Los telegramas secretos del accidente nuclear que pudo borrar media España

El 17 de enero de 1966, un avión cisterna KC-135 estadounidense que había salido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) colisionó con un bombardero estratégico B-52 que regresaba de patrulla mientras sobrevolaban el pequeño pueblo almeriense de Palomares. No se trataba de un simple accidente aéreo, sino de un broken arrow (flecha rota), la palabra en clave utilizada por el Pentágono para definir un accidente que involucrara bombas atómicas. Uno de los secretos mejor guardados a los ojos y espías de Moscú en plena Guerra Fría.

Se trataba del vigesimonoveno incidente de este tipo, pero este era (y sigue siendo) único. Nunca antes ni después han caído cuatro bombas termonucleares sobre un centro urbano. Afortunadamente, no detonaron y se evitó repetir la aterradora experiencia de Hiroshima y Nagasaki. Los únicos muertos directos fueron siete tripulantes de los aviones estadounidenses. Pero ningún fallecido ni heridos en tierra.

A pesar de la trascendencia del acontecimiento y de los 58 años transcurridos, los sucesivos gobiernos españoles han tratado el accidente como materia reservada y no han desclasificado prácticamente ningún documento sobre el incidente, del que conocemos la mayoría de los detalles por los informes estadounidenses.

Pese a este secretismo, El Confidencial encontró en el Archivo del Ejército del Aire español centenares de informes oficiales, telegramas, mensajes cifrados, mapas y fotografías que permiten reconstruir, por primera vez, la versión española de esos primeros días y confirmar que los científicos, militares y políticos españoles sabían exactamente lo que ocurría y lo que hacían los militares estadounidenses.

Lo primera conclusión al leerlos es que la versión de que el Pentágono "manipuló" todo lo relacionado con el accidente es falsa.

Los documentos confirman que las autoridades españolas tuvieron mucho que ver con la censura informativa, la limitada limpieza de las tierras contaminadas y el proyecto para supervisar la salud de los lugareños, bautizado como programa Indalo para no estigmatizar a Palomares y sus habitantes.

Lo sabían desde el principio

Los documentos oficiales encontrados en los archivos del Ejército del Aire demuestran que los españoles, desde el principio, fueron perfectamente conscientes y aceptaron que EEUU no limpiara todo el plutonio. Lo ocultaron sin remordimientos.

Destacan tres informes que envía inmediatamente después del accidente el coronel Emilio Alfaro Aguirre, entonces director de la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), a sus superiores. Este incluye los datos recogidos por los enlaces militares españoles que acompañan a los generales Delmar Wilson, jefe de la 16.ª Fuerza Aérea estadounidense en España, y Stanley Donovan, jefe de todas las operaciones militares conjuntas entre EEUU y España. Estos llegan a Palomares escasamente hora y media después del suceso. Mucho antes que cualquier autoridad de relieve española.

Esto demuestra varias cosas.

Los científicos españoles de la Junta de Energía Nuclear (JEN), la institución española especializada desde 1948 en la energía atómica, tanto pacífica como militar, tardan en movilizarse cuatro días. La avanzadilla estuvo compuesta por tres expertos: el coronel médico de la Armada Eduardo Ramos, jefe de la división de Medicina y Protección de la JEN; Manuel Quinteiro Blanco, director de Ingeniería, y un tercero del que no está clara su identidad. En los días siguientes llegarán muchos más, hasta cerca de una treintena, que trasladaron centenares de kilos de material —e incluso un laboratorio móvil en una furgoneta Volkswagen— para realizar mediciones de plutonio en el aire.

"Según médicos [de la] JEN —dice el telegrama secreto enviado a Madrid el día 21—. Situación sanitaria puede considerarse satisfactoria por resultados poco alarmantes".

Desde su llegada, todos los días se toman muestras de orina de la población —hasta 100 diarias en los primeros días— que se envían rápidamente a Madrid para análisis clínicos mediante un enlace de helicópteros a la Academia de San Javier y, desde allí, en avión a la capital española.

La parte más polémica de su intervención fue la negociación con los científicos estadounidenses sobre las labores de descontaminación, ante la pretensión de los norteamericanos de dejar la mayor cantidad de material posible. El momento culmen tiene lugar a mediados de febrero, una vez fijada la superficie contaminada (algo que también fue polémico en sí mismo).

