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Los socios parlamentarios del Gobierno dudan del contenido de la reforma del CGPJ

PNV, ERC y Más País cuestionan la reducción de las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque censuran el bloqueo del PP

Foto: El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE)
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE)
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Los socios del Gobierno han expresado sus dudas sobre el contenido de la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, PNV, ERC y Más País han expresado en las últimas horas reticencias sobre dicha la iniciativa y, en concreto, sobre la rebaja de la actual mayoría para elegir a los vocales jueces, que pasaría de ser de tres quintos de las cámaras a absoluta Los tres partidos son necesarios para aprobar la reforma urgente para proceder a la renovación sin la participación del PP. El grupo vasco está, pese a todo, dispuesto a apoyarla como último recurso si antes no hay acuerdo con el PP.

Concretamente, el PNV asegura que aunque comparte "la necesidad de reformar la ley del Poder Judicial para limitar las funciones de un órgano judicial cuyo mandato ha caducado" no considera "tan idóneo, sin embargo, modificar las mayorías para renovar el órgano de gobierno de los jueces". "Es por ello que apelamos de nuevo a la sensatez y la cordura para que el diálogo entre partidos pueda reconducirse. Si esto no fuera posible, entendemos que la fórmula presentada podría puntualmente ser una vía para acabar con el obstruccionismo y bloqueo al que algunos han abocado al órgano de gobierno del Poder Judicial". Es decir, el partido nacionalista -que ha tenido de forma tradicional presencia en el órgano de gobierno de los jueces- duda del contenido concreto aunque considera que puede ser la única vía para desatascar la actual parálisis.

Los socios parlamentarios del Gobierno dudan del contenido de la reforma del CGPJ

Las reticencias del PNV son compartidas por otras formaciones cuyo apoyo sería fundamental para que saliera adelante la reforma. ERC, de la mano de Gabriel Rufián, ha expresado su preocupación por el hecho de que en algún momento "la extrema derecha o derecha extrema" pueda gobernar estando en vigor esta ley que permite la renovación con control del Gobierno.

El portavoz de ERC se ha preguntado si este debate puede ser "pan para hoy y hambre para mañana". "Dan miedo según qué reformas frente a un futuro Gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema del PP, Vox y Ciudadanos si tienen este poder", ha añadido.

El sistema ofrece la posibilidad de una designación por la vía rápida y sin mayorías cualificadas de una mayoría de miembros del CGPJ. Por su parte, Íñigo Errejón de Más País se preguntó en Twitter si no es peor el remedio que la enfermedad en relación al bloqueo que mantiene el PP sobre la renovación.

Hasta la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha expresado dudas este miércoles en un comunicado. La asociación progresista coincide con la visión de los actuales socios del Ejecutivo y combina la crítica hacia el bloqueo impuesto por el PP que impide los cambios en un órgano que lleva en funciones casi dos años con el temor a que la herramienta legal que inició ayer su andadura parlamentaria sea, en exceso, arriesgada. En un comunicado, JpD recuerda que aunque esta vía puede conllevar el desbloqueo "supone un riesgo elevado de que a futuro las minorías parlamentarias no intervengan o queden representadas".

La vía rápida

El Gobierno optó el martes por la vía rápida para reformar el Consejo General del Poder Judicial y su sistema de elección y poder sortear el bloqueo decretado por el líder del PP, Pablo Casado. En lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, ha optado por una proposición de ley que presentan este martes el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos del Congreso.

La diferencia sustancial es que si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley, sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Ese trámite no solo retrasaría la aprobación sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones, y eso es lo que evita el Gobierno. De hecho, no es habitual que la iniciativa legislativa la tenga el partido del Gobierno, sino que suele ser el Consejo de Ministros quien lo haga. En este caso, se logra quitar la presión política al Gobierno, al tratarse de una reforma muy polémica.

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