Parte del Gobierno quiere posponer la reforma del CGPJ a la moción de censura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comunicado a sus ministros su intención de abordar una reforma legal para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero no está claro todavía el contenido y alcances concretos de la reforma, el procedimiento de aprobación y el momento en que se impulsará. Sánchez tiene en la mesa la propuesta elaborada por Carmen Calvo y, según varios miembros del Gobierno, a él le corresponde activarla cómo y cuándo crea conveniente.

Para empezar, no está decidido si se usará una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista o de Unidas Podemos, o si se hará con un proyecto de ley. Esta última fórmula es más lenta, porque requiere solicitar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, una vez estudiado por el Consejo de Ministros y antes de remitirlo a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

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En ese tiempo, en todo caso, habrá opción para que el PP reconsidere su posición de bloqueo. Algo que no se aprecia por el momento en las declaraciones de Pablo Casado, pero que sí quieren dirigentes destacados del PP. De hecho, hay ministros que creen necesario hacer un último intento de acuerdo con el PP y, en todo caso, esperar a la moción de censura de Vox para que haya un clima más favorable al pacto para el principal partido de la oposición. Que no tenga que cerrar un acuerdo justo en el momento en que Vox recrudece su posición contra el Gobierno en la moción de censura.

El acuerdo ya estaba prácticamente cerrado en agosto y Casado lo rompió en el último momento, es decir, retomarlo sería rápido y sencillo. Este calendario más lento lo defienden miembros del Gobierno más reticentes a la reforma y que confían en que la propia amenaza de reforma legal haga cambiar al PP. La fecha de la moción de censura de Santiago Abascal será anunciada el martes 13 por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y podría ser en torno al 20 de octubre, según cálculos de diferentes grupos parlamentarios.

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Frente a la posición de los ministros partidarios de esperar, se sitúa la de Unidas Podemos, que pretende que se haga cuanto antes y presiona a Sánchez para acelerarlo. Sus diputados Pablo Echenique y Gerardo Pisarello aseguraron este martes en el Congreso que la reforma es “urgente y prioritaria”. Luego refrendó esas palabras el socialista Rafael Simancas.

Sobre el fondo y el alcance, la propuesta de Carmen Calvo, trabajada con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recoge todas las opciones posibles. Empezando por la de máximos, que prevé reformar con mayoría absoluta el sistema de elección de los 12 vocales de extracción judicial. Se trataría de rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría absoluta, lo que elimina la posibilidad de veto del PP solo cuando se haya producido bloqueo y sea imposible la renovación en un plazo determinado.

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La Constitución se refiere expresamente a la mayoría cualificada para los otros ocho vocales, aunque hasta ahora se ha interpretado que se extiende a todos. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 lo establecía expresamente y, por eso, hay numerosos juristas que consideran que la reforma que plantea el Gobierno puede ser inconstitucional. Así lo admiten en privado varios miembros del Ejecutivo.

De hecho, el ministro de Justicia ya inició este martes en el Senado una argumentación de la que se deduce que lo que es inconstitucional es el bloqueo. Campo habló del “designio claro del constituyente” para que los partidos “ejerzan su responsabilidad de manera clara”. Es decir, algo así como explicar que la reforma no es inconstitucional porque lo que busca es salvar un incumplimiento de la Constitución. Esa renovación por mayoría absoluta solo sería parcial, en todo caso, porque no podría afectar a los otros ocho.

La otra opción que maneja el Gobierno es establecer que, una vez caducado el mandato de cinco años, el CGPJ no pueda tomar decisiones como los nombramientos de la cúpula judicial. Algo así como extender las limitaciones que ya tiene el Gobierno en funciones. Pablo Casado mantuvo este martes en una entrevista en esRadio su posición de bloqueo, al condicionar el acuerdo a que Unidas Podemos quede fuera del CGPJ. Esta vez, no cuestionó el sistema parlamentario de elección.