Al final, se llegó a un compromiso, forzado al máximo nivel político en Madrid, que implicaba que los suelos con contaminación radiológica superior a 60.000 CPM —frente a los 7.000 CPM que pedían los científicos españoles— debían ser raspados hasta una profundidad de 10 centímetros y removidos de España. En total se llevaron unos 1.000 m³. Los que tenían niveles de entre 700 y 60.000 CPM serían regados y enterrados a unos 20 centímetros de profundidad. Por debajo de 700 CPM, simplemente serían regados. Además, los españoles admiten que no se limpien los suelos por debajo de 10.000 CPM cuando sea una zona de difícil acceso, como partes montañosas. Eso explica que hoy queden restos de plutonio y contaminación atómica en aquellas zonas donde se rebajó la limpieza, y sea necesaria una segunda limpieza de Palomares. Todo se sabía.

Los españoles buscan secretos atómicos

Hasta ahora, solo se sospechaba que los españoles se habían llevado trozos de los artefactos atómicos para avanzar en el conocimiento del funcionamiento de las bombas nucleares y su grado de contaminación. El único respaldo de este señalamiento es la versión del teniente coronel del Ejército del Aire e ingeniero aeronáutico Guillermo Velarde Pinacho, autoproclamado padre del proyecto Islero para la fabricación de la bomba atómica española.

Esta investigación aporta novedades sobre este punto, al rescatar uno de los informes secretos del Ejército del Aire, basado en el testimonio del capitán español Joaquín James Grijalbo, quien había acompañado al general estadounidense Delmar Wilson en los primeros momentos después del desastre. Y sí, los españoles se llevaron a hurtadillas material que no deberían haberse llevado.

Mucho antes de que Velarde apareciera en la zona (el 28 de enero), una comisión de la Junta de Energía Nuclear estaba desplegada ya en el área. El capitán James Grijalbo se encuentra con ellos en uno de los lugares donde había caído una de las bombas termonucleares, muy cerca del pueblo —probablemente la número tres—.

"La radioactividad por aquella zona era bastante alta. Todos los componentes del equipo de la JEN se pusieron a trabajar independientemente de los equipos americanos, no obstante, entre ellos, se cambiaron impresiones para repartir un poco de trabajo", explica el capitán, quien también visitó el cementerio donde cayó la bomba número dos.

"El lugar estaba vigilado por una pareja de soldados americanos y otra de la Guarda Civil —explica el capitán—. El Sr. Quinteiro comenzó reconociendo con su contador de mano la radioactividad de la tierra, la cual oscilaba mucho de unos puntos a otros, a pesar de estar muy cerca (las mediciones) una de otra".

Doctor en Química por la Universidad de Santiago y maestría en Ingeniería Nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts de EEUU, Quinteiro sabía qué estaba observando:

"Se encontraron un trozo de la bomba de pequeñas dimensiones y de unos tres centímetros a cuatro de grosor y color negruzco, junto a los soldados americanos que hacían la guardia (...). Acercaron el aparato y, después de ponerlo en la escala máxima, sobrepasaba con rapidez la aguja la máxima cuenta, correspondientes a 150.000 unidades. El Sr. Quinteiro intentó coger este trozo para llevarlo al laboratorio e investigar sobre él, lo cual le fue prohibido por los americanos".

"Llamado el capitán jefe de equipo americano que estaba recogiendo la bomba, le aseguró que él no podía autorizarle a que se llevase este trozo —continúa el relato del capitán español— y entonces le mostró lo que parecía una piedra de color caramelo y que era la carga, o parte de ella, de la bomba. El Sr. Quinteiro acercó el contador a la misma y la aguja acusó de forma inmediata el máximo de radioactividad capaz para ese aparato. Más trozos semejantes al mismo, según el capitán, debían estar dispersos por el suelo, ya que este, en los alrededores de la bomba, acusaba gran radioactividad".

Sin embargo, el científico español no desiste y continúa buscando pedazos de la envuelta de la bomba que, en diferentes tamaños, parecían esparcidos por un radio superior a los 100 metros.

"Sin ser vistos, recogieron algunos trozos, los cuales guardó el Sr. Quinteiro para su examen en el Laboratorio de la Junta en Madrid y poder determinar el tipo de radiaciones y cantidad de las mismas, así como la cantidad de plutonio contenido en ellos", agrega el capitán James Grijalbo.

