Un año del 'nuevo partenariado' con Rabat: la única contrapartida es la caída de la inmigración por mar

“Hemos tenido incluso interlocutores de nuestra delegación (...) que se han negado a comentar los posibles vínculos [de Pegasus] con Marruecos por miedo a represalias por parte de las autoridades marroquíes”. El eurodiputado neerlandés Jeroen Lenaers hizo este comentario, el 21 de marzo, en la rueda de prensa al término de la visita a Madrid de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de ese programa malicioso, de fabricación israelí, por diversos servicios secretos, empezando por el marroquí.

Lenaers se reunió, entre otros interlocutores, con Pascual Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea. Ningún otro miembro del Ejecutivo quiso recibir a la comisión que él encabeza, ni siquiera aquellos que denunciaron en la Audiencia Nacional, en abril de 2022 —el presidente y los titulares de Defensa e Interior—, que sus móviles fueron pirateados con Pegasus.

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“No está claro quién espió al Gobierno español, pero las pistas apuntan a terceros países, entre ellos Marruecos”, concluyó Lenaers su intervención. Desde el Ejecutivo español, nunca se ha querido señalar al vecino marroquí como la potencia que espió, pese a que los móviles fueron infectados en mayo y junio de 2021, el momento más tenso de la larga crisis hispano-marroquí (diciembre de 2020-marzo de 2022).

Que Lenaers mencione en público el temor de las autoridades españolas a las “represalias” de Marruecos da idea de la relación que, desde hace más de un año, se ha establecido entre los dos vecinos del Estrecho. Fue hace un año, el 7 de abril de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez viajó a Rabat para sellar con Mohamed VI una reconciliación que había empezado casi un mes antes. El 14 de marzo, Sánchez envió una carta al monarca alauí alineándose con la solución que propugna Rabat para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Esa era la condición marroquí indispensable para hacer las paces.

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Al término de la cena del 7 de abril en Rabat, se hizo pública una declaración conjunta titulada Nueva etapa del partenariado. Consiste en 16 puntos que, en buena medida, un año después se han incumplido o no han dado frutos.

El punto 3 señala que se restablecerá “la plena normalización de la circulación de personas y mercancías, incluyendo (...) el control aduanero y de personas”. Solo uno, el más importante, de los tres pasos de Melilla con Marruecos está hoy en día abierto. No se ha reabierto la aduana de Melilla, cerrada por Rabat en agosto de 2018 tras 152 años de funcionamiento, ni se ha inaugurado una en Ceuta, como anunció Sánchez en Rabat. No hay un calendario para su apertura. En las fronteras terrestres, las autoridades marroquíes no aplican el llamado “régimen de viajeros”, que debería permitir cruzarlas con pequeñas compras efectuadas en las ciudades autónomas. Se veta así el turismo de compras. Pasar por tierra de un país a otro es “penoso” y a veces se tarda hasta cinco horas en recorrer 200 metros, como recalca un escrito de la patronal melillense (CEME) registrado en el Congreso el 22 de marzo. Todas estas trabas ahogan económicamente a Ceuta y Melilla.

El punto 6 señala que “se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica con el objetivo de lograr avances concretos”. El grupo se ha puesto en marcha, pero es casi imposible que consiga avanzar en delimitar esos espacios entre Canarias y el continente africano. Rabat pretende que España no solo negocie la delimitación entre Canarias y Marruecos, sino también entre el archipiélago y el Sáhara Occidental, lo que implicaría reconocer la soberanía marroquí sobre esas aguas. El Gobierno se resiste a ello.

El punto 7 anuncia que “se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”. España sigue gestionando desde Gran Canaria el espacio aéreo del Sáhara Occidental aunque, en momentos de tensión, las aeronaves marroquíes tratan de escabullirse del control español y ponen así en riesgo el tráfico aéreo. Marruecos aspira a que se le transfiera esta tarea, como recuerda regularmente la prensa marroquí. El Gobierno español contestó, el 22 de marzo, a una pregunta de Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria, que se habían iniciado conversaciones con vistas a cumplir el punto 7. Toda la prensa española lo interpretó como que se disponía a transferir la gestión de ese espacio. El Gobierno no lo desmintió, pero sí lo hizo tajantemente, el 24 de marzo, Ángel Victor Torres, presidente socialista de Canarias. Antes de desmentirlo, consultó con Madrid.

