Ayuso ultima un acuerdo con la sancionada Glovo para el reparto de comida a vulnerables

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, ultima un acuerdo con Glovo para el reparto de comida a domicilio para personas vulnerables. Así lo detalló la consejera autonómica de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante el pleno de este jueves en la Asamblea. La firma del convenio se produce en un momento especialmente convulso, después de que la compañía haya sido sancionada nuevamente por la Inspección de Trabajo por empleo de falsos autónomos y trabajo irregular de personas extranjeras. Las sanciones superan ya los 200 millones de euros.

El anuncio de Dancausa levantó cierto revuelo en la Cámara de Vallecas por todo lo que rodea a la empresa de reparto en este momento. La consejera detalló que el reparto de comida a domicilio irá destinado a personas que no pueden recogerla, bien por problemas de salud o por movilidad reducida. El convenio, no obstante, no será a través de la firma de un contrato al uso, por lo que será sin coste. "No tiene ningún tipo de contraprestación económica", explicó ante sus señorías.

La reacción de la oposición fue inmediata, con una sucesión de críticas por las sanciones que ha recibido Glovo. El diputado Emilio Delgado, de Más Madrid, recordó otros convenios de la Comunidad de Madrid con empresas en diferentes materias, como la colaboración con Telepizza durante la pandemia para la entrega de comida a los niños en riesgo de exclusión social o los acuerdos las clínicas Quirón en sanidad. "Ahora quiere colar por la puerta de atrás al buque insignia de la precariedad laboral (...). Es una empresa que es un peligro público, señora consejera. Es una muestra del capitalismo más descarnado que se desentiende de los derechos laborales y de la legislación de nuestro país", declaró Delgado durante su intervención.

Dancausa contraatacó y detalló que si la Comunidad de Madrid ha cerrado el acuerdo con Glovo es porque no ha tenido otras alternativas. "Nos hubiera encantado que el ofrecimiento que nos ha hecho Glovo, nos lo hubiera hecho Correos, que es una empresa pública donde Sánchez colocó a su exjefe de Gabinete como presidente. Pero la lista de prioridades de Correos la encabezan proyectos como el de emitir sello conmemorativo del PSOE o promocionar a la mujer del presidente Sánchez", subrayó.

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Desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social detallan que la labor que Glovo desempeñará en la Comunidad de Madrid sin coste para las arcas públicas ya se desarrolla en otros puntos de España. Así, la controvertida compañía pone a disposición de las entidades sociales sus recursos y tecnología para la distribución de cestas de alimentos. En total, según los datos facilitados por Dancausa, repartió 700 toneladas de comida en más de 200.000 unidades en nuestro país.

La relación de la Comunidad de Madrid con la compañía de reparto no es una novedad. El Ejecutivo autonómico ya inauguró en octubre de 2021 un centro tecnológico de la multinacional en la región. “Es una gran noticia que una empresa líder mundial en el reparto a domicilio haya elegido Madrid para expandirse y para abrir su cuarto centro de innovación tecnológica”, declaró entonces Isabel Díaz Ayuso.

Irregularidades de la compañía

Glovo hace meses que está en el centro de la polémica. La compañía, señalada por los denominados 'riders', acumula un amplio catálogo de sanciones por irregularidades en la contratación. La última multa, conocida hace apenas unos días, asciende a 57 millones de euros por el empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras. Desde el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, detallaron entonces que se trata de unas actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Glovo Madrid, según adelantó la cadena SER.

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El fraude remite a dos irregularidades. En primer término, Glovo cuenta con un total de 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social, que suponen una cuantía de 32,9 millones. A esto hay que añadir el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. Este extremo asciende a 19 millones. La multa incluye también otros 5,2 millones de euros por trabajo irregular de extranjeros, empleados sin permiso de trabajo. Esta anomalía afectaba a 813 repartidores. Así, la entidad acumula ya expedientes por 205,3 millones de euros, con 37.348 trabajadores afectados.

La empresa justificó lo sucedido y explicó que las sanciones remitían a inspecciones previas a la entrada en vigor de la ley rider. “Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España”, señaló Glovo en un comunicado.