La inminente extinción del acuerdo pesquero entre la UE y Rabat pone en aprietos al Gobierno

El último acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos expirará el próximo 17 de julio y la flota comunitaria, en su mayoría española, saldrá de las aguas marroquíes y de las del Sáhara Occidental. Se pondrá fin así a 47 años de sucesivos convenios, primero entre España y Rabat y, a partir de 1986, subsumidos por lo que hoy en día es la UE.

“Esperamos que la sentencia sea favorable”, afirmó este lunes Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca. Vaticinó así que la Corte de Justicia de la UE considerará legales los acuerdos de pesca y asociación suscritos por la Comisión Europea con Marruecos. “Hemos defendido siempre, desde la Comisión Europea y el Consejo de Ministros, la legalidad del acuerdo”, insistió a su llegada a Bruselas.

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De las palabras del ministro se deduce, sin embargo, que no confía en que la sentencia bendiga el acuerdo de pesca. “Va a ser complejo que, desde un punto de vista técnico, se pueda avanzar en las negociaciones [con Marruecos] sin que este tema esté resuelto”, reconoció Planas. Le faltó admitir que no se está negociando la renovación del acuerdo, que expira dentro de cuatro meses, porque se sabe de antemano que el fallo lo declarará ilegal. “No se discute cómo seguir allí pescando, sino cómo retirarse”, admitieron fuentes de la Comisión Europea.

Planas, de hecho, ya ha empezado a buscar, según explicó él mismo, “los mecanismos de apoyo que puedan ser aplicables tanto a armadores como a pescadores” españoles para mitigar las consecuencias de su salida de esas aguas. “Es un acuerdo europeo, voy a intentar activar primero medidas europeas y después siempre quedará España”, precisó.

El acuerdo de pesca con Marruecos es el más importante de los suscritos por Bruselas. Rabat concedió 138 licencias para faenar en sus aguas y en las del Sáhara Occidental, de las que 93 están en manos de armadores españoles, sobre todo canarios, gallegos y andaluces. El 92% de sus capturas se efectúa en aguas saharianas y el resto en marroquíes. A cambio, la Hacienda marroquí ha ingresado 208,7 millones de euros en los últimos cuatro años.

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El Tribunal General de Justicia de la UE anuló, en septiembre de 2021, los acuerdos de pesca y asociación porque incluían al Sáhara Occidental, que no pertenece a Marruecos, sin que su población autóctona haya sido consultada. Dio así la razón al bufete francés Devers, que representó los intereses del Frente Polisario, que reivindica la independencia de esa antigua colonia española hoy en día controlada por Marruecos.

Dos asociaciones marroquíes, respaldadas bajo cuerda por el Estado de Marruecos, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y dos Estados miembros (España y Francia) recurrieron a finales de 2021 las dos sentencias. El Gobierno español lo hizo a través de la Abogacía del Estado, que fue a pleitear a Luxemburgo.

La Corte de Justicia de la UE, la instancia superior, dará a conocer su veredicto este año, muy probablemente a principios de la presidencia española de la UE. Se da por descontado que ratificará la decisión del tribunal hace dos años. Su sentencia será firme y ya no admitirá recurso alguno. “A la argumentación jurídica muy sólida del tribunal se añade ahora la desconfianza hacia Marruecos en las instituciones europeas” provocada por el escándalo de corrupción bautizado como Moroccogate, comentan las mismas fuentes de la Comisión.

Es probable que Marruecos reaccione mostrando su enfado con la UE y, especialmente, con sus más inmediatos vecinos europeos

Las sentencias que se divulgarán en septiembre no son más que un eslabón de una larga batalla judicial que el bufete Devers se dispone a librar a continuación en Luxemburgo. Pedirá a la Comisión que solicite a Marruecos la devolución de los pagos recibidos a cambio de las licencias de pesca, pleiteará para que ese dinero sea abonado al Polisario. Impugnará también ante la Justicia europea el acuerdo aéreo UE-Marruecos, que incluye el Sáhara, adonde vuela la compañía canaria Binter.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le viene mal que la sentencia se dé a conocer en su presidencia. Es probable que Marruecos reaccione mostrando su enfado con la UE y, especialmente, con sus más inmediatos vecinos europeos. En el entorno de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, confían, no obstante, en que la Comisión encuentre alguna argucia jurídica para poder sortear las sentencias y negociar nuevos acuerdos con Rabat.

La tarea parece casi imposible porque varios pequeños Estados miembros y el propio Parlamento Europeo no son nada proclives a aceptar que la Comisión recurra a artimañas. El propio Mohamed VI de Marruecos dejó además muy claro, en su discurso de agosto pasado, que su país no firmará acuerdos que no abarquen al Sáhara Occidental.

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Los anhelos del equipo de Albares contrastan con el discurso que pronunció, el 5 de enero en Rabat, Josep Borrell, el alto representante de la UE para la Política Exterior. En él, recordó que los países miembros de la UE son Estados de derecho y deben “cumplir las sentencias”. Aludía, aunque no las mencionó, a las que dará a conocer la Corte de Justicia con relación a Marruecos.

Los argumentos jurídicos de los magistrados de la Corte de Luxemburgo serán un revés para el Gobierno de Sánchez, más allá del infortunio que supone que las sentencias se hagan públicas en plena presidencia española. Los jueces reiterarán muy probablemente, como ya hicieron hace dos años, que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y que cualquier decisión que afecte al territorio debe ser consultada con los saharauis.

El presidente Pedro Sánchez renunció, hace ahora un año, a la política exterior equidistante que habían seguido hasta entonces todos los gobiernos de España, para alinearse con las tesis de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. En una carta enviada a Mohamed VI el 14 de marzo, respaldó la solución que propugna el monarca para resolver el conflicto. Consiste en otorgar una autonomía al territorio.

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El Gobierno español se dispone ahora a dar otro espaldarazo a Marruecos. En una respuesta a una pregunta parlamentaria del senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, confirma que tiene la intención de inaugurar una extensión del Instituto Cervantes en El Aaiún, la capital del Sáhara, que dependería de la sede principal para Marruecos, que está en Rabat. Esta iniciativa supone un paso más hacia el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre ese territorio en disputa. El Polisario ha manifestado ya su rechazo a esa nueva apertura del centro cultural de difusión de la lengua española.

El poeta y escritor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se pronunció, mucho antes de asumir ese cargo en 2018, por la apertura de un Instituto Cervantes en Tinduf, en el suroeste de Argelia, cerca de los campamentos de refugiados saharauis. Ahora que está al frente de la institución, ha descartado esa opción, pero impulsa su presencia en El Aaiún.