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El punto 8 anuncia que “se relanzará y reforzará la cooperación en el ámbito de la migración”. Es el único capítulo en el que España obtiene contrapartidas concretas. De enero hasta el 31 de marzo, la inmigración irregular que llegó a las costas españolas y a Ceuta y Melilla disminuyó un 50,9% con relación al mismo periodo de 2022. En Canarias, que es donde más preocupa, cayó un 63,3%. Esta mejora pone de relieve que, hasta abril del año pasado, Rabat presionaba con la inmigración irregular para obtener concesiones de España y cuando las logró se esforzó en frenarla. Desde 2019, el Gobierno español ha otorgado al país vecino 62 millones de euros para ayudarle a controlar los flujos migratorios, según una respuesta parlamentaria del 1 de febrero. En agosto pasado, la Comisión Europea acordó concederle 500 millones, por el mismo concepto, de aquí a 2027.

Tras la reunión de alto nivel celebrada en Rabat entre los gobiernos español y marroquí, el presidente Sánchez anunció además, el 2 de febrero, que ambas partes habían acordado evitar “todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”. La frase se interpretó como que las autoridades marroquíes aparcarían, al menos públicamente, su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, mientras que las españolas serían muy cautelosas en sus pronunciamientos sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez viajó a Ceuta el 1 de marzo para inaugurar un modesto centro de salud sin suscitar, a diferencia de anteriores visitas de otros presidentes, ninguna queja de Rabat. En su correspondencia, las autoridades marroquíes siguen, sin embargo, describiendo las dos ciudades como “ocupadas”. Lo hizo, por ejemplo, el ministro de Interior, Abdelouafi Laftit, el 16 de marzo, en una respuesta parlamentaria al diputado Mohamed Touhtouh. Junto a las islas Chafarinas, en aguas territoriales españolas, se mantiene además la piscifactoría de una empresa marroquí que no fue autorizada por las autoridades españolas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ensalza, por su parte, con frecuencia que el comercio bilateral hispano-marroquí está “en máximos históricos”. Alcanzó en los últimos 12 meses los 20.000 millones de euros, de los que 12.000 son exportaciones españolas. “Solo EEUU y Reino Unido son mejores clientes nuestros fuera de la Unión Europea”, recalca. Hace ya más de una década que Marruecos se convirtió en el segundo cliente de España fuera de la UE, ahora el tercero tras el Brexit. Tras un cierto estancamiento durante la pandemia, los intercambios a través del Estrecho están de nuevo en auge. En cambio, desde junio de 2022, se han desplomado con Argelia. Decenas de empresas del Levante español que exportaban a ese país están en apuros. Las empresas españolas han sido además excluidas de todas las licitaciones públicas en ese país.

A los desaires marroquíes, como la cancelación de la audiencia real a Sánchez el 1 de febrero en Rabat o la calificación de Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas”, se añaden otras desatenciones que no se hacen públicas. Marruecos ha dejado, por ejemplo, claro que no hará el favor de prorrogar provisionalmente el acuerdo pesquero con la UE que expira el 17 de julio, lo que obligará a la flota europea a salir ese día de sus aguas y de las del Sáhara Occidental. Noventa y tres de las 138 licencias de pesca concedidas allí por Rabat están en manos de armadores españoles.

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Pese a todo ello, el Gobierno español se sigue batiendo el cobre por defender los intereses de Marruecos. Tras ser llamados por teléfono por Albares, los eurodiputados socialistas españoles votaron, el 19 de enero en el Parlamento Europeo, en contra de una resolución que pedía la excarcelación de tres conocidos periodistas marroquíes. Rehusaron explicar su voto en público. Albares había recibido a su vez tres llamadas de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para insistirle en que los eurodiputados socialistas no se debían pronunciar en el hemiciclo en contra de Marruecos. En la declaración hispano-marroquí aprobada el 2 de febrero, se reitera, sin embargo, el "compromiso con la protección y las garantías de los derechos humanos".

