Moncloa retirará la reforma del CGPJ si el PP se presta a un pacto que ve aún más lejos

El Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final con la polémica reforma exprés de la ley del poder judicial para renovar el CGPJ por mayoría absoluta en lugar de por tres quintas partes del Congreso. La decisión que tomó el presidente Pedro Sánchez junto a un reducido número de miembros de su gabinete se justifica como la única salida para sortear el bloqueo del principal partido de la oposición para la renovación del CGPJ. Es por ello que fuentes del Ejecutivo que han supervisado la proposición de ley rechazan tanto la posibilidad de dar marcha atrás como de modificar la propuesta. "La propuesta será la que se ha registrado", aseguran estas mismas fuentes. La única vía para retirar la iniciativa promovida en el Congreso por los dos grupos parlamentarios que sustentan el Ejecutivo de coalición es que se llegue a un acuerdo 'in extremis' con el PP. No les vale con sentarse a negociar.

Sin embargo, los populares se mantienen firmes en su postura. Y si el acuerdo ya estaba lejos antes, ahora lo está todavía más. El PP ve reforzada su posición con esta reforma. Si hace semanas estaban en desventaja cuando el Gobierno les señalaba por no cumplir con el mandato constitucional e impedir una renovación pendiente desde hace dos años, ahora, con una reforma que cuestionan las principales asociaciones de jueces en España y de la que dudan incluso sus socios parlamentarios, consideran que está más que justificado oponerse a los planteamientos del Gobierno. Según dirigentes de la cúpula, la posición sigue en el mismo sitio. Solo se plantean negociar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces si Podemos no entra en la ecuación. En Génova, consideran “inasumible” un pacto en el que estén dirigentes del partido de Pablo Iglesias, “que trabajan cada día para socavar las instituciones”.

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En realidad, tampoco desde el Gobierno confían en recomponer las negociaciones. "El PP está haciendo luz de gas todo el tiempo. No lo vemos. Lo que hay que preguntarse es el porqué", explican fuentes socialistas en referencia a los procesos judiciales en marcha relacionados con el partido liderado por Pablo Casado. "Llevamos planteándola [la renovación] desde diciembre del pasado año y llevamos más de tres hablándolo".

Socialistas y morados niegan que la iniciativa parlamentaria responda a una estrategia de presión sobre el PP. Ambos expresan determinación en su decisión. Si se tratase de presionar, la propuesta se limitaría a modificar la ley para restar competencias durante el tiempo que esté en funciones el CGPJ, sin poner negro sobre blanco el cambio de las mayorías para la elección del órgano de gobierno de los jueces. Esta última opción podría plantearse a través de una moción a la propuesta de ley en caso de seguir constatando un hipotético bloqueo.

Desde Unidas Podemos, habían puesto sobre la mesa la opción de reformar la ley del poder judicial a finales de verano, después de que las conversaciones con los populares llevasen sin fructificar desde antes incluso de que arrancase la presente legislatura. Cumplidos dos años desde que caducó el mandato del órgano de gobierno de los jueces, roto un intento de acuerdo en agosto que filtró tras su destitución la exportavoz de los populares Cayetana Álvarez de Toledo, y pasadas varias semanas sin constatar ningún avance, el Ejecutivo decidió tomar el atajo de la reforma legal. Un camino sobre el que fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos también apuntan que no se desandará.

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La crispación entre los grupos que sostienen el Gobierno y el principal partido de la oposición es cada vez más patente, no solo en cuestiones como la renovación del CGPJ y otras pendientes, sino también respecto a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Un alejamiento que los socialistas vinculan a que los populares están siendo arrastrados por Vox a posiciones rupturistas y de bloqueo. Durante el debate sobre el estado de alarma en Madrid, este jueves en el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llegó a reprochar a la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, estar alimentando a Vox con sus posicionamientos. "Si habla como Vox, piensa como Vox y tiene su mismo estilo, no se extrañe que todos los españoles pensemos que el PP es como Vox", advirtió, para añadir que "no ganarán y no convencerán, esta vez no", parafraseando a Unamuno. En esta misma línea, criticó a los populares, que "se han sentado en una foto de Colón antisanitaria, de los negacionistas. No son más que los teloneros de la moción de censura de Vox".

Pedagogía en Bruselas

El Gobierno se esforzará durante los próximos días en realizar pedagogía en Bruselas para explicar su propuesta de reforma. De hecho, los representantes del grupo socialista en el Parlamento Europeo ya comenzaron este jueves a intentar cortocircuitar el frente abierto por el PP en Bruselas para denunciar la iniciativa. Se están "desmontando sus mentiras", aseguran fuentes cercanas al Gobierno, después de que desde PP y Cs se haya alertado sobre un ataque al Estado de derecho que podría llegar a conllevar la suspensión de los fondos europeos destinados a España en el plan de recuperación. Todo ello después de que la Comisión Europea se mostrase preocupada por la reforma y haya pedido reducir la influencia política sobre el poder judicial.

"De manera antipatriótica, tratan de confundir en la UE", indican estas mismas fuentes en referencia a lo que consideran "un debate falso con el que se encargan de incendiar en Bruselas de manera desleal con su país". Desde el Ejecutivo, se argumenta que la propuesta de reforma para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ se centra precisamente en facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, no de nombrar a los jueces, añadiendo que no se cambia la Constitución y que España es una de las democracias europeas más garantistas. Aducen, asimismo, que fue la propia Comisión Europea la que alertó en un reciente informe de la anomalía que suponía no renovar el órgano de gobierno de los jueces.

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Quien también estaba ayer en Bruselas era Pablo Casado, que acudió a la cumbre del PPE. No dudó en lanzar su “preocupación” ante las intenciones de Sánchez, que ya recibieron un toque de atención en la UE. “Ninguna reforma de ningún país puede ir en contra de la independencia del poder judicial”, aseguró el jefe de la oposición, dejando muy claro que irá “hasta las últimas consecuencias” si el Gobierno no retira la proposición de reforma. La cuestión es que esta exigencia no conlleva un cambio dentro de las filas populares. Por la tarde, Casado mantuvo una conversación con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la que le remitió una carta solicitando que la Comisión Europea evalúe este proyecto de reforma, y que sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo.

Fuentes populares, eso sí, se defendieron de los ataques vertidos por los socialistas europeos, que acusaban una vez más al PP de poner palos en las ruedas en vez de luchar por los intereses de España. “No venimos a Europa a hablar mal de España, sino a asegurar los fondos que el Gobierno está poniendo en riesgo. Por eso mostramos nuestra preocupación. Venimos a defender el Estado de derecho en España que la reforma del Gobierno está amenazando”, aseguran desde el PP, poniendo el foco en los problemas que podría acarrear consigo la propuesta, a pesar de que Moncloa insista en que los fondos europeos no están en riesgo.

El eurodiputado popular Esteban González Pons ya dijo este jueves que si el Gobierno seguía adelante, “Europa lo señalaría”. Y todo ello, en medio del debate sobre los mecanismos que servirán para controlar los fondos de cada país miembro, y con algunos como Finlandia o los Países Bajos que abogan por endurecer cualquier cuestión que pueda ser considerada una violación del Estado de derecho y de la separación de poderes.

Las conversaciones entre las dos formaciones disminuyeron hace semanas, cuando la postura del PP fue taxativa. Ahora se han retomado levemente, pero los populares no desisten: Podemos no puede estar en el acuerdo de la renovación del CGPJ. Y mantendrán esa posición aunque el Gobierno finalmente retire la proposición, lo que parece bastante improbable en este escenario. Un nuevo pulso de los dos grandes partidos que, por ahora, no salen de la confrontación.