El PP ve reforzada su postura de bloqueo en el CGPJ tras la maniobra de Sánchez

El Gobierno llevaba meses acorralando al Partido Popular por negarse a renovar los órganos constitucionales, y muy especialmente el Consejo General del Poder Judicial, que ya acumula dos años en funciones. La coalición de PSOE y Unidas Podemos reprocha a los populares no atender a la obligación que tienen como principal partido de la oposición, incumpliendo el mandato constitucional. El presidente, Pedro Sánchez, llegó a afirmar en la sesión de control de este miércoles que el PP “ha dejado de ser un partido de Estado” para convertirse en un partido antisistema.

Sin embargo, la reforma que el Ejecutivo prevé aprobar para forzar esa renovación —rebajando la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros del órgano judicial— ha reforzado todavía más la postura de los populares, que se reafirman en que “el único objetivo del Gobierno es controlar a los jueces”. Pablo Casado aseguró en la mañana de este jueves desde Bruselas, antes de empezar la cumbre del PPE a la que asiste, que el Ejecutivo debe "retirar de inmediato la proposición de ley" porque la reforma "va en contra de la independencia del Poder Judicial". "Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ. Iremos hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones”, zanjó el líder del PP, volviendo a insistir en que su partido "no bloqueó" en ningún momento, sino que se negó a negociar con "fuerzas radicales".

En el mes de julio, Sánchez y Casado designaron a sus interlocutores para iniciar la negociación. Por el lado popular, Enrique López, secretario de Justicia en el partido y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, pilotaba las conversaciones. De hecho, él mismo trabajó en el verano en una ley de reforzamiento de la independencia judicial como condición previa a cualquier acuerdo (una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llegó a las Cortes en 2018 y el PSOE rechazó después de contar con el visto bueno del Senado).

Pero, en agosto, todo se frustró. El PP lo dejó muy claro: mientras Unidas Podemos estuviera en la ecuación, el acuerdo sería imposible. Todo ello tras la salida de España del Rey emérito y la petición desde el partido de Pablo Iglesias de que Felipe VI abdicara. “Los ataques intolerables al jefe del Estado para cambiar el régimen hacen imposible el avance en la renovación institucional”, explicaban entonces dirigentes populares, incluido el propio Casado. Una postura que mantienen a día de hoy —“no vamos a dejar que Podemos elija a los jueces”, reiteran— y que consideran fortalecida con la nueva ofensiva del Ejecutivo.

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A pesar de ser una reforma propuesta y elaborada por el Gobierno, fueron los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y UP, Adriana Lastra y Pablo Echenique, los que presentaron la propuesta en el Congreso este martes. El Ejecutivo optaba así por la vía rápida para llevar a cabo la reforma del CGPJ, a través de una proposición de ley de los grupos políticos y no un proyecto de ley que saliese del Consejo de Ministros. La diferencia es fundamental, porque los proyectos del Gobierno deben contar con informes no vinculantes de distintos órganos consultivos (en este caso, el propio CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal). Un trámite que una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos no necesita.

El Ejecutivo llevaba semanas insistiendo en la “gravísima irresponsabilidad” del PP al bloquear los nuevos nombramientos del CGPJ, pero también del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Para todos, se exige una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, por lo que sin el concurso del PP, no es posible llevarlos a cabo. Pero los populares insisten en que no dejarán presionarse por una iniciativa que atenta contra la independencia judicial. Frente a declaraciones como la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que reconocía ayer que si el PP cambiaba de idea y negociaba la renovación, esa proposición de ley decaería, el partido de Casado considera que "no funcionará" utilizarlo como moneda de cambio y que el Gobierno debe dar marcha atrás porque su propuesta es inconstitucional. El eurodiputado, Esteban González Pons, aseguró que si el Gobierno "insiste" en "convertir a los jueces en títeres de la mayoría de turno, "España será señalada en la UE y tendrá consecuencias".

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Más allá de las reiteradas peticiones del propio órgano de gobierno de los jueces (su presidente, Carlos Lesmes, insistía en la cuestión en la apertura del año judicial en septiembre), todos los grupos políticos que apoyaron la investidura de Sánchez (PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Más País, Compromís y Teruel Existe) y también JxCAT emitieron un comunicado hace unos días insistiendo en que la renovación debía producirse ya. “El incumplimiento de la obligación legal de proceder a la renovación de los órganos afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”, aseguraban.

Pero el PP se mantenía firme en que no podía pactar una renovación institucional mientras estuviera Unidas Podemos que, a su juicio, “mina cada día las propias instituciones”. La cuestión es que los populares consideran que la maniobra del Gobierno con una reforma que, según las principales asociaciones de jueces, “es un ataque directo a la independiente judicial” avala su posición de bloqueo y les reafirma en que un acuerdo que atañe a las instituciones más importantes del Estado no puede salir adelante con la presencia del partido de Iglesias.

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Si para algo sirvió la sesión de control de este miércoles en el Congreso, fue para constatar que las posiciones de los dos principales partidos están completamente enfrentadas y el ambiente de polarización no da ni un minuto de tregua. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se vio obligada a pedir silencio de manera casi continua y los insultos, gritos e interrupciones se sucedieron durante todo el debate.

En la bancada del PP, donde no esconden que terminaron siendo partícipes del bronco debate, también defienden que es un ambiente propiciado por el Gobierno, más pendiente de "generar ruido" y evitar contestar las preguntas de la oposición que de dar explicaciones por la gestión de la pandemia y otras fuertes polémicas como la relativa al CGPJ.