Una ley 'rider' para el Instituto Cervantes: "Esto es el Glovo de la enseñanza de español"

El pasado 25 de enero, se dio una coincidencia muy ilustrativa. En una entrevista, el escritor Máximo Huerta reveló que, tras dimitir como ministro de Cultura, Pedro Sánchez le había ofrecido un puesto en el Instituto Cervantes, presumiblemente como director en alguno de los centros. Huerta explicó que se sintió tentado por la oferta, pero la declinó. "Ni él debía ofrecerlo ni yo aceptar, después de todo el revuelo que había habido". Paralelamente, ese mismo día, muchos trabajadores del Cervantes alrededor del mundo se encontraban en mitad de la huelga más prolongada que han hecho nunca, una semana de brazos cruzados en señal de protesta. La coincidencia ejemplifica la situación que vive la institución en su 30.º aniversario: en la cúpula, un ramillete de cargos directivos empleados a veces por los gobiernos a modo de recompensa; en la base, precariedad, grietas y una fuerza laboral que comienza a organizarse tras muchos años de hartazgo.

"A diferencia de los empleados con un contrato español, estos trabajadores, que incluyen a personas del país de origen, pero también a españoles que trabajan como profesores colaboradores, no tienen más que la legislación local, lo que produce distintos problemas", explica un exdirector de varios centros del Cervantes, que pide el anonimato a cambio de su sinceridad. "Hay países en los que es ilegal trabajar allí sin un permiso de trabajo, entonces todos los colaboradores están incumpliendo la legislación local".

Los profesores colaboradores son la energía oscura que impulsa la institución alrededor del globo y también están empezando a organizarse. Sus nombres no figuran en ninguna parte, no tienen correo electrónico oficial, sino el suyo personal, pero son unos 700 docentes en todo el mundo, muchos más de los 257 que sí tienen un contrato con el Cervantes. En algunos centros, estos colaboradores representan cerca del 80% del cuerpo de profesores.

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La situación de estos profesores colaboradores, contratados por cada centro según el régimen local y que suelen cobrar por obra y servicio (por el número de horas que imparten clase), no es nueva ni se restringe solo al Cervantes, pero hay dos factores que impedían que la llama de una revolución brotara dentro de la institución. Por un lado, cada país cuenta con unas condiciones diferentes y a los colaboradores, al no estar en plantilla, les era difícil encontrar a sus pares. “Nos resulta muy difícil encontrar a otros colaboradores para hacer piña, porque en la web del Cervantes está el personal contratado con su correo oficial, nosotros no aparecemos”, dice Margarita, colaboradora en Dublín. "Sé que hay compañeros en otros países de Oriente Medio o Asia que están comenzando a movilizarse, pero todo por mi red personal de contactos".

Por el otro, la idiosincrasia del instituto hace muy complicado lograr cambios: las veces que las quejas en algún centro llegan hasta Madrid, son sofocadas por una miasma burocrática donde las culpas a veces recaen en Exteriores, otras en Hacienda y más habitualmente en la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, más conocida como la Cecir, el callejón sin salida de las plegarias.

Ahora, sin embargo, algo está haciendo despertar de nuevo a los trabajadores locales del Cervantes en todo el mundo, desde Dublín hasta Sídney, pasando por Sudamérica, Asia y África, para agruparse por primera vez en una plataforma. Ese algo es la inflación, que está llevando a muchos de estos profesores a una situación límite.

"Los que somos colaboradores, en general, todos tenemos trabajos en otros sitios y lo complementamos con el Cervantes, porque no podemos depender solo de esto", explica Margarita. "Nuestra antigüedad da igual, porque cada cinco años suele haber cambio en la gestión y empiezas de cero, si el nuevo jefe de estudios quiere te da más horas y, si no, menos horas".

"En general, todos tenemos trabajos en otros sitios y lo complementamos con el Cervantes"

En el Cervantes de Dublín, llevan una década con el sueldo congelado, lo que, sumado a la inflación imperante en el país (8,1% en 2022) y el encarecimiento de la vida allí, les ha puesto en una situación muy complicada. "Siempre dicen que trabajar en el Cervantes es algo que da mucho prestigio al currículo y que hay muchos españoles deseando trabajar aquí", explica, "pero lo cierto es que, entre unas cosas y otras, estamos cobrando como un 20% menos, los alumnos pagan hoy un 21% más de lo que pagaban en 2010, pero nuestro salario no ha subido".

