SE DIRIGE AL CONSEJO DE MINISTROS

La Audiencia Nacional pide levantar el secreto del accidente nuclear de Palomares

El accidente se remonta al 17 de enero de 1966, cuando cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones cada una, 75 veces más destructivas que la de Hiroshima, cayeron sobre Palomares

Foto: Fraga y Angier Biddle Duke se bañan en Palomares el 8 de marzo de 1966.
Fraga y Angier Biddle Duke se bañan en Palomares el 8 de marzo de 1966.

La Audiencia Nacional quiere acabar con las sombras que aún rodean al accidente nuclear que contaminó en 1996 los suelos de Palomares, en Almería. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda "dirigirse al Consejo de Ministros a fin de que, por el trámite que corresponda, lleve a cabo la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el día 5 de Mayo de 2010 y que lo remita a esta Sala con las indicaciones que sean procedentes en relación a la confidencialidad de su contenido".

El accidente se remonta al 17 de enero de 1966, cuando un bombardero B-52G estadounidense que regresaba a su base en Carolina del Sur intentó repostar en vuelo a 400 kilómetros por hora y chocó con su avión nodriza. Siete hombres murieron y sobre Palomares cayeron cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones cada una, 75 veces más destructivas que la que redujo Hiroshima a cenizas. Estados Unidos y la dictadura española se hicieron cargo de la operación de limpieza, pero más de 50 años después, todavía se pone en duda hasta qué punto las tierras de Palomares siguen contaminadas.

La petición de la Audiencia Nacional, adelantada por El País, llega después de un recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la resolución del CSN del 16 de febrero de 2017 por la que se les denegó acceder al plan de limpieza. En concreto, la organización pide que se aclare "la fijación de plazo para llevar a efecto el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos" de tierras contaminadas por el accidente, solicitud que ha sido atendida ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

"Esta Sala considera que dado que la resolución recurrida (la dictada por el CSN en fecha 16 de febrero de 2017) reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966, es necesario conocer los planes que se hayan elaborado, en particular el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN con fecha 5 de Mayo de 2010 con objeto de poder examinar su contenido y disponer de elementos de juicio que pudieran ser relevantes para la resolución del litigio", explica el auto. Bajo el mismo razonamiento, la Audiencia Nacional también sostiene que "será necesario contar con la documentación que se haya elaborado a partir del año 2010 y las indicaciones precisas sobre el tiempo estimado para la finalización del mencionado Plan".

El auto en el que se ordena la desclasificación abre la puerta a que el Ejecutivo haga precisiones sobre la confidencialidad. En su parte dispositiva acuerda dirigirse al Consejo de Ministros a fin de que, por el trámite que corresponda, lleve a cabo la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN el día 5 de Mayo de 2010. A continuación, precisa: "Que lo remita a esta Sala con las indicaciones que sean procedentes en relación a la confidencialidad de su contenido". Reclama, además, datos adicionales sobre el tiempo estimado para la finalización del informe y que se aporte "cuanta documentación se haya elaborado a partir de la fecha indicada".

Un voto particular

El auto cuenta con el voto particular del magistrado Helmut Moya Meyer, que pese a compartir la decisión de pedir la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares, considera que la argumentación sobre la que se sustenta la solicitud no es correcta y también carga contra el Gobierno: "En un asunto en el que existen fuertes indicios de que se está poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente, la mera alusión a los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España mencionados en la comunicación de la Directora General del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores citada, no permite vedar la participación pública en la toma de decisiones".

Ante la posibilidad de que el Ejecutivo se escude en la confidencialidad para no facilitar parte de la información, Moya subraya además que "deberá de hacerse un esfuerzo para distinguir aquella información que pueda afectar a las relaciones con Estados Unidos de Norte América, de aquella otra no relacionada con la información clasificada recibida de ese país, sin que pueda mantenerse una clasificación generalizada para todo el asunto Palomares como materia reservada".

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