El Gobierno confirmó el 18 de de marzo, en una respuesta parlamentaria, que tiene la intención de abrir una antena del Instituto Cervantes en El Aaiún, la capital del Sáhara, algo a lo que se opone el Frente Polisario. Ese gesto “supondría un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí” sobre esa antigua colonia española, subrayó el diario El País.

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Sánchez convenció, por otra parte, a su homólogo portugués, António Costa, de sustituir Ucrania por Marruecos y asociar el país vecino a la candidatura hispano-lusa al Mundial 2030. Ambos jefes de Gobierno dejaron además el privilegio a Mohamed VI de desvelar públicamente esa triple candidatura. El monarca, que estaba de vacaciones en Gabón, delegó en su ministro de Educación, Chakib Benmoussa. Este hizo el anuncio, en nombre del rey, el 14 de marzo desde Kigali.

En la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó caer, el 25 de marzo, que a esas citas podrían ser invitadas como observadores algunas naciones africanas. Mencionó la República Árabe Saharaui Democrática, con la que él estableció plenas relaciones diplomáticas el 11 de agosto pasado, pero que España no reconoce. La delegación española rebatió su sugerencia.

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Cuando Argelia impuso, el 8 de junio pasado, drásticas sanciones comerciales encubiertas a España por respaldar a Marruecos en el contencioso del Sáhara, Albares viajó a Bruselas para denunciarlo. Argel, dijo en substancia el ministro, discrimina a un Estado miembro e incumple así su acuerdo de asociación con la UE de 2005. La solidaridad europea se plasmó en un comunicado firmado por Josep Borrell, alto representante, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión responsable del comercio. La diplomacia española tomó además la decisión de bloquear la celebración del consejo de asociación Argelia-UE, que no se reúne desde 2021.

Nada parecido sucede con el vecino marroquí, pese a su hostigamiento a las ciudades autónomas. Marruecos estrangula a Ceuta y Melilla con, por ejemplo, “la sistemática e intencionada ralentización del tránsito fronterizo”, señala la patronal melillense en su escrito. “Marruecos incumple así el acuerdo de asociación, al asfixiar económicamente las ciudades autónomas”, sostiene el eurodiputado Jordi Cañas (Ciudadanos) en una carta remitida a Albares el 28 de marzo.

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Un dato, entre otros muchos, es revelador de la asfixia de Melilla. Lo proporciona Victor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad. Si se compara la actividad del puerto en febrero de 2018, cuando la aduana no estaba cerrada y los puestos fronterizos estaban plenamente abiertos, y el mismo mes de este año, el número de pasajeros que embarcaron o desembarcaron cayó un 50% y el de la carga, un 64%.

Cañas afirma en su misiva que ha preguntado hasta 15 veces a la Comisión por qué no tomaba cartas en el asunto y exigía a Rabat que cumpliera sus compromisos recogidos en el acuerdo de asociación que suscribió con la UE. “La respuesta es siempre la misma, al tratarse de territorio español, de empresas españolas y de ciudadanos españoles, es el Gobierno de España el que debe denunciar esta situación ante la Comisión para que pueda actuar”, recuerda en su carta. “Sin embargo, el Gobierno de España todavía no se ha quejado ante la UE, ignorando las violaciones de los acuerdos internacionales por parte de Marruecos”, se lamenta el eurodiputado en la conclusión de su carta.

La verdadera prueba de fuego sobre el compromiso de Marruecos de mantener, por ahora, una relación sosegada con su vecino septentrional tendrá lugar durante el segundo semestre de este año, cuando España presida la UE, opinan fuentes diplomáticas no oficiales. La Corte de Justicia europea anulará muy probalemente entonces, en sendas sentencias, los acuerdos de pesca y asociación entre la UE y Marruecos recurridos por el Polisario. ¿Desencadenará Rabat, en el segundo semestre del año, una crisis con toda la UE cuya principal víctima será su más inmediato vecino?