El Gobierno da largas a la reivindicación de Ceuta y Melilla de abrir una aduana con Marruecos

Cinco meses después de la declaración conjunta hispano-marroquí del 7 de abril, los representantes de los empresarios de Ceuta y Melilla viajaron este martes a Madrid para pedir al Gobierno que se cumpla de una vez aquello que se anunció entonces. El texto publicado al término de la visita a Rabat del presidente, Pedro Sánchez, con la que puso fin a la larga crisis bilateral, recogía el compromiso de recuperar con plena "normalidad" el tránsito de personas y mercancías.

Los interlocutores de los presidentes de ambas patronales en los ministerios de Industria y Comercio y Asuntos Exteriores respondieron a sus aspiraciones con buenas palabras, pero sin adquirir ningún compromiso sobre la apertura de aduanas comerciales en las fronteras con Marruecos, según fuentes conocedoras de las reuniones. En ambos ministerios desconocían además el incumplimiento por los aduaneros marroquíes del llamado régimen de viajeros que debería permitir cruzar los pasos terrestres, reabiertos desde el 17 de mayo, con pequeñas compras para uso personal efectuadas en las ciudades autónomas.

“No dejan entrar en Marruecos ni con una botella de agua mineral que no esté abierta”, explicó Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. “El que adquiere unos zapatos en nuestra ciudad los debe llevar puestos so pena que se los incauten en la frontera”, añadió. “Así se disuade el turismo de compras”, se quejó. En sentido contrario, de Marruecos a España, sí se pueden introducir alimentos -algunos productos frescos están vetados-, ropa o utensilios para uso y consumo propio.

Los aduaneros de Marruecos sí cumplieron con generosidad el régimen de viajeros, durante los tres meses que duró la Operación Paso del Estrecho, con los inmigrantes marroquíes que viven en Europa y que regresaron a su país de vacaciones en verano, vía Ceuta o Melilla, con los coches repletos de regalos para sus familias. “Solo hubo flexibilidad con sus ciudadanos residentes en Europa”, recordó amargado un melillense que intentó llevar un regalo de boda a sus familiares en Marruecos y se dio media vuelta.

Alcoba y la presidenta de la patronal de Ceuta, Arantxa Campos, se reunieron en Madrid con el director general de Comercio, Juan Francisco Martínez, y la directora de diplomacia económica, Ana Esmeralda Martínez. Los ministerios no facilitaron información sobre lo tratado. “Nos dijeron que no había fechas para la apertura de las aduanas”, se lamentó Alcoba a la salida. “Por lo visto se está negociando”, añadió.

En la declaración conjunta hispano-marroquí de abril se anunció que “la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. En la rueda de prensa que dio a continuación el presidente Sánchez precisó que eso significaba que se abrirían aduanas comerciales en ambas ciudades. Ninguna autoridad marroquí lo ha confirmado y el director general de Aduanas, Nabil Lakhdar, lo negó en junio aunque después rectificó.

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En Melilla hubo una aduana comercial, instaurada a mediados del siglo XIX, que las autoridades marroquíes cerraron, sin comunicárselo a España, el 1 de agosto de 2018. El Gobierno español no protestó. En Ceuta nunca hubo aduana. La de Melilla podía haber sido reabierta al mismo tiempo que la frontera, hace ya cuatro meses, pero las autoridades marroquíes se negaron a ello. “Se puede abrir de un día para otro si hay voluntad política”, insistió Alcoba. “No tengo constancia que en Ceuta se esté habilitando un edificio para aduana”, comentó Campos.

La apertura de las aduanas, que aliviaría la asfixia económica a la que Rabat somete a las dos ciudades, parecía, sobre el papel, la principal contrapartida obtenida por el presidente Sánchez a cambio de su alineamiento con la solución propugnada por Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara puesto de manifiesto en la carta que envió el 14 de marzo al rey Mohamed VI de Marruecos y que este divulgó cuatro días después.

Los altos funcionarios que se reunieron con los empresarios prometieron, eso sí, que trasladarían sus reivindicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que hoy miércoles tiene previsto entrevistarse en Nueva York con su homólogo marroquí Nasser Bourita.

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A día de hoy, cinco meses después de la declaración conjunta, la única contrapartida concreta conseguida por España ha sido una reducción de la inmigración irregular especialmente en Canarias, que es donde más preocupaba. De enero hasta el 15 de septiembre desembarcaron en el archipiélago 11.522 “sin papeles”, un 2% más que durante el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio del Interior. El incremento se produjo, en realidad, a principios de año, pero desde que Sánchez viajó a Rabat la inmigración disminuyó. Quedó así demostrado que Marruecos la utiliza para presionar.

Otro motivo de decepción para el empresariado de ambas ciudades es que el Plan Integral de desarrollo, anunciado por Sánchez en mayo de 2021, no está aún acabado. En contra de lo anunciado no será presentado antes de que termine el verano. El Gobierno tiene además pendientes, desde hace más de un año, otras decisiones sobre el futuro de Ceuta y Melilla como su inclusión en la Unión Aduanera de la UE y en el Comité de las Regiones para afianzar así su carácter europeo.

Tampoco ha resuelto un problema comercial que surgió en agosto de 2020. Varios empresarios melillenses señalaron entonces que la aduana de Marruecos ya no aceptaba el formulario EUR-1, que certifica el origen europeo de la mercancía, si la empresa exportadora tenía su sede social en la ciudad autónoma. Previsto por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, ese certificado da derecho a una importante rebaja e incluso a una exención de aranceles para las mercancías europeas.

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La iniciativa de Rabat no significa que los productos exportados por empresas melillenses no puedan entrar en Marruecos desde los puertos de la península -por tierra es imposible al estar cerrada la aduana-, pero sí que los importadores marroquíes deberán pagar un arancel muy superior, que encarece la mercancía considerada como no europea. La patronal melillense solicitó hace dos años a la Delegación del Gobierno en Melilla que instase a la Dirección General de Aduanas de España a “pedir explicaciones oficiales a la de Marruecos por este nuevo atropello”.

“A día de hoy el escollo marroquí persiste”, explicó Enrique Aldecoa, pese a que es un incumplimiento del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. “Los empresarios melillenses lo estamos sorteado”, precisó. Las empresas de Melilla exportan al país vecino por mar utilizando una sede social ficticia en la península, en Málaga o Almería, para que la Aduana marroquí considere que sus productos son comunitarios.