Malestar del Gobierno con Lesmes y los vocales progresistas del CGPJ

El Gobierno está más que molesto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y con los vocales progresistas de esta institución por haber acordado el nombramiento de seis puestos clave del Tribunal Supremo, pese a estar ya caducado su mandato. El Ejecutivo mantenía la presión en las últimas semanas para que no se realizaran esos nombramientos, por entender que el actual CGPJ acabó su mandato hace casi dos años y refleja una mayoría conservadora que no se corresponde con la del Parlamento, que es quien nombra a los vocales. Esa estrategia no ha sido acompañada por los vocales progresistas, que no han renunciado a sus cargos y, sobre todo, no solo no han rechazado participar en esos nombramientos sino que han pactado con el bloque conservador.

Las únicas excepciones han sido los vocales Álvaro Cuesta, exdiputado y exdirigente del PSOE, que ha hecho constar en un voto particular su oposición a que el CGPJ abordara los nombramientos, y Concepción Sáez, que se opone a avalar designaciones desde 2018. Los candidatos elegidos para la Sala de lo Penal han sido el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente Segura, todos ellos por 19 de 21 votos, de los vocales que integran el pleno y su presidente. También ha habido acuerdo en las mismas o similares mayorías para sacar adelante la elección de María Luisa Segoviano para dirigir la Sala de lo Social, César Tolosa para la de lo Contencioso-Administrativo y Jacobo López Barja de Quiroga para la sala de lo Militar.

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El malestar, sin embargo, no es de sentido único. El órgano de gobierno de los jueces está también más que molesto con la actuación del Ejecutivo en las últimas semanas, y la mejor muestra de ello es precisamente el amplio acuerdo alcanzado en el pleno del miércoles. Vocales consultados consideran clave en este último movimiento —que marcará la evolución del Tribunal Supremo en los próximos cinco años— el comportamiento del Ejecutivo en los últimos días. Cuando la herida abierta por la ausencia del Rey en la entrega de despachos de los nuevos jueces aún no estaba curada, llegaron las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que equiparaba al actual CGPJ con una fruta podrida (en el mejor de los casos). "Está en descomposición", dijo.

Las palabras dolieron. El intento del Gobierno se produce pese a que la ley no limita ninguna de las competencias del Consejo estando en funciones. Vocales de todas las tendencias ideológicas consideran que el Ejecutivo pretende descargar sobre el CGPJ una responsabilidad que no le corresponde. El fallo en la renovación, la dilación a la que ya no se ve final, no es del órgano, es de los partidos. Han sido el PSOE y el PP los que no han logrado atar el cambio, pese a rozarlo en dos ocasiones en los últimos meses. "Con lo que hemos hecho este miércoles, les hemos enseñado que se puede negociar", asegura uno de los vocales consultados.

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La mayoría destaca, además, el equilibrio del acuerdo, más allá del 'simplismo' de reducir los nombramientos efectuados al cómputo 'dos conservadores, cuatro progresistas'. Equilibrio que el Gobierno quiso reventar hasta el último momento, apretando incluso para que aquellos vocales designados por los partidos de coalición (PSOE e IU) escenificaran un plante. "Ha quedado demostrado que si alguien en un Gobierno cree que el poder judicial tiene a gente de los 'suyos', se equivoca", dice una fuente consultada.

El acuerdo ha sido tal que ni siquiera ha habido maniobras para reventar los nombramientos impidiendo que salieran las cuentas y no se alcanzara el mínimo de 13 votos indispensable para sacarlos adelante. Hasta el discrepante Álvaro Cuesta lanzó una pulla en su escrito: "Es cierto también que existe el precedente de un CGPJ en un superlativo grado de 'descomposición', como fue el elegido en 2001 y que no se renovó, también por bloqueo del Grupo Popular, hasta el año 2008", dijo en referencia al Consejo del que formó parte en su día el ministro Campo.

"Lo que hemos hecho es enviar un mensaje. Exigimos respeto al poder judicial: hagan bien su trabajo", indica otro miembro del Consejo. El mensaje ha llegado alto y claro.