Marruecos insiste en la "ocupación" de Ceuta y Melilla pese al compromiso con Sánchez

Un día, en abril pasado, es el presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, el que hace una declaración provocadora sobre la necesaria "liberación" de Ceuta y Melilla. Otro, hace justo un año, es el director general de Aduanas, Nabyl Lakdar, el que sostiene que no se contempla la apertura de aduanas con las ciudades autónomas. Rara es la semana en que algún suceso no pone de relieve la fragilidad de la reconciliación entre España y Marruecos, tan ensalzada por el Gobierno español desde que se selló en Rabat, en abril de 2022.

La segunda quincena de mayo ha sido fértil en iniciativas marroquíes que ponen en entredicho las declaraciones conjuntas, de abril de 2022 y febrero pasado, con las que los gobiernos de España y Marruecos sellaron la paz tras 15 meses de crisis bilateral.

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La primera de esas iniciativas fue la entrega por Marruecos, el 17 de mayo, de lo que en el lenguaje diplomático se llama una nota verbal, que en realidad es escrita, a la delegación de la Unión Europea en Rabat. La diplomacia marroquí protestó así vehementemente por las “declaraciones hostiles” de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea y titular de la cartera de Inmigración.

Schinas, casado con una española, Mercedes Alvargonzález, y buen conocedor de España, reprochó en varias ocasiones a Rabat explotar la baza de la inmigración para presionar a su vecino y recordó también que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas. En su nota verbal, Rabat las describe como marroquíes.

Transcurridas dos semanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó, por fin, remitiendo a su vez una nota verbal a la embajada de Marruecos en Madrid en la que rechazó “categóricamente” la queja marroquí. Recordaba además que las fronteras de las dos ciudades “están internacionalmente reconocidas”. A preguntas de la prensa, Nabila Massrali, portavoz de la Comisión Europea para la política exterior, secundó las palabras de Schinas.

Opinión

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Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, considera que la UE debería dar una respuesta algo más contundente a las aspiraciones marroquíes, instalando en una de las dos ciudades la sede de algún pequeño organismo comunitario o, por lo menos, organizando allí seminarios u otras actividades. La presidencia española de la UE, que empieza en julio, también podía haber convocado alguna reunión menor al sur del Estrecho, pero rehusó hacerlo.

Otro portavoz, el del Gobierno marroquí, Mustafa Baitas, insistió de nuevo el jueves pasado en que la protesta de Marruecos ante la UE “es una aclaración necesaria tras el desvarío” de Schinas. Intentó, no obstante, apaciguar el disgusto español, reafirmando que “Marruecos está orgulloso del verdadero y muy gran partenariado con su vecino español”.

Pese a la reconciliación con España, Rabat no pierde una oportunidad de recordar que Ceuta y Melilla le pertenecen y están ocupadas. Así lo señalan los ministros marroquíes cuando responden por escrito a preguntas parlamentarias que no guardan relación con asuntos de soberanía; así lo afirmó hace dos meses el presidente del Senado; así lo escribió en septiembre Omar Zniber, embajador de Marruecos ante la ONU en Ginebra, en respuesta a una pregunta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la tragedia de la valla de Melilla hace ahora un año.

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En esa ocasión, la diplomacia española no dio la réplica a las reivindicaciones territoriales marroquíes formuladas en Ginebra, pero a finales de mayo sí lo hizo, quizá porque el país estaba entrando ya en la precampaña electoral de las legislativas de julio. Antes y ahora también, el vecino marroquí incumple aquello que el presidente Pedro Sánchez anunció el 2 de febrero al término de la cumbre hispano-marroquí de Rabat.

Ambos gobiernos acordaron, dijo entonces Sánchez, “evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a las respectivas esferas de soberanía”. Su frase se interpretó como que el Ejecutivo español sería aún más cauto al mencionar el Sáhara Occidental, sobre el que Marruecos no ostenta la soberanía y España es la potencia administradora de jure, y el marroquí haría otro tanto con relación a Ceuta y Melilla.

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En los círculos diplomáticos de la UE, la embestida marroquí contra Margaritis Schinas ha sorprendido. Marruecos está en la picota desde que en diciembre estalló lo que aún se llama Qatargate, pero es más bien Moroccogate; es decir, la trama de corrupción que reclutó a eurodiputados para defender en la Eurocámara los intereses marroquíes.