Así que estos colaboradores, tras elevar una petición más al instituto (24 de los 30 profesores firmaron la carta, solo hay cuatro con contrato en ese centro) y no obtener respuesta, comenzaron a contactar con otros colaboradores a través de internet, descubriendo que muchas de sus aflicciones eran generalizadas.

"Luego ves en las memorias del Cervantes que a los directores o a los jefes de estudio les dan un plus por vivir fuera y, en función del nivel de vida del país en donde están, unos 40.000 euros que se suman a su salario base", explica esta profesora. "Yo también estoy desplazada en Irlanda, es cierto que ha sido mi decisión venir aquí, pero estoy trabajando para el Cervantes".

Lo mismo le ocurrió a Rodrigo —nombre cambiado a petición del interesado— cuando dejó la ciudad de provincias donde vivía y llegó hace más de 10 años a uno de los centros que el Cervantes tiene en Asia. Ante la pregunta de por qué están apareciendo precisamente ahora estas protestas por parte de colaboradores en todo el mundo, el colaborador responde que "quizá porque los falsos autónomos de Glovo y otras empresas digitales se están viendo protegidos por el Tribunal Supremo, y nuestra situación en el Cervantes no es muy diferente a la de los falsos autónomos de Glovo".

No es el primero en señalar la paradoja de que, mientras en España se persigue a empresas como Glovo por basar su modelo en un esquema de directivos bien retribuidos y una flota de falsos autónomos, la Administración emplea esa misma fórmula en los centros que el Cervantes tiene repartidos por 88 ciudades y 45 países del mundo.

"Somos españoles trabajando para el Cervantes, pero no tenemos Seguridad Social, no tenemos seguro médico, no tenemos derecho a jubilación, no tenemos derecho a paro, no tenemos absolutamente derecho a nada", expone Rodrigo. "Si el Estado mandara inspectores de Hacienda a cualquiera de las sedes del Cervantes en el mundo, dirían, por supuesto, que somos todos falsos autónomos".

Reinar en el caos

Es verdaderamente admirable que el Cervantes siga expandiéndose por el mundo habida cuenta de lo caótico de su estructura, con cada centro haciendo la batalla por su lado, económica y legalmente. Según Rodrigo, este es el caso de centros como el de Manila: "Allí, por ejemplo, se contrata a gente que está con una visa de turista o que está residiendo en España o en otro país".

En otros países como Brasil, donde es obligatorio contar con un contrato laboral, han llegado a denunciar anónimamente al Cervantes ante el Ministerio de Trabajo, obligándole a firmar un acuerdo para regularizar a los colaboradores.

En Brasil, el Ministerio de Trabajo obligó al Cervantes a regularizar a los profesores colaboradores

Harina de otro costal, o puede que del mismo, son los salarios. "No tienen ni pies ni cabeza las tablas de retribuciones del Cervantes, no es que en los países más caros se cobre más", explica el enlace del sindicato CGT, uno de los más activos en la defensa de los intereses de los colaboradores y trabajadores locales. "Yo trabajo en Marruecos y los sueldos aquí son como los de Suecia, pero aquí con este salario se vive muy bien y en Suecia no consiguen cubrir plazas".

Esta sindicalista explica que, más que por una gota que colmara el vaso, esta reacción global de los trabajadores locales "ha sido por hartazgo, la situación lleva desde 2009, cuando tuvimos la última subida en algunos países", y, como precisa, “no es solo el Cervantes, es en todo exterior”. La mecha comenzó a prender en Reino Unido, indica, y pronto siguió por Irlanda, Portugal, Francia, Italia o Alemania antes de saltar a otros continentes.

El pasado mes de octubre, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acudió a petición de varios partidos a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Además de detallar las diferentes acciones previstas para 2023, el poeta aprovechó para lamentar las “difíciles condiciones retributivas” de muchos empleados en el exterior, a lo que añadió “los sueldos congelados que tienen algunos contratados locales que no se benefician de los incrementos salariales de los compañeros españoles”.