Según estimaciones posteriores, las bombas atómicas esparcieron unos ocho kilos de plutonio y otros ocho de uranio 235, ambos componentes esenciales para una explosión nuclear. Las investigaciones posteriores del CIEMAT, realizadas en 2008, confirmaron la necesidad de una segunda limpieza del lugar por permanecer en ellas 450 gramos de plutonio 239 y 240, así como americio 241. Estos restos están esparcidos en cuatro zonas y a distintas profundidades, incluidas dos trincheras cerca de la zona 2 que sirvieron para cargar camiones o enterrar objetos contaminados.

Cementerio nuclear en España

Una vez delimitadas las zonas radioactivas, y al no aparecer casos graves de contaminación de humanos con plutonio, el mayor reto —como lo es actualmente— era buscar una solución para los cultivos y la vegetación contaminados que no podían quemarse, así como para los terrenos afectados por alta radioactividad.

Cinco días después del accidente, los altos mandos militares estadounidenses mencionan por primera vez a los técnicos españoles que la solución debería ser la creación de una fosa o pozo en el mismo Palomares. Según los documentos españoles, formulan la idea durante una reunión que tiene lugar el mismo día 21 de enero en el campamento Wilson. En concreto, comentan con el doctor Ramos dos decisiones: "Quitar varios centímetros de tierra en las zonas de radioactividad peligrosa" como medio de remediación, y hacer "un pozo de grandes dimensiones y profundidad, todo revestido de concreto, donde echar todo lo anterior y recubrirlo con el mismo material".

La oferta de Washington sobre un cementerio nuclear en suelo español es aceptada en principio sin muchas reticencias por los españoles, en ese momento más enfocados en los niveles de contaminación aceptables que en dónde guardar los residuos radioactivos. Sin embargo, su materialización presenta muchas incógnitas.

Para resolverlas, se solicita la ayuda del teniente coronel Santiago Noreña, de la JEN, quien trabajará tanto en la definición de los niveles de contaminación de las tierras y su método de remediación, como en la elección y construcción del cementerio. Las primeras conversaciones entre ambas partes hablan, como hemos visto, de construir un pozo cubierto de concreto. Pero pronto se transforma en "una gran excavación en la zona baldía contaminada [a unos 200 metros al noroeste de donde cayó la bomba número dos] que luego debe ser impermeabilizada con betún", con el objetivo de que sirva para "rellenar con la capa superficial de las otras dos zonas, cosechas recogidas, animales sacrificados si fuera preciso y cuantos restos se consideren peligrosos".

La oferta de Washington sobre un cementerio nuclear en suelo español es aceptada en un principio sin reticencias

Para determinar el mejor lugar para instalar dicho cementerio nuclear, se recurre a partir del día 29 de enero a ingenieros españoles de la empresa pública Adaro, quienes debían estudiar los aspectos geológicos de la zona y su permeabilidad.

"Representantes de la JEN y geólogos españoles han llegado [al] acuerdo con técnicos americanos [en] Energía Nuclear sobre situación cementerio atómico, pero no sobre forma construirlo", señala Montel en su telegrama secreto del primero de febrero. Dos días después, el general español informa a sus superiores en Madrid que se "efectúa levantamiento zona futuro cementerio atómico, calculando ahora que la extensión mínima de expropiaciones sería 15 hectáreas, comprendiendo cuatro hectáreas de terreno cultivado".

Tras varias reuniones y muchos cálculos, se decide que un "punto óptimo" se encuentra en una vaguada cercana al punto de caída del artefacto número dos. Una decisión importante, si se tiene en cuenta que el periodo de desintegración del plutonio 239 asciende a los 24.200 años. Serán construidas con hormigón de 38 cm de grosor en forma de trinchera, con unas dimensiones de 40 m de longitud, 10 de ancho, y 2,5-3 metros de profundidad. La primera tendrá capacidad de albergar unos 1.000 m3, y cerca de 3.000 la segunda.

Sin embargo, la propuesta del cementerio nuclear en España se enfría a partir de primeros de febrero. Es el propio general Wilson quien avanza a las autoridades militares españolas que quizás haya mejores opciones. Al parecer, ha sido el Departamento de Estado norteamericano quien se ha opuesto, por entender que ese cementerio se convertiría rápidamente en un monumento antinuclear y reclamo permanente de activistas y ecologistas contra la energía atómica. EEUU analiza llevarse el material contaminado a su territorio para almacenarlo perpetuamente —al final será en la planta del río Savannah—.

