El Gobierno elude los informes para acelerar la reforma del CGPJ
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El Gobierno elude los informes para acelerar la reforma del CGPJ

El Ejecutivo opta por una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, en lugar de un proyecto de ley que requeriría preguntar al propio CGPJ, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado

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El Gobierno elude los informes para acelerar la reforma del CGPJ

El Gobierno ha optado por la vía rápida para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su sistema de elección y poder sortear el bloqueo decretado por el líder del PP, Pablo Casado. En lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, ha optado por una proposición de ley que presentan este martes el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos del Congreso.

La diferencia sustancial es que si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley, sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Ese trámite no solo retrasaría la aprobación sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones, y eso es lo que evita el Gobierno.

De hecho, no es habitual que la iniciativa legislativa la tenga el partido del Gobierno, sino que suele ser el Consejo de Ministros quien lo haga. En este caso, se logra quitar la presión política al Gobierno, al tratarse de una reforma muy polémica.

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Esto último es fundamental, puesto que hay dudas de la constitucionalidad de la medida. De hecho, varios miembros del Gobierno han expresado esas dudas en las últimas semanas. Y el propio Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que la mayoría requerida para reformar todo el CGPJ debe ser de tres quintos. No obstante, la exposición de motivos del texto presentado asegura que la Constitución no establece la mayoría precisa para la renovación de esos 12 miembros.

La reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, si es que no hay acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos, lo que permite que el PP pueda bloquear la renovación. La mayoría para los otros ocho miembros se mantendría en tres quintos, por lo que solo se podría renovar una parte del Consejo. La proposición prevé que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que podría chocar con la voluntad de la Constitución, porque en la práctica elude también la mayoría cualificada para nombrar a los otros ocho.

La reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha trabajado en esta reforma y se basa en la idea de que la Constitución no precisa la mayoría necesaria para designar esos 12 miembros de procedencia judicial. El texto trabajado por el Gobierno se convertirá en la proposición de ley de los grupos.

La otra parte de la reforma consiste en limitar las funciones del Consejo una vez termina su mandato, es decir, para que no pueda hacer nombramientos si no se produce la renovación.

El Ejecutivo tiene ya garantizada la mayoría absoluta necesaria para reformar la ley orgánica y también la misma mayoría que será necesaria para renovar (parcialmente) el CGPJ. PP, Vox y Ciudadanos se oponen y, previsiblemente, los dos primeros partidos lo llevarán al Tribunal Constitucional.

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