Francia presiona a Rabat y Argel limitando visas a magrebíes. ¿Debería imitarlo España?
El presidente Macron quiere forzar así a Marruecos y Argelia a readmitir a sus inmigrantes. Su decisión aumentará la demanda de visados a España y la llegada de "sin papeles"
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¿No hay repatriaciones de inmigrantes irregulares? Pues habrá muchos menos visados para ciudadanos del Magreb que viajen a Francia. Esa es la drástica decisión adoptada en secreto hace un mes por el presidente francés Emmanuel Macron, pero que se acaba de hacer pública ahora gracias a una exclusiva de la radio ‘Europe 1’ confirmada a las pocas horas por el Gobierno.
La sanción de París impuesta a Argelia, Marruecos y Túnez provocará tensiones políticas con esos tres países y aumentará la presión migratoria sobre España de dos maneras: se solicitarán probablemente más visados Schengen en los consulados de España en el Magreb y se incrementará el número de magrebíes tentados de llegar a Europa —a través de Canarias o la Península— de manera irregular.
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La decisión francesa abrirá, obviamente, un debate en España sobre si se debe o no seguir el ejemplo del vecino pirenaico para combatir la inmigración irregular, que este año está en auge en todos los frentes. Hasta el 14 de septiembre llegaron a España, sobre todo por mar, 24.077 personas “sin papeles”, un 53,5% más que durante el mismo periodo del año pasado, según los datos muy incompletos que proporciona el Ministerio del Interior. En Canarias el incremento fue del 117,3%.
Entre enero y julio de este año la Justicia francesa ordenó la expulsión de 7.731 argelinos, de los que solo 22 (0,2% del total) pudieron ser repatriados; de 3.301 marroquíes de los que solo 80 (2,4%) fueron devueltos y de 3.424 tunecinos de los que solo 131 (4%) regresaron a su país. “Emmanuel Macron se ha encorajinado con estas cifras durante algunas de las reuniones del Consejo de Defensa en verano”, asegura ‘Europe 1’.
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El Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional francés es un órgano similar al Consejo Nacional de Seguridad en España, con la diferencia de que Macron lo convoca con frecuencia mientras que el presidente Pedro Sánchez no lo reúne —la última vez fue en marzo pasado— con la periodicidad trimestral reglamentaria. Ni siquiera lo convocó cuando, en mayo, se agudizó la crisis con Marruecos con la invasión pacífica de Ceuta por unos 10.000 civiles marroquíes.
En consecuencia Macron decidió, a finales de agosto, recortar a la mitad los visados que este año serán concedidos a los argelinos y marroquíes tomando como referencia los otorgados en 2020, el año de la pandemia en el que los viajes cayeron en picado. A Túnez el recorte que se le aplica es del 30%. En los próximos seis meses solo 31.500 argelinos podrán, por ejemplo, obtener el preciado documento de viaje Schengen, una cifra ridícula comparada con los 137.500 expedidos durante un semestre de 2019, justo antes de la pandemia.
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“Es una decisión drástica, inédita, pero una decisión necesaria por el hecho de que estos países no aceptan readmitir a ciudadanos que no deseamos y que no podemos dejar que permanezcan en Francia”, declaró, el martes, Grabriel Attal, el portavoz del Gobierno francés. “Hubo un diálogo [con el Magreb], después hubo amenazas y ahora esta amenaza se ejecuta”, añadió. El portavoz no precisó la duración de la sanción.
De fondo, las elecciones francesas
El castigo francés es legal. El código de visados del Tratado de Schengen (artículo 25 bis) faculta sancionar a los países terceros que no cooperen “en materia de readmisión de migrantes en situación irregular”. La decisión puede ser tomada por un Estado miembro o por el Consejo de Ministros de la UE después de que la Comisión Europea haya evaluado el grado de colaboración brindado por ese país. Cuando a principios de 2020 se negoció el nuevo código Schengen, los ministerios de Interior y Exteriores de España fueron reacios a imponer restricciones de visados para forzar repatriaciones.
