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Jueces y partidos pelearán ante el TC para tumbar la reforma que desaloja al CGPJ
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Tras el anuncio de Pedro Sánchez

Jueces y partidos pelearán ante el TC para tumbar la reforma que desaloja al CGPJ

Asociaciones de jueces como la conservadora APM y formaciones de la oposición, entre ellas el PP, avisan de que no permanecerán quietos si la propuesta sale adelante

Foto: Pedro Sánchez y Carlos Lesmes. (EFE)
Pedro Sánchez y Carlos Lesmes. (EFE)
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"Es radicalmente inconstitucional y no lo dejaremos pasar", "esto parece Polonia", "se critica la politización del Consejo General del Poder Judicial y quieren politizarlo más", las reacciones desde distintos ámbitos a la iniciativa que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 'desahuciar' al actual órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace año y medio, demuestran un enorme nivel indignación en algunos ámbitos. Asociaciones de jueces como la conservadora APM y los partidos de la oposición, entre ellos el PP que frenó las negociaciones para renovar el Consejo, avisan de que no permanecerán quietos si la propuesta sale adelante y que acudirán al Tribunal Constitucional para tumbar la reforma que —según consideran— atenta directamente contra el espíritu de la Carta Magna.

La propuesta está tan perfilada que el presidente Pedro Sánchez no dudó este viernes en referirse a ella de forma pública. Después de dos semanas que han marcado un antes y un después en las relaciones entre el órgano que representa al poder judicial y el poder ejecutivo, rubricadas con el nombramiento de seis magistrados para el Tribunal Supremo en abierta guerra contra los deseos del Gobierno, Sánchez anunció desde la misma capital comunitaria que "su intención y su voluntad" es poner en marcha un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para sortear el actual veto del PP y forzar la renovación.

Foto: Carlos Lesmes, junto al ministro de Justicia. (EFE)

Fuentes gubernamentales aseguran que el proyecto está muy avanzado, ya redactado y en fase de ultimarse en colaboración con el Ministerio de Justicia. Supondría sensibles limitaciones de actuación para el Consejo cuando quede cumplido su mandato: desde la imposibilidad del pleno en funciones de decidir sobre nombramientos hasta el cese automático del presidente y sus vocales cumplidos los cinco años de mandato. Además, doce de sus miembros, aquellos que corresponden al turno de jueces, serían elegidos por mayoría simple (más de la mitad de los miembros de la cámara) y no por tres quintas partes de ellos.

placeholder El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

A pesar de todo, algunas de las fuentes consultadas no acaban de creer que la reforma se lleve finalmente a cabo. Algunos interpretan que el Ejecutivo esgrime la propuesta como un modo de presionar al PP que, después de estar en dos ocasiones al borde de sellar un pacto, se echó atrás y mantiene congelada cualquier acuerdo tanto en el caso del CGPJ como del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o TVE. "Es un farol", dicen.

Foto: Carlos Lesmes, con Pedro Sánchez. (EFE)

La reforma se aprovecharía de la literalidad de la Constitución en una interpretación que los críticos consideran "torticera". "Hacer una interpretación literal de la Carta Magna en este punto tiene un problema: no hace referencia a una mayoría en las cortes para jueces que sí hace con los juristas pero es porque el espíritu del constituyente es que los jueces no debían ser elegidos por las Cortes sino por sus iguales", asegura una de las personas consultadas. En el seno del CGPJ el malestar se mezcla con el estupor. "Legislar en caliente siempre es peligroso", destaca, por ejemplo, un vocal.

"No pasará el filtro"

Fuentes políticas consultadas aseguran que es casi imposible que algo así pase "el filtro del Constitucional" y la misma opinión la comparten incluso miembros del Ejecutivo que no ven encaje posible. Otros recuerdan las críticas de Europa ante la politización del órgano de gobierno de los jueces y el caso de Polonia, condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras varios intentos del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) de desmantelar el sistema judicial polaco a través de una serie de reformas por las que Varsovia ha chocado con la Comisión Europea.

placeholder El rey Felipe durante su intervención en el acto del 40 aniversario del Tribunal Constitucional. (EFE)
El rey Felipe durante su intervención en el acto del 40 aniversario del Tribunal Constitucional. (EFE)

En el PP aseguran que alguien debería explicarle a Sánchez la literalidad del artículo 122 de la Constitución. "Que pierda toda esperanza, la Carta Magna es clarísima", dicen. En el citado artículo se establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

"Es radicalmente inconstitucional y no lo dejaremos pasar", "esto parece Polonia", "se critica la politización del Consejo General del Poder Judicial y quieren politizarlo más", las reacciones desde distintos ámbitos a la iniciativa que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 'desahuciar' al actual órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace año y medio, demuestran un enorme nivel indignación en algunos ámbitos. Asociaciones de jueces como la conservadora APM y los partidos de la oposición, entre ellos el PP que frenó las negociaciones para renovar el Consejo, avisan de que no permanecerán quietos si la propuesta sale adelante y que acudirán al Tribunal Constitucional para tumbar la reforma que —según consideran— atenta directamente contra el espíritu de la Carta Magna.

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