"Fuerzas americanas estudian posibilidad de embarcar también la tierra que debería ser trasladada al cementerio radioactivo, por lo cual no se trabaja de momento en construcción cementerio", informa el 8 de febrero el general Montel a Madrid.

La confirmación se produce al día siguiente, cuando Wilson le propone de forma directa: "No construirlo, embarcando en barcazas herméticas y precintadas tanto la tierra como resto cosechas para ser hundidas en fosas muy profundas del océano Atlántico. Todo esto está pendiente de la última decisión", reconoce.

Los restos de los aviones con radioactividad reducida serán hundidos en un lugar no divulgado del Atlántico, pero a más de 40 kilómetros de la costa, sin que la parte española ponga objeciones. La confirmación definitiva del envío de las tierras más radioactivas a EEUU —la victoria más importante conseguida por los españoles en relación con la crisis de Palomares— tiene lugar el 23 de febrero, aunque todavía será necesario que pasen aproximadamente dos semanas para sacarlas de España.

Censura e interferencias radiofónicas

Los documentos españoles dejan clara la enorme preocupación de las autoridades franquistas por controlar en todo momento a la opinión pública. Había una firme decisión de censurar la prensa nacional y, en la medida de lo posible, a la extranjera. Paradójicamente, Estados Unidos mostró, pese a que el accidente involucraba armas nucleares secretas, una actitud más trasparente, llenando los silencios del Gobierno español, que durante muchas jornadas y momentos claves desapareció de la escena.

Según uno de los informes del director de la AGA, sobre las 13:00 horas del día 21 —es decir, cinco días después del accidente— se presentó en el puesto de mando del Ejército estadounidense un sacerdote que resultó ser el cura Francisco Navarrete Serrano, párroco de la pedanía de Palomares. "Venía muy preocupado por el estado psíquico de la población civil, manifestando que está muy alarmada por haber oído referencias en español por radios extranjeras de que la zona estaba contaminada y había un grave peligro para los habitantes".

Le atendió el propio general Donovan, quien amablemente le explicó a través de un intérprete "la realidad sobre el poco peligro existente". El sacerdote hizo ver "la conveniencia" de que alguna autoridad española les hablase y tranquilizase, lo que produjo que se trasladase ese mismo día a la zona el gobernador civil de la provincia.

Sin embargo, después de hablar brevemente con los vecinos, el gobernador civil, según el capitán James Grijalbo, delegó toda la autoridad en el coronel Ramos. Este ordenó inmediatamente una cuarentena completa de Palomares, tanto para la salida de sus productos alimenticios (principalmente tomates), como en la entrada y salida de personas.

A pesar de eso, como explican los informes secretos españoles, los corresponsales extranjeros continuaron "deambulando por todas partes", hasta el extremo de que la Guardia Civil se vio obligada a "echar" a supuestos corresponsales de la prensa francesa no acreditados. Los corresponsales extranjeros, detallan los informes encontrados, "estuvieron sonsacando a los niños, dándoles caramelos para que hablasen y, en vista que así no se les podía controlar, se les ordenó que fuesen al campamento americano, a un lugar donde había puesto un cartel para que todos los corresponsales se reunieran allí y un coronel americano los recibía".

Pese a que ambas partes tratan de mantener controlada la información, el cerco no es perfecto. La alarma saltó cuando el general estadounidense Wilson trata de que la única foto que existe del momento preciso del accidente no sea publicada, pese a que la instantánea no revela prácticamente nada y solo se aprecia lo que parece una gran nube blanca.

"Se tuvo noticias que extranjero llamado Fovvler que se dedica [a] trabajo rodaje películas como técnico de efectos especiales tomó foto colisión aviones día 17 desde Carboneras. Dicho individuo salió ayer para Madrid ignorarse hotel que habitará. Se ha llegado conocimiento piensa vender foto en 400 dólares 'Paris Match'. Viaja en Rolls Royce acompañado una mujer teniendo cabellera muy larga", comunica a Madrid el general Montel en un telegrama secreto remitido el 25 de febrero.

Los corresponsales extranjeros "estuvieron sonsacando a los niños, dándoles caramelos para que hablasen"

Hoy sabemos que las autoridades españolas no pudieron satisfacer los deseos de los estadounidenses y, unas semanas después, la revista francesa logra una primicia mundial al publicarla.

