Perfil bajo y discreción: por qué a España no le conviene que se "europeíce" la crisis con Marruecos

La Eurocámara ha aprobado este jueves por una amplia mayoría una declaración en la que acusa a Marruecos de violar el Convención de Naciones Unidas sobre derechos de los niños al usar a menores, a los que se empujó a cruzar la frontera hacia Ceuta, “como presión política contra un Estado miembro de la Unión”. El tono es duro y tiene el apoyo de todos los grupos españoles en la institución, desde Unidas Podemos hasta el Partido Popular, a excepción de la abstención de Vox.

También ha contado con los votos del PSOE. Ha sido un trabajo en equipo, aseguran las fuentes parlamentarias, de Ciudadanos, los impulsores de la resolución, así como de los populares, que aseguran que han trabajado muy bien con todas las fuerzas políticas españolas en los últimos días. Sin embargo, es un cambio de estrategia respecto a cómo había estado gestionando la situación el Gobierno, que ha evitado en todo momento pasarse de frenada en la “europeización” de lo ocurrido en la frontera entre Ceuta y Marruecos.

En un primer momento el Ejecutivo movió hilos en Bruselas para lograr que un grupo de comisarios, así como la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y también el del Parlamento Europeo, David Sassoli, enviaran un mensaje claro, señalando que la frontera de Ceuta es una frontera europea. Pero ahí se acabó la “europeización” del asunto.

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A. A.

España tiene fama en Bruselas de gestionar los asuntos de forma bilateral con Marruecos de forma muy efectiva. Sin montar demasiado ruido, sin buscar que el foro de debate sea Bruselas. Tanto a Madrid como a Rabat les ha ido razonablemente bien llevando sus asuntos con discreción. Hacía días, preguntada sobre si estaban preocupados por la deriva que pudiera tomar la situación, una fuente comunitaria sonreía y señalaba que tenía plena confianza en la experiencia española gestionando las relaciones con Rabat. El reino alauí cuenta con un socio muy cercano en la Unión que, en general, le hace la vida bastante apacible: es cierto que no se beneficia a un nivel económico como Turquía por su acuerdo migratorio, pero tiene una relación muy estrecha y se beneficia de que los europeos miren hacia otro lado en materia de derechos humanos.

Discreción y bilateralidad

Y España ha sido fiel a esa estrategia de discreción y bilateralidad en las últimas semanas. La única novedad fue que movió hilos para demostrar a Rabat que tenía apoyo en Europa y que las cosas se podían complicar si no se comportaba. Pero una vez enviado ese mensaje en las horas que siguieron al inicio de la crisis en Ceuta, el Gobierno volvió a la estrategia tradicional: rebajar tensiones e intentar reconducir todo como viejos amigos.

Aunque en las últimas semanas se discute más sobre migración en Bruselas el impulso a estas conversaciones lo está dando el Gobierno italiano de Mario Draghi, no tanto el Gobierno español, y siempre en el marco del debate de la propuesta para un nuevo pacto migratorio, que se debatirá en la cumbre de finales de junio. El presidente Pedro Sánchez sí que comentó el asunto en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas días después de la crisis en Ceuta, pero el punto sobre migración fue incluido en la reunión de líderes por parte de la delegación italiana.

En un Consejo de Interior y Justicia celebrado esta misma semana en Luxemburgo, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ni siquiera mencionó el asunto de Ceuta, ni a nivel formal, durante las discusiones que se celebraron sobre la cuestión migratoria, ni tampoco a nivel informal durante el almuerzo. Sencillamente porque, según fuentes gubernamentales, se trata de un asunto “puntual”. Una demostración de cómo España ha evitado en cada ocasión que ha tenido el montar ruido al respecto en Bruselas.

La declaración del Parlamento Europeo rompe esa dinámica, y de hecho no ha tardado en levantar los ánimos en Rabat, que acusa a España de “europeizar” el problema. Y el reino alauí sabe lo que significa esa europeización: un aumento de las críticas por todos esos asuntos que su relación privilegiada con España suele tapar, como los continuos abusos contra los derechos humanos, o, incluso, el silencio respecto al Sáhara Occidental. Un ejemplo de este último punto es que el acuerdo de pesca con Marruecos, que incluye las aguas saharauis, aunque este asunto está ahora en manos de los tribunales europeos. La declaración tiene el efecto práctico que tiene: ninguno. Es una declaración política, un posicionamiento de la institución muy inusual por su dureza hacia Rabat. Pero no tiene ningún efecto real.

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La estrategia del Gobierno no ha cambiado, y en las últimas horas se insiste en que la idea es tener paciencia, desinflamar e intentar volver al diálogo. Esta misma semana Arancha González Laya, ministra de Exteriores española, insistía en ese mensaje, explicando que el Gobierno “está plenamente comprometido en el diálogo y en el futuro. Hemos trabajado en una cooperación modélica, que sirve para gestionar nuestra interdependencia, que es la que nos impone nuestra vecindad y ha dado frutos muy destacados. Ha sido muy beneficiosa esta relación entre ambos países y así queremos que siga siendo”.

En el Parlamento Europeo ninguna de las personas consultadas creen que se esté rompiendo filas con el Gobierno, y ven más bien en la resolución de la Eurocámara un complemento al discurso del Ejecutivo español sobre Rabat. Lija, con una resolución en un tono muy duro y que ataca directamente al régimen alauí, y seda, con Madrid insistiendo en el diálogo y en la relación privilegiada. Sin embargo, Marruecos amenaza con tomar medidas contra la Unión Europea a raíz de una declaración que puede acabar inflamando los mismos ánimos que el Gobierno busca rebajar.