con los Estados miembros.

El martes, Bruselas insistía en que mantenía su posición, y que nadie del Gobierno español se había puesto en contacto con la Comisión Europea para explicar la reforma del CGPJ. Hasta horas antes de que el Ejecutivo de Sánchez paralizara el plan. Según han explicado a El Confidencial fuentes comunitarias, el miércoles por la tarde, y a petición de Arancha González Laya, titular de Asuntos Exteriores, la ministra habló por teléfono con Didier Reynders, comisario de Justicia.

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“La ministra informó sobre la reforma, y el comisario le recordó que nuestra posición es clara y solicitó más información”, ha explicado a este periódico una fuente de la Comisión Europea. Además, fuentes del Ministerio de Justicia señalan que el ministro Juan Carlos Campo informará próximamente al Ejecutivo comunitario.

Hace algunas semanas, el departamento de Reynders publicó el primer informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, en el que España salía bien parada pero donde se señalaba la necesidad de renovar con urgencia el CGPJ. Ese informe, que ha sido citado en numerosas ocasiones por miembros del Gobierno para defender la reforma del órgano, también señalaba que el Consejo de Europa —que no es una institución de la Unión Europea— solicita que al menos la mitad de los jueces del órgano de gobierno judicial deberían ser escogidos por sus pares.

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Pero no ha llegado presión únicamente desde Bruselas. También lo ha hecho precisamente desde el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Este miércoles, se publicó una carta enviada el pasado 14 de octubre por Marin Mrcela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), en la que señala que la propuesta "se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros, y puede resultar en una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa".

Esos fueron los antecedentes al anuncio que Pedro Sánchez lanzó desde el Congreso de los Diputados. El Gobierno está dispuesto a congelar su reforma del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido durante las últimas semanas blanco de duras críticas, como gesto a los populares para tratar de reconducir la negociación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del resto de instituciones bloqueadas hasta el momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anticipó durante su turno de intervención en la moción de censura. "Le anuncio que vamos a detener el reloj de la reforma del CGPJ para poder llegar a un acuerdo con ustedes", dijo, tal y como había adelantado El Confidencial.

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"Señor Casado, podemos convertir esta moción de censura en constructiva. La realidad social es la realidad parlamentaria. No coincidimos en todo, pero son los cimientos para construir la sociedad. España se adentra en la segunda ola de la pandemia, necesitamos instituciones fuertes y por eso hago un llamamiento, sobre todo al partido que bloquea la renovación", comenzaba el socialista interpelando directamente a Casado.

"Renovemos el CGPJ, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional", ofreció Sánchez. "Necesitamos diálogo, entendimiento", insistió. Hasta el momento, el PP se mantenía en su posición de condicionar el acuerdo a exigencias difíciles de cumplir por parte del Gobierno, como orillar a Unidas Podemos en ese procedimiento. La presentación por parte del Gobierno, a través del Grupo Socialista y del de Unidas Podemos, de una proposición de ley para reducir la mayoría necesaria para elegir a los vocales del CGPJ enquistó aún más cualquier posibilidad de pacto. Sin embargo, este primer gesto puede servir para desatascar las negociaciones y dar pie a un acuerdo que estaba hace solo dos meses a punto de cerrarse y, por tanto, no se alargaría si el PP estuviera dispuesto a ello.