El plan del PP para desactivar la ley Celaá presagia una batalla legal

La ley Celaá se adentra en el territorio jurídico después de cruzar el parlamentario. Su paso por el Congreso fue arduo, conflictivo, tenso y bronco. El viaje por los tribunales puede ser igual si, tal y como anunció ayer domingo el líder del PP, Pablo Casado, su partido intenta desactivar aspectos del contenido de la nueva norma educativa. Vox seguirá este camino. Previsiblemente, Cs también.

El plan del Partido Popular se apoyará en las comunidades autónomas donde gobierna (Andalucía, Galicia, Madrid, Castilla y León y Murcia) y en la batería de medidas al alcance de su acción legislativa. Pueden movilizar leyes o decretos, e incluso dejar sin aplicación los aspectos que consideren más controvertidos. Si optan por impulsar una norma, se arriesgan a que el Gobierno la recurra ante el Tribunal Constitucional; si la decisión es hacer caso omiso de algunas medidas, el riesgo es que la Alta Inspección detecte la omisión. La colisión está asegurada.

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El Tribunal Constitucional se situará en el epicentro del terremoto jurídico que se avecina. Ante el TC, el Gobierno juega con una ventaja. Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas pueden ser objeto de recurso de inconstitucionalidad. Si bien la admisión a trámite de un recurso de este tipo no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, estos sí quedan suspendidos si es el presidente del Gobierno el que los impugna, siempre que solicite expresamente en la demanda que reclama que queden congelados. En ese caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Además, tanto el PP como Vox han anunciado que pedirán al alto tribunal que se pronuncie. Aunque la ley aún debe viajar por el Senado, por lo que la posibilidad de que haya más cambios no se puede descartar, los principales partidos de la oposición al Gobierno están tomando posiciones en el frente jurídico.

En el político, ya las han tomado. En el social, también, después de que medio centenar de ciudades españolas tuvieran ayer algunas calles cortadas por las manifestaciones que organizó la plataforma Más Plurales. La dirección nacional del PP, con Pablo Casado al frente, se ha volcado en esta causa, que creen que genera un daño en el PSOE mayor que el que atisban los propios dirigentes socialistas. El eslabón que les une con un sector de votantes del partido de Pedro Sánchez es precisamente la educación concertada. Representantes del PSOE llevan a sus hijos a colegios concertados, recuerdan dirigentes del PP. Vox es otro partido que se ha movilizado intensamente, al igual que Ciudadanos. Cargos de ambas formaciones se dejaron ver en las concentraciones, que fueron con coches como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El conflicto político pudo verse hace pocos días en el Congreso, el día en que se aprobó la Ley Orgánica para la Modificación de la LOE (Lomloe). Mientras una mitad del hemiciclo aplaudía, la otra mitad gritaba "libertad". Los primeros fueron los diputados del PSOE, de Unidas Podemos, Más País y de formaciones nacionalistas e independentistas; los segundos, los de las bancadas del PP, Vox y Cs, fundamentalmente. La aprobación fue respaldada por 177 votos, uno por encima de la mayoría absoluta de la Cámara.

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El trámite que recibió el proyecto antes de ese áspero debate no ayudó a apaciguar los ánimos. La ponencia de la Comisión de Educación encargada de redactar el dictamen duró muy poco y la votación del texto se concentró en un solo día, en un maratoniano único día. La oposición denunció "rodillo" y "atropellos", pero la mayoría se fue imponiendo en cada paso. El proyecto de ley ya está en el Senado.

Pablo Casado ha decidido no bajar los brazos. Ha anunciado que su partido recurrirá la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional y ante instancias europeas, al igual que ha hecho Vox. Pero el líder de los populares movilizará las comunidades donde gobierna su partido. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a su lado en la manifestación de la capital, avanzó la presentación ante la Asamblea autonómica de una ley destinada a blindar "la libertad de elección de las familias", sin más precisión. Durante estos días pasados, en diversas entrevistas o en redes sociales, mandatarios autonómicos del PP han dejado clara su oposición a la ley, desde el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en TVE, al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en su perfil de Twitter: "No hay que tener miedo a la libertad", proclamó.

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Considera la oposición que la ley Celaá deja cierto margen de maniobra en el ámbito de las comunidades autónomas. La redacción de los decretos que apliquen los gobiernos del PP puede aprovecharse de ello y dejar en el aire algunas cuestiones controvertidas. El Gobierno deberá estar muy atento para identificar qué se sale del marco de la ley orgánica de educación. Localizado el pasaje dudoso, si es el caso, el recurso al Constitucional parece asegurado.

La oposición protesta básicamente por cómo queda el castellano en la norma (desaparecen los términos "lengua vehicular") y por los contornos que da a la escuela concertada, pues se excluye "la demanda social" como requisito para abrir nuevos centros o para que aumente el número de plazas. Tampoco podrán percibir cuotas de familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en la entrevista que ayer publicó El Confidencial, achacó las protestas a las "mentiras" que la propia oposición ha ido construyendo. El planteamiento del PP de buscar en los tribunales un nuevo choque supone, a su juicio, "palabras mayores".