Las palabras de García Montero podrían considerarse un guiño a las demandas de estos trabajadores contratados bajo la legislación local, reforzado además por la buena noticia de que, en los últimos presupuestos generales del Estado, la partida destinada al Cervantes se elevara en 6,4 millones de euros, hasta los 167. Pero, en el mundo político-cultural, ninguna trama es tan sencilla como se representa sobre el escenario.

"Ellos nunca van a conceder una subida que suponga un aumento de gasto"

"El salario del personal con legislación local va en un capítulo aparte de los PGE, es independiente de lo que le suban a los empleados públicos españoles", explican desde CGT. Como ha ocurrido otras veces, a los trabajadores locales del Cervantes los obligará a enfrentarse con la bestia negra burocrática de todo empleado español en el exterior. "Su sueldo no depende del organismo, del Cervantes o del ministerio que sea, sino que tiene que autorizarlo la Cecir". En el caso de los colaboradores, ni siquiera existen para este ente, se mueven en un limbo laboral.

El exdirector del Cervantes hace aquí un apreciable apunte basado en su experiencia: "La Cecir no es la comisión de nosequé, eso es mentira: la Cecir es esencialmente un señor que decide lo que hacen y al que van haciéndole la pelota los embajadores para que les resuelvan los problemas, los del Cervantes, etcétera".

Previamente a las dos huelgas que ha habido hasta la fecha, la del 18 de noviembre y la última semana de enero, hubo un intento de conciliación con el Cervantes “y las dos veces el Instituto ha dicho lo mismo, que no depende de ellos, que lo han intentado varias veces y que han hecho a la Cecir unas propuestas superserias”, indica esta trabajadora del Cervantes en Tánger. “Lo que pasa es que ellos saben que, cuando a la CECIR le propones una subida de cierto personal, por lo que sea, tienes que añadir que eso lo haces mediante una amortización de tal puesto. Ellos nunca van a conceder una subida que suponga un aumento de gasto”.

La política de suma cero puede ser loable desde un punto de vista presupuestario, pero hace casi imposible que estos trabajadores puedan obtener lo que demandan: un aumento de sueldo que al menos absorba gran parte de la inflación del último año, entre otras medidas como disfrutar del teletrabajo al mismo nivel que los trabajadores oficiales. "Hace un montón de años se pidió un complemento para el personal de Líbano o Israel porque subió mucho el nivel de vida y se propuso financiarlo con la amortización del administrador de un centro muy pequeño", ejemplifica la sindicalista. "Siempre hay una serie de puestos fantasma que existen en el catálogo, pero no están cubiertos y que sirven para eso, pero dijeron que no". También se propuso reducir los complementos de desplazamiento de los altos cargos (director, administrador, jefe de estudios, jefe de bibliotecas o de actividades culturales), una partida donde el Cervantes sí tiene autonomía, pero tampoco aceptaron.

Una portavoz del Instituto Cervantes explica a El Confidencial que, como entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, está sujeta a los procedimientos que regulan la actividad de la Administración General del Estado, “también los que se refieren a los aspectos retributivos de todo el personal, tanto español como local”.

En los últimos meses, el Cervantes dice haber logrado “importantes mejoras”

"No obstante, en la medida de sus posibilidades y siendo siempre conscientes de la pérdida de poder adquisitivo por parte de algunos trabajadores locales, se han realizado peticiones al órgano correspondiente del Ministerio de Hacienda", indican.

En los últimos meses, añade esta portavoz, el Cervantes ha logrado “dos importantes mejoras" para este colectivo. Una de ellas se restringe al personal local del Reino Unido, que obtendrá una subida salarial del 8,75% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, y para el resto un 3,5% con el mismo efecto. Pese a ello, los trabajadores locales de las islas británicas fueron algunos de los que más secundaron la última huelga, según informaba El Salto hace unos días.

"El Cervantes no es una cosa seria, se hizo a imitación del Goethe-Institut, pero nunca llegaron", dice este exdirector, "sobre todo por la influencia de los diplomáticos, que odian al Cervantes y permanentemente ha habido unas guerras terribles para que nos bajaran los sueldos presionando a la Cecir. De hecho, muchas veces los directores cobrábamos menos que la secretaria del embajador de turno".