Los pesqueros españoles en aguas del Sáhara tienen los días contados (entre dos meses y un año)

El Tribunal General de Unión Europea anuló el miércoles las extensiones previstas para el Sáhara Occidental en los acuerdos de asociación y de pesca concluidos en 2019 entre Bruselas y Rabat. La doble sentencia significa en la práctica que las exportaciones, sobre todo agrícolas y de productos de la pesca, que provengan de ese territorio a Europa no podrán ser etiquetadas como marroquíes y deberán pagar aranceles del 20%, con lo que dejarán de ser competitivas. Los 128 pesqueros comunitarios —91 de ellos españoles— que faenan en aguas saharauis tendrán, además, que cesar su actividad.

Los Estados afines a Marruecos en la UE van ahora a intentar parar el golpe o, por lo menos, mitigar su impacto. Los abogados del Frente Polisario van, en cambio, a ir a por todas. La batalla judicial sobre el Sáhara Occidental no está aún acabada en los tribunales europeos, pero el éxito cosechado por los representantes saharauis es de tal calibre que sus adversarios solo pueden ahora tratar de salvar los muebles.

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Nacho Alarcón. Bruselas Alicia Alamillos

Marruecos no es un país cualquiera a ojos de la UE. Es el principal beneficiario de su cooperación en el norte de África. Es un país por cuya estabilidad velan Francia, España y algunos más. Por eso, nada más conocerse las sentencias, Josep Borrell, el alto representante para la política exterior, y Nasser Bourita, el ministro de Exteriores marroquí, publicaron un comunicado conjunto. Anunciaban en él que “tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo y estabilidad de las relaciones comerciales (...)”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que publica con frecuencia comunicados, guardó, en cambio, silencio sobre unas sentencias que afectan de lleno a los intereses españoles tras un juicio en el que intervino, contra el Polisario, la Abogacía del Estado. Solo tomó la palabra el ministro de Agricultura, Luis Planas, exembajador en Rabat. Declaró que las sentencias “no ponen en tela de juicio” la relación con Marruecos, una afirmación inexacta. En términos velados invitó, además, al Consejo de Ministros de la UE a recurrirlas.

Ganar tiempo

El tribunal dio, el miércoles, dos meses de plazo para aplicar sus sentencias, pero si las instituciones europeas la recurren ante una instancia superior, la Corte de Justicia de la UE, es posible que tarde un año más. La Corte ratificará los anteriores veredictos, según opinan todas las fuentes jurídicas solventes. Toda la jurisprudencia, desde que en 2016 la Justicia europea se pronunció por primera vez, avala con escasos matices los recursos del Polisario.

Recurrir es hacer un guiño político a Marruecos y ganar tiempo para que la flota española no abandone en noviembre las aguas del Sáhara —donde obtiene el 92% de sus capturas—, sino a finales de 2022.

No es seguro que la idea del recurso entusiasme a todos los Estados miembros. “La posición de larga data de Suecia es que los acuerdos de la UE deben ser acordes con la legislación internacional”, tuiteó el miércoles Ann Linde, la ministra sueca de Exteriores. Varios eurodiputados de izquierdas se pronunciaron en el mismo sentido.

Western Sahara Resource Watch, la más activa ONG europea en defensa de los intereses saharauis, pidió el miércoles, en un comunicado, a los gobiernos de Alemania, Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia —los más renuentes en 2019 a suscribir esos acuerdos con Marruecos— que ahora “garanticen que la política y la práctica de la UE se adapten por fin a la jurisprudencia en vigor”.

La reacción marroquí ha sido cauta a diferencia de lo que sucedió tras otros pronunciamientos de la Justicia europea perjudiciales para sus intereses. Aziz Akchnnouch, que entonces era ministro de Agricultura y ahora va a ser jefe del Gobierno, amenazó veladamente en 2017, en una entrevista con EFE, con abrir más aún el grifo de la emigración irregular hacia España. Sumida en una crisis con Alemania, saliendo a trancas y barrancas de otra con España, enfadada con Francia porque otorgará muchos menos visados a los marroquíes, a uñas con Argelia, la diplomacia marroquí no parece proclive a tomar la ofensiva.

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La prensa marroquí de estas últimas 24 horas desvirtúa el alcance de las sentencias, con algunas excepciones. “El momento es grave porque, hay que admitirlo, los jueces europeos se alinean con los separatistas del Polisario (...)”, escribe Amal Baba Ali, redactora jefa del diario digital 'H-24'. Si Marruecos tomase represalias, prosigue, estas consistirían “en relajar la vigilancia fronteriza, dejando el camino expedito a las hordas de migrantes”. “La cooperación [con España] en materia de seguridad también podría sufrir”, asegura. España sería la principal víctima de esa venganza.

Los dos pronunciamientos del Tribunal alejan también ese ansiado reconocimiento de la soberanía del Sáhara por Europa, sobre todo por España, que la diplomacia marroquí trató de forzar hace 11 meses provocando una crisis con su vecino del norte. Estaba empeñada en ello tras la decisión del presidente Donald Trump, el 10 de diciembre, de considerar al Sáhara como parte integrante de Marruecos. Ni siquiera Rabat parece ahora poder conseguir un apoyo más explícito de la UE a su oferta de autonomía para el territorio de la antigua colonia española.

Tras esta victoria jurídica los abogados del Polisario, el bufete Devers de Lyon (Francia) no se va a quedar dormido en sus laureles. El letrado Manuel Devers se desplaza a Madrid para anunciar el viernes, junto con Oubi Bachir, el delegado del movimiento saharaui para Europa, las siguientes batallas que va a librar.

La primera consistirá, probablemente, en exigir a la Comisión Europea, siempre a través de los tribunales europeos, daños y perjuicios para los saharauis, representados por el Polisario, por los derechos de pesca y los aranceles que no cobró desde que en 2016 la Justicia de la UE se pronunció, por primera vez, a favor de los recursos que presentó contra los acuerdos vigentes con Marruecos. Podrían alcanzar los 1.000 millones de euros.

Otra iniciativa, más complicada jurídicamente, consistirá en tratar que Marruecos devuelva el dinero que le ha sido abonado por la UE desde esa primera sentencia de diciembre de 2016 que dio la razón al Polisario.