"El plan de Marruecos es estrangular Ceuta y Melilla económicamente"

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas (1969, España) fue el impulsor de la primera resolución de la Eurocámara en décadas en condenar los abusos de Marruecos. En entrevista con El Confidencial denuncia las presiones sufridas para que el informe no viese la luz. El barcelonés es, además, una de las voces más firmes contra el independentismo catalán y pide a la Comisión Europea que se posicione contra los indultos a los presos del ‘procés’.

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PREGUNTA. Tras los últimos batacazos electorales, la delegación de Ciudadanos aquí en la Eurocámara es su mayor bastión. ¿Cómo ve el futuro de su formación? ¿Está condenada a integrarse en otras filas como las del PP?

RESPUESTA. Soy político, no adivino. Si hace dos años nos hubieran dicho que Ciudadanos iba a tener 10 diputados en el Congreso y que no íbamos a tener representación en la Asamblea de Madrid hubiéramos dicho que es imposible. El futuro es una cosa que uno construye. Pero el futuro lo deciden los ciudadanos. Los resultados no son batacazos. Son decisiones de los ciudadanos que han entendido que no éramos merecedores de su apoyo. Y lo respetamos.

Hasta las próximas elecciones europeas lo que debemos hacer es trabajar. Lanzar un mensaje político y unas propuestas capaces de suscitar un apoyo importante por parte de los ciudadanos. Seguro que hemos cometido errores, desde luego a un nivel muy inferior al de los grandes partidos. Es cierto que a los partidos más jóvenes se nos exige más. Ese plus de exigencia es el plus de responsabilidad que debemos incorporar para recuperar esa confianza. La política es fruto de la confianza y del momento político, que ahora no acompañan.

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P. Señor Cañas, fue usted el impulsor de la resolución para condenar a Marruecos por el uso de menores con fines políticos en Ceuta. Ahora que la situación se ha enfriado un poco, ¿teme que vuelva a ocurrir? ¿Qué debe hacer la UE para impedirlo?

R. Me preguntaba por el futuro de Ciudadanos. Esto es el presente. Ciudadanos ha conseguido lo que no había hecho este Parlamento desde 1997: aprobar una resolución sobre Marruecos. Fue una resolución contra el uso que ha hecho Marruecos del drama migratorio para presionar políticamente a España y a la UE. Además con menores. Le decíamos a Rabat que la UE no va a permitir que utilice la inmigración para chantajear a un Estado miembro ni a la UE. Eso lo consiguió Ciudadanos. Es muy importante para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla porque les decía que son ciudades europeas y frontera europea. Así, no se había dicho nunca.

"No sabe las presiones que vivimos durante aquellas semanas para que esa resolución ni se presentase, ni se aprobase"

Es una resolución histórica que transmite un mensaje muy importante a Marruecos y a los habitantes de Ceuta y Melilla, a los que les dice que no van a estar solos. La situación no está normalizada, simplemente no sale en las noticias. Sigue habiendo miles de personas que deambulan por las calles de Ceuta. La mayoría de sus habitantes no entienden que Marruecos asegurase que los menores iban a ser repatriados y no lo ha hecho.

No sabe las presiones que vivimos durante aquellas semanas para que esa resolución ni se presentase, ni se aprobase. Para que se aguara e incluso se cambiase el título.

P. ¿Presiones de quién?

R. Del Gobierno marroquí, de sus embajadas, de los 'lobbies' marroquíes llamando por teléfono a los eurodiputados, presionando, utilizando sus tentáculos y recursos. Pero conseguimos algo histórico, que es que este Parlamento dijese mayoritariamente que no se permitiría el chantaje con niños.

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P. Sin dejar este tema, el Gobierno español está valorando el despliegue de efectivos de Frontex en Ceuta y Melilla. ¿Está de acuerdo? ¿Lo ve necesario?

R. El Gobierno español debe tener un plan para Ceuta y Melilla. El plan de Marruecos es estrangular Ceuta y Melilla económicamente. Y España lo que tiene que hacer es reaccionar. La política de apaciguamiento con Marruecos no sirve. Marruecos tiene que entender que delante tiene un país que defiende sus fronteras, sus intereses y a sus ciudadanos. Y lo hace con voluntad de diálogo y de cooperación.

Y Frontex, claro, porque lo que ocurre muchas veces es fruto del desconocimiento. Al fin y al cabo, son fronteras europeas y hay que defenderlas. También hay que trabajar por una inmigración legal, pero la inmigración irregular no se puede permitir. Y España está en su perfecto derecho de garantizar la seguridad de sus fronteras.

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P. La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre los indultos a los presos catalanes esgrimiendo que es un asunto interno y que esta medida de gracia está amparada en la Constitución española. ¿Qué le parece? ¿Cree que debería tomar partido?