Prueba de esa prevención hacia Marruecos es que el 16 de febrero el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que veta el acceso de sus representantes al hemiciclo. El 1 de junio dio un paso más y votó otro texto que denuncia las “injerencias” marroquíes en los asuntos internos de la UE e invita al legislador europeo a suspender la tramitación de los asuntos relacionados con Qatar y Marruecos.

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Que Marruecos arremeta, en estas circunstancias, contra el vicepresidente Schinas demuestra hasta qué punto su diplomacia sigue envalentonada desde que el 10 de diciembre de 2020 el entonces presidente Donald Trump reconoció su soberanía sobre el Sáhara Occidental. A ese espaldarazo de EEUU se añadió después la cooperación con Israel, sobre todo en el ámbito militar, y la gran concesión arrancada a Pedro Sánchez sobre, de nuevo, el Sáhara.

El incumplimiento marroquí, reiterando cada dos por tres su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, tiene más bien un alcance político y simbólico. Hay otro incumplimiento que tiene efectos prácticos y contribuye a la asfixia económica de las dos ciudades autónomas. Catorce meses después de que Sánchez lo anunciara en Rabat, siguen sin disponer de aduanas terrestres con Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, precisó incluso que se abrirían coincidiendo con la cumbre bilateral de febrero. Desde entonces, han pasado más de cuatro meses.

El Gobierno español se ha prestado incluso a entrar en las maniobras de dilación marroquíes consistentes en hacer pruebas piloto de exportación e importación. Ya van tres desde enero. En cada ocasión, una furgoneta atraviesa las fronteras del Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla) con alguna mercancía a bordo. Una vez concluido el ensayo clandestino —nunca se invitó a la prensa a presenciarlo—, las dos delegaciones del Gobierno se felicitan de su éxito, mientras que del lado marroquí se guarda el más absoluto silencio.

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Estas pruebas son absolutamente innecesarias, y más aún en Melilla, donde hubo, hasta su cierre de un plumazo por Rabat en agosto de 2018, una aduana comercial que funcionó durante siglo y medio. En su última década de funcionamiento (2008-2018) se registraron 36.000 operaciones de exportación a Marruecos, de todo tipo de mercancías, y 40.000 de importación, muchas de ellas de materiales de construcción más baratos en el país vecino.

Estas pruebas piloto son, en realidad, un requisito exigido por Rabat para ir aplazando sine die la apertura de unas aduanas que, en el fondo, rechaza porque, por pequeñas que sean, podrían ser interpretadas como un paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre las dos ciudades.

En su empeño de asfixiarlas, los agentes marroquíes no aplican, ni siquiera en las fronteras terrestres, que se tardan horas en cruzar, el llamado régimen de viajeros, que sí está vigente en todos los aeropuertos internacionales de Marruecos. Consiste en que el viajero pueda entrar en el país con algunas compras, por valor de 100 o 200 euros, para su uso personal o para regalar a sus familiares. “En la frontera, los marroquíes te quitan hasta una botella de agua mineral que lleves cerrada”, recordaba Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla.

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Las autoridades de España y Marruecos están ahora acabando de negociar la operación Paso del Estrecho (OPE) que permitirá, a lo largo del verano, a cientos de miles de inmigrantes de origen marroquí en Europa regresar a su país de vacaciones cruzando España. El año pasado fueron 2,9 millones de pasajeros y casi 700.000 vehículos los que atravesaron el Estrecho en las fases de salida y retorno, según el Ministerio del Interior español.

Más de un 30% entró o salió de Marruecos a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Ellos sí se beneficiaron de un generoso régimen de viajeros que la Dirección General de Aduanas marroquí volverá a aplicar este año, según ha anunciado en una circular. Los residentes en Ceuta y Melilla no tendrán, en cambio, derecho al mismo trato de favor. A día de hoy, la delegación española que pone a punto la OPE con las autoridades marroquíes ni siquiera ha puesto sobre la mesa la equiparación del régimen de viajeros.

Mientras ahoga a las ciudades autónomas, Rabat se esfuerza por atraer más inversión española. Con tal propósito, la Agencia Marroquí para el Desarrollo de las Inversiones y de las Exportaciones, un organismo público, puso en circulación en mayo un vídeo en el que ensalza la amistad y la complementariedad entre los dos vecinos del Estrecho. España es, desde hace más de una década, el primer socio comercial de Marruecos, por delante de Francia, pero la inversión renquea. A causa, en buena medida, de la inseguridad jurídica, solo ocupa el quinto lugar entre los inversores extranjeros.