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Las repatriaciones son, sin embargo, una herramienta clave de las políticas migratorias, no solo porque se devuelve a personas “sin papeles” a su lugar de origen, sino porque se manda de paso una señal disuasoria nítida a los cientos de miles de aspirantes a emigrar en África: se puede fallar en el intento. Para el inmigrante, volver a casa, con su familia, sus amigos, es un enorme fracaso.
La drástica medida aplicada por Emmanuel Macron guarda una estrecha relación con las elecciones presidenciales francesas previstas para abril de 2022 a las que él se presentará. La inmigración irregular es ya un tema clave de la precampaña electoral que aprovechan la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional y también Michel Barnier, un político de centroderecha conocido por haber negociado el Brexit en nombre de la UE.
“Hay que ser lúcidos, la política migratoria no funciona en Europa ni en Francia”, declaraba Michel Barnier, el 15 de septiembre, al diario ‘Le Figaro’. “El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado un informe en el que acusa a los Estados miembros: solo expulsáis al 20% de las 500.000 personas que deberían salir del territorio porque están en situación irregular en Europa”, recordaba.
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Las autoridades francesas barajaron primero imponer la restricción de visados solo a las elites gobernantes de esos países, a aquellos que viajan a Francia de vacaciones, de compras o para someterse a alguna revisión médica. Clément Beaune, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, evocaba, en noviembre pasado, que los sancionados podrían ser “responsables políticos, responsables económicos”. Al final Macron ha optado por una medida más generalizada, pero que probablemente cause menos daño a los dirigentes magrebíes y más al pueblo llano. En las redes sociales los jóvenes ya bramaban el martes contra el castigo francés. Más cauto el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Nourita, declaró el martes: “Tomamos nota de la decisión francesa, que consideramos injustificada”.
¿Qué hará España?
España tiene exactamente el mismo problema que Francia con relación a las expulsiones de inmigrantes en situación irregular aunque la opacidad del Ministerio del Interior bajo Fernando Grande-Marlaska no permite medir el fenómeno con exactitud. Hasta que empezó la pandemia, y se cerraron las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, Interior expulsaba a través de ambas a un máximo de diez inmigrantes marroquíes al día, un número inferior al de las llegadas.
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Los viajes de Grande-Marlaska, en el otoño de 2020, a Argel, Rabat y Nuakchot no desbloquearon permanentemente la situación, pero sí permitieron algunas expulsiones puntuales. Entre diciembre de 2020 y marzo de este año unos 80 inmigrantes irregulares marroquíes —acompañados cada uno por dos policías— fueron enviados en cuatro vuelos semanales a El Aaiún (Sáhara Occidental controlado por Marruecos). En una respuesta parlamentaria al Partido Popular, Interior precisó en febrero que, en total, había logrado devolver a 662 personas “sin papeles” desde Canarias, casi todos marroquíes. Al archipiélago llegaron el año pasado más de 23.000 inmigrantes.
Con Argelia las cifras son aún más modestas pese a que la inmigración procedente de las costas de Orán y de Mostaganem hacia el sureste español se ha disparado. Interior fletó tres buques en diciembre para repatriar a 120 argelinos y solo ocho meses después, en agosto, pudo, de nuevo, expulsar por vía marítima a otros 30, entre ellos al exgendarme Mohamed Abdellah, que llevaba tres años refugiado en España desde donde denunció la corrupción en las Fuerzas Armadas de su país.
Los países magrebíes son reacios a readmitir a sus emigrantes porque su marcha contribuye a rebajar el descontento y la presión social sobre las autoridades. Aquellos que emigran ya no estarán en paro o sobrevivirán con salarios míseros en el país que les vio nacer. Si además, a la larga, consiguen regularizar su situación en el país de acogida y obtienen un empleo se desgañitarán entonces por enviar remesas a casa. Mejorarán así la suerte de sus familiares que no han corrido el riesgo de emigrar.
¿No hay repatriaciones de inmigrantes irregulares? Pues habrá muchos menos visados para ciudadanos del Magreb que viajen a Francia. Esa es la drástica decisión adoptada en secreto hace un mes por el presidente francés Emmanuel Macron, pero que se acaba de hacer pública ahora gracias a una exclusiva de la radio ‘Europe 1’ confirmada a las pocas horas por el Gobierno.