R. Desde Ciudadanos le vamos a preguntar a la Comisión Europea si considera que es correcto indultar a personas que han sido acusadas y sentenciadas por malversación de fondos públicos, es decir, por corrupción. En 2017, la Comisión se posicionó en contra de unos indultos en Rumanía a unos políticos corruptos y creo que se puede equiparar perfectamente. Este indulto no solo es sobre sedición, sino también sobre malversación de fondos públicos. Se les ha indultado de todo. No solo por dar un golpe de Estado, sino por hacerlo con dinero público que drenaron de, por ejemplo, ayudas sociales a personas mayores o de cooperación internacional.

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La Comisión Europea debe posicionarse. Primero porque indultar a políticos en general está muy feo. Segundo porque hacerlo en contra de la Justicia también lo está. Y, sobre todo, porque no cumplen ninguno de sus objetivos: ni son de utilidad pública, ni buscan la equidad ni la justicia. Es un indulto político a políticos condenados por dar un golpe de Estado contra la democracia, algo gravísimo en Europa. Sería pertinente que la Comisión dijera si en Europa se puede indultar a políticos que han intentado destruir el imperio de la ley con recursos públicos.

P. La CEOE o los empresarios catalanes han dado su beneplácito. ¿No le parece una vía hacia la normalización de las relaciones institucionales y la reconciliación del país?

R. Los poderes fácticos deberían haber dejado de mandar en España. La patronal no, el señor Garamendi, que no es lo mismo. Creo que lo hizo a título personal, no creo que haya sido aprobado por la CEOE. No confundamos. Ni Cataluña son los separatistas, ni la CEOE es el señor Garamendi.

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Lo de los obispos es otra cosa. Yo soy cristiano, pero no lo ejerzo cuando me dedico a la política. Los conceptos morales como el perdón y el arrepentimiento están bien en aquellos que los profesan, pero sería bueno que les exigiese el arrepentimiento. Porque el perdón se concede en la iglesia después del arrepentimiento. Y los golpistas no se han arrepentido. Es más, amenazan con volverlo a hacer. Creo que la iglesia ha querido no evidenciar el cisma que existe en la iglesia catalana, que se ha pronunciado clarísimamente a favor del nacionalismo y, en su momento, a favor del golpe de Estado dejando a la mayoría de los feligreses sin ese apoyo que también merecen. Estos apoyos seguro que tienen precio. Y el amor, cuando se paga, no es amor, es otra cosa.

P. Le pregunto por el gran tema de esta semana: la ley anti-LGTBI de Víktor Orbán en Hungría. Su compañero de filas liberales, el primer ministro holandés Mark Rutte, ha dicho que en estas circunstancias no hay cabida para Hungría en la UE. ¿Lo comparte?

R. La UE es un proyecto político que defiende unos valores. Y el valor de la igualdad es angular. El de respeto a la ley también. Y el de la división de poderes también. Quien no comparte esos valores no tiene que formar parte de la UE. Estos no son unos derechos LGTBI. Son unos derechos de las personas. Los derechos han ido avanzando y ganando espacio. Redefiniéndose. Pero no solo afectan al colectivo LGTBI, nos afectan a todos. La defensa de los valores y de las libertades atañe a toda la sociedad porque esos derechos también son míos. Y lo que tienen que hacer los demócratas y los que creen en un proyecto europeo es no dejar ni un solo espacio a la impunidad y al retroceso. No podemos ir hacia atrás en los derechos de las conquistas sociales que hemos ganado todos con mucho esfuerzo, sufrimiento y lucha. Este proyecto y ser europeo significan garantizar la igualdad, los derechos y las libertades de los ciudadanos.

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P. Sin embargo, estos derechos y libertades sí han ido retrocediendo en los últimos años. Y no solo en Hungría. ¿Han sido las instituciones europeas demasiado laxas o permisivas con los Gobiernos iliberales que brotan en la UE dando manga ancha a medidas como la que vemos estos días?

R. El proyecto de UE tiene una virtud, pero también un problema. No hay mecanismos de expulsión. Se puede aplicar el Artículo 7, pero los gobiernos no son los países. En Hungría gobierna Orbán, pero en otros años puede ser otro partido. No podemos confundir los gobiernos con los países. Este es un proyecto de Estados y de ciudadanos. Los ciudadanos húngaros no pueden sufrir las consecuencias de las políticas de su primer ministro.

No podemos confundir los gobiernos con los países. Este es un proyecto de Estados y de ciudadanos

Lo que no puede es no pasar nada. Tiene que haber mecanismos y los hay, como la condicionalidad de los fondos al respeto del Estado de derecho. Lo que no se puede permitir es la impunidad. Este proyecto debe aprender a construirse también desde las dificultades. Imagínese que es un ciudadano húngaro y escucha que la UE quiere echarlo. Usted se siente europeo. ¿Tenemos que dejar desamparadas a esas personas por un primer ministro que utiliza políticamente en este caso el tema LGTBI para ganar votos?

Creo que Rutte debería reflexionar acerca de si lo que dice no tiene más que una voluntad electoral o para tapar los problemas que pueda tener en casa. Hay que hacer algo y ser firmes para hacer entender que el respeto a los derechos y a los valores europeos fundamentales es clave para la construcción europea, pero también para los intereses de ese país.