Discrepancias en el Gobierno por la fórmula legal para forzar el cambio en el CGPJ

La negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial y la persistencia de esta institución en seguir realizando nombramientos pese a tener su mandato ya caducado han abierto un intenso debate interno en el Gobierno sobre la forma de reaccionar. El malestar de los últimos días ha abierto la opción de forzar la renovación del órgano mediante una reforma legal. Sin embargo, la idea levanta las dudas de algunos de los miembros del Ejecutivo y el apoyo de otros, informan a El Confidencial fuentes gubernamentales. En ningún caso sería posible una renovación total, por el insalvable escollo de la Constitución, y tendría más un efecto político que real.

El debate, aún abierto y pendiente de una decisión política, se centra en la conveniencia o no de promover esta reforma de manera urgente. En el caso más extremo, se trataría de modificar la mayoría necesaria en el Congreso y el Senado para proceder a esa renovación, y en el más limitado, hacer que la institución no pueda tomar decisiones con mandato caducado, equiparando su situación a la del Gobierno en funciones.

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La tensión provocada en el Gobierno por la decisión de Carlos Lesmes y los vocales de seguir adelante con seis nombramientos clave en la cúpula judicial ha llevado al Ejecutivo a plantearse esa reforma, según avanzó ayer 'El País'. Tiene también el apoyo de Unidas Podemos, que desde hace tiempo sostiene que es necesario ese cambio.

Tendría el objetivo de presionar al PP y poner en evidencia su negativa a renovar esta institución, aunque presenta dificultades técnicas y su eficacia es muy limitada, porque los nombramientos en el Tribunal Supremo ya se han producido. Quedan, no obstante, pendientes nuevas elecciones de puestos 'sensibles'. En el último pleno quedó aplazada la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Ourense. Además deben designarse las presidencias de ocho Audiencias Provinciales: las de Ciudad Real, Granada, Almería, Salamanca, Baleares, Cantabria y León.

Aún no hay un texto concreto y articulado, pero Carmen Calvo, vicepresidenta primera, lleva tiempo trabajando en ello y ya ha tratado el tema con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el gabinete del presidente del Gobierno. Calvo es partidaria de seguir adelante, pero hay miembros del Gobierno y otros altos cargos del Ejecutivo que consideran inconstitucional la reforma planteada en todos sus términos.

La Constitución establece en su artículo 122 que "el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".

Y la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos deben ser elegidos por mayoría de tres quintos, es decir, es necesario el acuerdo del PSOE y el PP.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial consistiría en hacer que los 12 procedentes de la carrera judicial pudieran ser nombrados por mayoría absoluta, es decir, sin el PP. Aunque se hiciera, solo se podría renovar una parte del Consejo, es decir, 12 de sus 20 miembros, lo que crearía una situación institucional extraña. Serviría para presionar al PP y ponerlo en evidencia.

Inconstitucional

No obstante, esta opción suscita grandes dudas jurídicas y, de hecho, hay ministros que consideran que sería inconstitucional. Explican que aunque la Constitución sea ambigua y solo establezca expresamente la mayoría cualificada para ocho de ellos, no tendría sentido una institución con miembros elegidos por distinta mayoría parlamentaria. Y dan por hecho que habría recurso de inconstitucionalidad por parte de PP y Vox. También se corre el riesgo de deslegitimar aún más la institución.

Los defensores de la medida consideran que con un cambio parcial, se lograría cambiar el órgano por completo a efectos prácticos.

La otra reforma sería la de la limitación de funciones una vez caducado su mandato. Es el punto que menos rechazo provoca en el Gobierno, aunque tenga dudosa eficacia material, aunque sí política.Y algunas dudas técnicas, porque tendría que aplicarse con carácter retroactivo a este CGPJ, pero no podría afectar a los nombramientos acordados el miércoles. El modelo sería el de la ley del Gobierno que establece que cuando entra en funciones, solo puede acordar decisiones de trámite.

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Una contraindicación política, según miembros del Gobierno, es que ponerlo en marcha sería admitir que hasta ahora sí era posible tomar esas decisiones, pese a tener el mandato caducado, como ha hecho ahora Lesmes y, por tanto, no están fundadas las críticas del Ejecutivo.

El otro punto de esa hipotética reforma se referiría al cese automático del CGPJ cuando acaba su mandato, como ocurre con instituciones como el Defensor del Pueblo. También aquí hay muchas dudas, porque en el Defensor del Pueblo hay un adjunto que asume el cargo, como ocurre en este momento con Francisco Fernández Marugán.

Sería un inconveniente institucional crear un vacío, aunque sirva para obligar a los partidos a tomar el acuerdo. Tampoco sería eficaz, porque no podría aplicarse al actual Consejo, aunque tendría el valor político de mostrar la soledad del PP.

En todo caso, no hay decisión del Gobierno sobre cómo y qué hacer, aunque los partidarios de la reforma legal quieren que sea cuanto antes, incluso con proposición de ley del Grupo Socialista para agilizar el trámite parlamentario. Sí hay decisión política y estratégica de insistir en la denuncia política de la negativa del PP a cumplir la Constitución y proceder a las renovaciones pendientes, que afectan también a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, RTVE y otras instituciones.