Este no fue el único reportaje gráfico que el Pentágono trató de que no saliera a la luz pública. El otro caso se refiere a las imágenes de los cadáveres calcinados y destrozados de algunos de los miembros de las tripulaciones aéreas estadounidenses. Fueron tomadas el mismo día 17, cuando los presentaron al general Wilson en Cuevas del Almanzora.

"La capilla ardiente estaba montada en el salón principal del ayuntamiento —explicó el capitán James Grijalbo, que lo presenció—. Allí estaban el alcalde, concejales y cura párroco, así como una gran multitud a las puertas del mismo. Se mandó aviso al médico forense del citado pueblo que, junto con el capitán médico Byrum, abrieron (sic) los féretros, reconocieron los cadáveres y este último me pareció [que] se guardaba algunos efectos personales encontrados de ellos".

Después de muchas conversaciones, idas y venidas, las autoridades españolas autorizaron su traslado vía terrestre hasta San Javier. De allí partieron en vuelo hasta Torrejón, donde se procedió a su confirmación forense a través de las huellas digitales y pies. Es raro y difícil encontrar estas fotografías, aunque sí han aparecido en algún lugar.

A mediados de febrero, ante las quejas por las trabas burocráticas, las escasas indemnizaciones económicas que ofrece EEUU y la incapacidad del Pentágono de encontrar la cuarta bomba, aumentan las peticiones a favor de una estrategia de comunicación más proactiva con el objeto de difundir "algunas vistas y escenas de normalidad" que contribuyan a "contrarrestar la intensa campaña tendenciosa de la radio y prensa extranjeras".

Se toma la decisión de aislar completamente a los habitantes de Palomares y Villaricos de la influencia de las radios extranjeras, especialmente la del Partido Comunista, conocida como Radio Pirenaica, que emitía desde fuera del territorio nacional.

El 11 de febrero, cuando los supermodernos submarinos norteamericanos continúan buscando sin éxito la bomba en el Mediterráneo, llega a Vera un equipo militar enviado especialmente por el Alto Estado Mayor, máximo órgano militar de la presidencia del Gobierno, diseñado para interferir y hacer ininteligible cualquier emisión radiofónica. Su instalación y pruebas son complejas, por lo que su entrada en servicio se retrasa nueve días. Su efectividad es total. No solo interfiere las radios, sino que anula totalmente la recepción de la señal de televisión en un radio de 300 metros. Los lugareños no saben bien qué pasa. Desde hace días no pueden escuchar la radio ni ver ni la televisión.

El día 24, Montel se alarma y lo comunica inmediatamente a sus superiores. "Equipo interferencias Alto Estado Mayor produce interferencias en [la] recepción televisión creando el consiguiente malestar", afirma.

Para empeorar las cosas, aparece en las proximidades una rudimentaria pancarta sobre cartón con el siguiente mensaje: "Fuera los americanos de España, fuera las bases, no queremos más aviones yanquis en nuestro suelo cargado de bombas atómicas. No queremos otra Hiroshima".

La tensión entre los habitantes se multiplica y los militares empiezan a pensar que es peor el remedio que la enfermedad. El 4 de marzo, coincidiendo con el llenado de los bidones que se llevarán a EEUU los terrenos más contaminados, reitera en un telegrama secreto "urgentísimo": "Comunique posibilidad parar equipo interferencias de la presidencia para evitar molestias ya citadas".

No sabemos con exactitud cuándo finaliza el bloqueo informativo, pero los telegramas secretos españoles dejan claro que la tensión se desinfla a partir de la semana siguiente, tras "la impresión muy favorable" que ha tenido el famoso baño en las cercanías del ministro Manuel Fraga y el embajador estadounidense Duke.

El 11 de marzo, el Pentágono retira la mitad de los 800 hombres que tiene en la zona y el general Wilson informa que levantarán el campamento el 20 de marzo. Montel y los científicos españoles lo entienden como el final de su trabajo. "Ya no es necesaria mi permanencia continua en la zona", informa a sus superiores.

La alarma se enciende en el Gobierno español ante el temor de que los norteamericanos se marchen sin completar el trabajo y abandonando una última bomba atómica en el Mediterráneo. Por eso, rechazan la petición de Montel. Tendrá que esperar un mes más.

Finalmente, se encuentra a 970 metros de profundidad. El 8 de abril, Viernes Santo, se muestra a los medios de comunicación a bordo del USS Petrel. Nadie de importancia del Gobierno franquista quiso inmortalizarse con ella.